JUICIO CON JURADO

El acusado principal del crimen de Rochelambert alega vulneración de derechos fundamentales

  • La abogada del principal acusado, Ofelia Liñán ha alegado como cuestión previa que a su defendido se le vulneraron el derecho de defensa y el de tutela judicial

Uno de los tres acusados en una imagen de archivo

Uno de los tres acusados en una imagen de archivo / D. S.

La abogada del principal acusado por el crimen del gestor de Rochelambert alegó durante la primera jornada del juicio con jurado, celebrado hoy viernes, como cuestión previa al juicio, la vulneración de dos derechos fundamentales de su defendido: el derecho de defensa, por haberle tomado declaración el juez pese a que previamente se había acogido a su derecho a no hacerlo, y el derecho a la tutela judicial porque el juez de instrucción prologó su incomunicación cuando ya no era necesaria.

La abogada Ofelia Liñán ha explicado a este periódico que el magistrado que preside el juicio con jurado, José Manuel de Paúl, responderá el lunes a sus alegaciones.

Según la defensora del principal acusado, Félix José A.P., cuando se estaba haciendo una reconstrucción de los hechos su cliente manifestó que se acogía a su derecho a no declarar pero posteriormente el juez instructor le hizo preguntas y él las respondió.

La segunda vulneración de derechos, según Ofelia Liñán, se produjo cuando el juez prolongó la incomunicación de Félix con su abogado para no dificultar las labores de localización de la víctima pero firmó el auto un día después de recibir el informe que confirmó definitivamente la identidad del cadáver que había aparecido calcinado en un descampado.

El fiscal del caso alegó que no podía pronunciarse sobre la vulneración al no tener allí toda la documentación pero que se trataría de un hecho de importancia menor. El magistrado informará de su decisión el lunes, antes de la declaración prevista de los tres acusados.

Un juicio lleno de hipotesis

El juicio con jurado por el asesinato en 2016 de un gestor de la barriada de Rochelambert, cuyas alegaciones seran este lunes 24 reúne todos los ingredientes de una novela policíaca.

Según la Fiscalía, uno de los acusados regentaba un taller de compraventa de motocicletas cuya gestión administrativa llevaba la víctima. En el marco de esta relación comercial, según Ofelia Liñán, abogada del principal acusado, Félix J. A. P., el fallecido junto a un grupo de ciudadanos nigerianos, habían estafado a Félix 5.000 euros con el timo de los billetes tintados.

En cualquier caso, en el escrito de calificación provisional de la Fiscalía se explica que el principal acusado requirió en varias ocasiones la devolución del dinero. "Como quiera que este no la hacía efectiva, decidió que iba a cobrarla utilizando la violencia", añade el documento, para lo cual se unió a los otros dos acusados.

Según la Fiscalía, uno de los acusados citó a la víctima para que acudiese al taller y, de allí, lo llevó hasta su domicilio donde los estaban esperando los otros dos acusados. Una vez en la vivienda, redujeron al gestor, lo inmovilizaron y le "arrebataron" dos teléfonos móviles "para hacerlos propios, además de una tarjeta de crédito y las llaves del vehículo en el que había llegado a la cita".

El escrito del fiscal continúa indicando que los acusados le pidieron el número de pin de la tarjeta para "cobrarse la deuda", pero tras intentarlo en el cajero de una sucursal cercana, esto fue imposible porque el código era incorrecto.

Ante esta situación, y según el Ministerio Fiscal, los acusados volvieron al domicilio para golpear al fallecido "hasta que de nuevo les proporcionó el código pin correcto". Volvieron a intentar conseguir el dinero y esta vez el pin era correcto, pero no había fondos en la cuenta.

Los acusados, de nuevo en el domicilio y "volvieron a golpear fuertemente y de manera indiscriminada" a la víctima, que estaba amordazada y con los brazos y piernas atados a una silla "y sin posibilidad alguna de defensa, llegando en una de estas ocasiones a utilizar para golpearle la parte roma de un hacha, causándole entre la violencia de los golpes y la asfixia causada por la mordaza, la muerte".

El Ministerio Público relata en su escrito, que el día siguiente los acusados se deshicieron del cadáver en un descampado próximo a Alcalá de Guadaíra, "donde tras rociarlo con el contenido de un bidón de gasolina que previamente habían adquirido, le prendieron fuego, causando la destrucción total del vehículo y lo que era su principal propósito, la quema del cadáver",  añade.

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