Fiscalía

Dejan sin efecto el nuevo escalafón de la Fiscalía para corregir sus errores

Concepción López-Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia

Concepción López-Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia

El Boletín Oficial del Estado de este martes publicó una resolución que deja sin efecto el nuevo Escalafón de la Fiscalía, que había sido publicado solo seis días antes, al haber observado diferentes errores. Aunque la resolución no cita cuales son esas erratas, había dos muy llamativas referidas a dos mujeres fiscales con solo diez años de antigüedad que aparecían encabezando el escalafón inmediatamente después de los 31 fiscales de sala del Tribunal Supremo.

Fuentes de la Fiscalía indican a este periódico que varios fiscales de Sevilla han detectado errores, que afectan sobre todo a su antigüedad reconocida. La Fiscalía General del Estado ha recabado datos de varias Fiscalías provinciales y está preparando un informe que elevará al Ministerio de Justicia. 

La resolución que aparece en el BOE, firmada por la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, no precisa cuándo se publicará el nuevo escalafón corregido. Únicamente deja sin efecto la resolución de 16 de marzo, que había cerrado a fecha del día anterior, 15 de marzo, el listado de los 31 fiscales de sala, 1.872 fiscales y 668 abogados fiscales que ejercen en España. 

Emilio de Llera, ex consejero de Justicia andaluz y actual teniente fiscal (“número dos”) de la Fiscalía de Sevilla ocupaba el sexto lugar y el actual fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, el 33.

Por un error material, tras los fiscales de sala se “colaron”  dos fiscales destinadas en Talavera de la Reina y en Cádiz pero que nacieron en 1979 y en ambos casos tienen solo 10 años de antigüedad, por lo que les correspondería estar en torno al número 1.800. 

Este escalafón era el primero que se publicaba oficialmente desde hace casi tres años, pues el anterior se cerró a 7 de julio de 2018. El Ministerio de Justicia ha optado por dejarlo en suspenso de oficio en lugar de los 30 días naturales que tenían los interesados para presentar alegaciones en caso de disconformidad. 

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