El Supremo da medio año más para investigar a Alvise por atribuir la muerte de Álvaro Prieto a unos "gitanos"

El Tribunal Supremo ha ampliado en seis meses, a contar desde el 14 de septiembre, la investigación que hasta ahora lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla contra Alvise Pérez, eurodiputado y líder de la formación política Se Acabó la Fiesta (SALF), por los mensajes xenófobos que difundió tras la desaparición de Álvaro Prieto. Este joven cordobés falleció electrocutado el 12 de octubre de 2023 en la zona de talleres de la estación de Santa Justa, al tocar una catenaria mientras se encontraba entre dos vagones. Antes de que apareciese su cuerpo, sin embargo, Alvise expandió el rumor de que a la víctima lo había matado “un grupo de gitanos”.

En un auto fechado el 15 de julio, la Sala de lo Penal del alto tribunal acuerda “prorrogar” el término de la investigación durante seis meses “que se computarán a partir del 14 de septiembre de 2025, por ser la fecha de vencimiento del inicialmente fijado”. Ese día se cumplirá un año desde que el juzgado sevillano comenzó la instrucción de este caso en el que Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, es investigado como presunto autor de un delito de odio. El asunto, de todas formas, también está pendiente de que el Supremo decida si es competencia suya o de Instrucción 3, debido a la condición de aforado de Alvise por ser parlamentario europeo.

El origen del caso es una denuncia de la federación de asociaciones de mujeres gitanas Kamira, que acudió a la Fiscalía con el argumento de que Alvise había difundido “bulos malintencionados sin fundamento alguno” en su canal de Telegram. “Cogen peso las pruebas del posible homicidio de Álvaro Prieto a manos de un grupo de gitanos. Según diversas fuentes cercanas a Álvaro Prieto, el joven huía de unos gitanos tras haber mantenido algún tipo de intimidad con la posible novia de uno de ellos”, publicó.

La federación Kamira entendió que Alvise lanzó estos mensajes sin aportar pruebas y recurrió a la vía judicial para que se investigase si había cometido un delito de odio. La Fiscalía, en efecto, vio indicios de que era así y su denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 3.

Durante ese proceso se celebraron elecciones europeas, el 9 de junio de 2024, y SALF logró los votos suficientes para que Alvise tuviese un escaño en el Parlamento de Estrasburgo. El investigado, por tanto, es aforado, de ahí que el juzgado elevase una exposición razonada al Supremo para que la instrucción prosiguiese allí, ya que ese es el órgano competente para investigar y juzgar a aforados.

Como aún no ha analizado si el caso es suyo o del juzgado de Sevilla, y este paréntesis puede hacer que expire el plazo legal de instrucción, el Supremo prorroga la investigación hasta el 14 de marzo de 2026. Así lo explica en su auto, en el que recuerda que la exposición razonada de Instrucción 3 entró en su registro el pasado 6 de junio y que la Fiscalía pidió que “se declare la competencia de esta Sala y la procedencia de la apertura de procedimiento”. Es decir, que la acusación pública acepta que Alvise sea investigado por el Supremo.

“Dado que no es previsible que la instrucción pueda completarse antes de la fecha de vencimiento indicada, [la Fiscalía] interesa que se acuerde la prórroga de la instrucción de la causa por un periodo de seis meses al objeto de practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, alegó el fiscal en un escrito del 10 de julio.

El Supremo está de acuerdo. “El establecimiento del término de un año para el desarrollo de toda investigación judicial y que el indicado plazo esté próximo a su vencimiento [...], unido a que la Sala está pendiente de resolver sobre su competencia para el conocimiento del asunto y de analizar si concurren las razones que justificarían la tramitación de un procedimiento para el esclarecimiento de los hechos y sus eventuales responsables, justifican que se acuerde prorrogar el plazo de investigación”, dice la Sala.