El caso de Verónica, la trabajadora de Iveco que se ha suicidado después de hacerse viral un vídeo de contenido sexual, ha alertado nuevamente del peligro de la difusión de este tipo de contenidos a través de los programas de mensajería telefónica. Lo sucedido no es un caso aislado y además no sólo afecta al ámbito de los adultos, sino que también se da con una preocupante frecuencia en el entorno escolar, donde cada día son más los problemas que surgen en los centros educativos por la mala utilización que se realiza de las nuevas tecnologías. Proliferan los casos en los que se ven involucrados menores de edad. En Sevilla, una madre ha emprendido acciones legales para que dos menores de 14 y 17 años sean enjuiciados por haber difundido en el colegio una imagen desnuda de su hija, de 14 años.

Los hechos se remontan a hace aproximadamente un año cuando dos amigas de 14 años estaban manteniendo una videoconferencia a través del programa de mensajería whatsapp. Una de ellas, la hija de la denunciante, hablaba con su mejor amiga justo cuando iba a tomar una ducha y en un momento dado pasó desnuda por delante del smartphone. Su amiga íntima hizo una captura de la imagen y se la reenvió, y la joven fotografiada desnuda le pidió que la borrara de inmediato, a lo que su amiga aparentemente accedió.

La sorpresa llegó unas semanas después. Ambas amigas se pelearon en las redes sociales y rompieron su amistad, y fue entonces cuando la víctima tuvo conocimiento de que su fotografía desnuda había acabado difundiéndose en el colegio, dado que muchos compañeros le enviaron mensajes haciendo alusión a esa imagen desnuda.

La familia considera que la Fiscalía de Menores no la trató “como una víctima”

Otro compañero de colegio, de 17 años y que también ha sido investigado en la Fiscalía de Menores, intervino en la pelea para decirle que como no dejara en paz a la chica que tomó la foto, iba a darle más difusión a la fotografía.

La familia de la víctima, al enterarse de lo sucedido, presentó una denuncia en la Policía y el caso, debido a la edad de los infractores, fue remitido a la Fiscalía de Menores de Sevilla. Es aquí donde, según comenta la madre de la menor a este periódico, se sintieron desprotegidos, porque no la trataron a su juicio “como una víctima”, y llegaron a preguntarle “por qué tenía esa postura” en la foto, a lo que la adolescente respondió que la cogieron cuando iba a la ducha y su amiga le hizo la foto sin su consentimiento.

La Fiscalía abrió un proceso de mediación para tratar de resolver este asunto de manera extrajudicial y los tres menores implicados fueron a terapia con un equipo técnico. La víctima sólo acudió un día porque se derrumbó y no pudo seguir, y los denunciados fueron únicamente a cuatro o cinco sesiones.

Tras recibir ese informe, en el que se pone de manifiesto que los menores han considerado positiva esta actuación socio educativa y muestran su intención de no volver a repetir una actuación semejante –aunque en ningún momento han pedido perdón a la perjudicada–, la Fiscalía de Menores emitió un informe en que decía que “habiéndose llevado a cabo de forma satisfactoria la intervención socio educativa propuesta a modo de reparación”, solicita el sobreseimiento y archivo del expediente a ambos menores, de acuerdo con el artículo 19 de la ley orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor.

Este artículo prevé el archivo del expediente “atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe”.

La Fiscalía rechazó que se analizaran los móviles para apreciar el alcance de la difusión

El desistimiento en la continuación del expediente sólo es posible cuando el hecho imputado al menor constituya un delito menos grave o falta.

La familia de la menor cuya foto se difundió se opone al archivo del expediente y quiere haya juicio, porque entiende que realmente no hubo mediación y ninguno de los menores se ha dirigido a su hija para “pedirle perdón”.

La abogada Carmen Marbán, que representa a la familia, lamenta que el Ministerio Público “en ningún caso ha tenido en cuenta, ni siquiera mínimamente, los intereses de la víctima, esto es, la protección de una menor de tan sólo 14 años que ha tenido que sufrir cómo su mejor amiga ha difundido una foto suya, completamente desnuda, entre amigos y compañeros del colegio, y con el desconcierto de no saber si esa foto ha trascendido a las redes sociales, o incluso ha podido verla alguna persona mayor de edad, de dentro o fuera del colegio”.

"Dónde poner el límite a las chiquilladas"

Dice la letrada que, aunque la exhibición de la foto pueda considerarse como “una chiquillada”, habría que preguntarse “dónde poner el límite a las chiquilladas”. “Si nos ponemos a buscar excusas para justificar todas las infracciones penales que cometen los menores, para calificarlas como chiquilladas, a buen seguro que nuestra imaginación no tendría límites”, por lo que la familia considera que este caso no puede calificarse como “una simple chiquillada que ha de quedar impune”.

La familia cree, por el contrario, que son hechos “graves” por los que “no han mostrado arrepentimiento ni han ofrecido ninguna medida para reparar el daño causado, ni siquiera el perdón, ni pública ni privadamente”.

Los denunciantes subrayan que la mediación propuesta por la Fiscalía habría permitido el archivo si la víctima “hubiera aceptado someterse a la misma, los agresores hubieran pedido perdón, que éste fuera aceptado por la víctima, y que el equipo técnico hubiera solicitado el archivo del expediente”, pero “ninguno de estos presupuestos se dan en este caso”.

La abogada lamenta que la Fiscalía no ha propuesto la práctica de ninguna prueba para esclarecer los hechos, como la declaración de varios testigos o la “exploración del teléfono de los menores” que hubiera permitido conocer el alcance real de la difusión de la fotografía en el colegio o en las redes sociales.

Estas pruebas fueron propuestas en enero pasado, pero el Ministerio Fiscal las rechazó. Ahora el juzgado de Menores debe decidir si la mediación realizada es suficiente o es necesario que haya juicio.