La Audiencia Nacional juzga esta semana a 22 personas acusadas de tráfico de drogas en el Guadalquivir, entre ellos el jefe y tres agentes que trabajaban en 2016 en el cuartel de la Guardia Civil de Isla Mayor. Están acusados de dar protección a las operaciones de narcotráfico, informar a los delincuentes y apostar su vehículo oficial para evitar que otros cuerpos u agentes investigaran en la zona.

La Fiscalía pide para el sargento jefe del puesto, Francisco Javier C.B., y para el agente Luciano M.V. trece años de cárcel por tráfico de drogas y otros seis años por blanqueo de capitales, además de multas de 3 millones de euros y de 100.000 euros. Les imputa además dos delitos de simulación de delito y revelación de secretos, por cada uno de los cuales pide 18 meses de multa con cuota de 30 euros, lo que equivale a 16.200 euros.

Para los guardias civiles Claudio G.G. y Juan Rafael M.R., el fiscal pide ocho años de cárcel por narcotráfico y multa de 3 millones de euros, mientras que para los 18 presuntos traficantes solicita penas de entre 8 y 13 años de prisión.

El juicio comenzó el miércoles pasado con el reconocimiento de los hechos por parte de tres de los agentes pero no por parte del sargento jefe, quien aseguró que lo que decía en las conversaciones que le grabaron eran “hipótesis” que hacía. La vista se reanudará este jueves con la declaración de los investigadores del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que llegaron a grabar a los agentes en sus propios patrulleros. 

Entre otros, se oyó a Juan Rafael y Claudio cuando hablaban de “entregar el curriculum si salen vacantes por ahí”, en referencia a integrarse en la actividad de sus dos compañeros más veteranos.

Estos dos veteranos, grabados el 23 de noviembre de 2016 en su coche oficial, acordaron que cada guardia civil que participase en dar seguridad a una “goma” (lancha)  sin droga por el río Guadalquivir cobraría unos 3.000 euros.

El fiscal sostiene que un estudio patrimonial del periodo 2012-2016 detectó que Francisco Javier C.B. tuvo unos ingresos no justificados de 22.040 euros y  Luciano M.V. de  35.100 euros.

Según la investigación, cuando el clan de narcotraficantes detectaba un coche sospechoso, los agentes corruptos llamaban a su central para conocer quien era el titular. Luciano M.V. envió en diciembre de 2016 a sus superiores en la comandancia de Sevilla un informe sobre organizaciones delictivas que trabajaban en Isla Mayor y citaba a tres, todas ellas rivales de la suya, de la que omitió dar dato alguno, según el escrito del fiscal al que ha tenido acceso este periódico.

La Fiscalía culpa a los agentes de dos alijos de hachís, de 295 y 1.474 kilos y un precio total en el mercado ilícito de 2.763.441 euros. Fueron incautados en agosto y diciembre de 2016. En enero de 2017 fueron detenidos tres de los agentes en su propio cuartel y el cuarto en Zamora, donde estaba de vacaciones.

En cuanto a los narcotraficantes, la Fiscalía sostiene que disponían de una flota de naves situadas en puntos estratégicos del Guadalquivir que en ocasiones eran usadas para el tráfico ilícito de otros grupos. Eran expertos, además, en hacer trabajos de “reparación, preparación, mantenimiento y modificaciones” de embarcaciones para otros narcos.