Dos hermanas de 50 y 55 años fueron asesinadas a puñaladas a mediodía del 11 de julio de 1952 en el estanco que regentaban en la avenida Menéndez Pelayo. El crimen fue muy violento (recibieron 13 y 16 puñaladas) y conmocionó a la sociedad sevillana, por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de encontrar un culpable a cualquier precio. 

Por soplos de ladrones de poca monta, la Policía detuvo primero a Juan Vázquez Pérez, alias El Mellao, que después de un día de interrogatorios delató como compañeros del robo a Lorenzo Castro Bueno, alias El Tarta (por su tartamudez), y a Antonio Pérez Gómez. 

En su primera declaración, El Tarta negó su implicación en los hechos, lo que motivó que Juan Vázquez se desdijera, en una tónica de contradicciones que se repitió durante todos los interrogatorios y en el juicio, tanto por parte de los acusados como de los testigos.

El juicio se celebró del 20 al 22 de octubre de 1954 en la Sala Segunda de lo penal de la Audiencia, que entonces estaba en la plaza de San Francisco (actual Fundación Cajasol). Los abogados defensores fueron Manuel Rojo Cabrera, Juan Espinosa de los Monteros y Jose Rull.

Las fotos que acompañan este reportaje muestran a los tres acusados cuando eran trasladados al juicio, bien vestidos de traje y corbata pese a ser unos jornaleros analfabeto. Iban esposados y bajo  fuerte custodia de la Guardia Civil. En el exterior de la Audiencia, en la plaza de San Francisco, se congregó una multitud para la que tuvo que crearse un cordón de seguridad.  

Expectación a las puertas de la Audiencia en la plaza de San Francisco

El 26 de octubre, cuatro días después del juicio, se emitió la sentencia con dos penas de muerte para cada uno de los acusados.

En medios judiciales sevillanos existe la leyenda de que uno de los cinco magistrados del tribunal no estaba muy convencido de la condena pero sus compañeros le animaron a adherirse al voto mayoritario diciéndole que “en España ya no se va a ejecutar a nadie”.

Frente a las largas sentencias habituales hoy en día, aquella tenía sólo ocho folios y una curiosa forma de definir las circunstancias personales de los procesados: “conocidos delincuentes contra la propiedad y de pésima conducta moral“.

Relataban los jueces que los acusados esperaron a que la estanquera Matilde Silva Montero se dispusiera a cerrar su negocio a mediodía del 11 de julio de 1952, amparados por “lo caluroso de la estación y la coincidente suspensión de actividades de los comercios próximos”. Le exigieron dinero, Juan Vázquez Pérez cerró la puerta y El Tarta y Antonio la apuñalaron 13 veces en el cuello, corazón y brazos. Su hermana Encarnación acudió dando voces de auxilio y recibió 16 navajazos, uno de los cuales le seccionó la yugular.

“Sobrecogidos por la magnitud de lo que habían realizado y perdida la serenidad, se dedicaron, con premura y desordenadamente, a registrar cajones, armarios y ropas del estanco y de la vivienda”, relataba la sentencia. Se llevaron algo de dinero pero bajo el mostrador dejaron 600 pesetas y un fajo de billetes con más de 7.000 pesetas en una caja de puros. 

Muchos en Sevilla pensaban que eran inocentes y tanto el entonces alcalde como el arzobispo Pedro Segura pidieron su indulto

Muchos en Sevilla pensaban que eran inocentes. Pidieron el indulto, entre otros, el entonces alcalde Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, marqués del Contadero, y el arzobispo Pedro Segura.

Se argumentaba que los testigos incurrieron en contradicciones, que no se encontraron los cuchillos homicidas y que los acusados firmaron una confesión que parecía redactada por personas de mucha mayor cultura. También decían que un ladrón en busca de dinero no se ensaña con la víctima. Entre las hipótesis alternativas, algunos apuntaron a una venganza porque, tras la guerra civil, las hermanas Silva habrían delatado, en su localidad natal de Estepa, a gente de izquierdas que acabó fusilada.

Al juicio se aportó como prueba la camisa con manchas de sangre que supuestamente llevaba ese día Vázquez Pérez. Pero al no existir entonces las pruebas de ADN, solo se pudo determinar la pertenencia a un grupo sanguíneo (A, B, AB o cero) con lo que la coincidencia era fácil.

El Tribunal Supremo ratificó en julio de 1955 las penas de muerte y fueron ejecutados en la cárcel de La Ranilla el 4 de abril de 1956 por Bernardo Sánchez Bascuñana, entonces verdugo titular de la Audiencia de Sevilla.

El día fijado para la ejecución por garrote vil, los abogados defensores llegaron a la cárcel de madrugada, confiados hasta el último minuto en que llegase de Madrid el indulto. Basaban sus vanas esperanzas en que meses antes Franco había indultado a varios presos políticos para congraciarse con Estados Unidos.

El abogado de Juan Vázquez Pérez fue el prestigioso letrado Manuel Rojo Cabrera, fallecido este año y que fue decano del colegio de abogados de Sevilla entre 1985 y 1990.

En sus últimas horas los reos fueron asistidos por  hermanos de la Santa Caridad. En esta iglesia fue también su funeral y allí  recibieron sepultura, como si fueran hermanos.

Cuenta la leyenda que, dos décadas después, el verdadero culpable confesó el crimen bajo secreto de confesión al mismo sacerdote que asistió a los condenados en sus últimos momentos, fray Hermenegildo de Antequera. Al parecer le reveló datos desconocidos del ataque que nunca se habían divulgado públicamente.