Un joven de 21 años se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de su hijo, un bebé de sólo seis meses, que murió en junio de 2017 tras haber sido víctima de presuntos malos tratos. La fiscal del caso no tiene ninguna duda de que el acusado actuó con ánimo de matar al bebé o, en todo caso, “sin importarle que se muriera” y así asegura que le golpeó la cabeza con una superficie lisa y dura, al tiempo que lo zarandeó “de forma brusca y acelerada”.

Un jurado popular tendrá que determinar si el joven, además de ser un mal padre, algo que se desprende de los cuidados que tanto él como su pareja –Ruth F. G., que también está acusada y se enfrenta a 18 meses de cárcel por delitos de abandono y maltrato– dispensaron al niño, es también un asesino o, como sostiene la defensa, los hechos podrían ser constitutivos de un homicidio imprudente, por una conducta negligente del progenitor.

La pareja vivía en una vivienda que había ocupado en la barriada del Cerezo, donde fumaban porros en presencia del bebé y, según la Fiscalía, dejaron de asistir a nueve citas de control médico para que “no se detectase la ausencia de cuidados debidos” y los signos de desnutrición del niño, que perdía peso de forma progresiva.

Los padres, siempre según el relato de la acusación pública, le daban de comer al bebé “a su antojo” y en alguna ocasión lo dejaron sin alimentarlo durante más de doce horas, al tiempo que la madre le retiró el suplemento de hierro y la leche especial que se le había prescrito a un bebé que había nacido de forma prematura y con un peso de sólo 1,1 kilos, lo que hizo que durante los casi cuatro primeros meses de vida –nació el 15 de diciembre de 2016– permaneciera ingresado en la UCI del hospital Virgen Macarena.

El bebé recibió el alta el 8 de abril de 2017 y estuvo al cuidado sus padres hasta el día de autos, el 12 junio, cuando ingresó en situación de parada respiratoria y falleció cinco días después, el 17 de junio. Las particularísimas circunstancias de esta pareja, ambos muy jóvenes, hacen que deba cuestionarse la actuación de los servicios sociales y sanitarios.

Los padres no llevaron al niño a “nueve” citas programadas para los días 23, 24, 25 y 29 de abril, así como las del 18, 24, 29, 31 de mayo, y el 8 de junio. No llevaron al niño pero esa ausencia no provocó que saltara ninguna alarma.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía aseguró tras producirse la trágica muerte del bebé que lo servicios sociales habían estado atentos a este caso y a la familia del bebé, pero lo cierto es que no se declaró desamparo provisional del niño hasta el 16 de junio de 2017, un día antes de que se produjera su muerte.

Los servicios sociales no actuaron en este caso a pesar del “alto riesgo social” que existía

La delegación de territorial de Igualdad confirmó que desde el nacimiento se habían detectado “indicadores de alto riesgo social en su entorno de crianza”, evidenciándose asimismo una posible situación de maltrato, lo que llevó a la detención de los padres, el 13 de junio. Pero a pesar de esos indicadores de alto riesgo social, no se actuó, ni siquiera cuando los padres faltaron a nueve citas de control médico en los meses de abril, mayo y junio previos al fallecimiento.

Nadie actuó de manera preventiva en este caso y, como suele ocurrir cuando tiene lugar una tragedia de este tipo, ahora se pretende cargar todo el peso de la ley sobre los padres. Bryan y Ruth, son evidentemente los principales responsables de lo ocurrido, pero quizás no sean los únicos.

El hecho de que Bryan sea un mal padre no tiene por qué llevar directamente a la conclusión de que, además, es un asesino, aunque la Fiscalía de Sevilla lo tiene muy claro y por eso reclama la máxima condena prevista actualmente en el Código Penal. Complicada labor tienen ante sí los nueve ciudadanos que compondrán el jurado que se encargará de enjuiciar a estos padres.