Las personas que leyeron esta semana el auto del juzgado Mercantil 1 de Sevilla sobre el plan de salvamento de Abengoa tal vez se sorprendieron ante dos párrafos en los que el juez se lamentaba del “inhumano cúmulo de trabajo que pende sobre los juzgados de lo Mercantil de Sevilla”, con una entrada de asuntos superior en un 686% a los indicadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero no es nada nuevo: el juez Javier Carretero Espinosa de los Monteros lleva once años colocando a modo de muletilla en todas sus sentencias la advertencia de que cumple todas las prescripciones legales excepto la de dictar sentencia dentro del plazo que marca la ley. En los últimos años habla ya del “inhumano cúmulo de trabajo” en los juzgados y de su “situación de colapso”.

El mismo aviso hizo en septiembre de 2017, en la sentencia de 76 folios que dictó sobre las acciones de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis.

Al principio su advertencia era menos dramática. Así, cuando en 2009  era juez en Sanlúcar la Mayor y emitió la sentencia por el llamado espionaje en las cajas de ahorro, solo se lamentaba del “gran cumulo de trabajo que pende en este juzgado”. Recordaba entonces que el partido judicial de Sanlúcar había ingresado en 2008 un total de 7.978 asuntos civiles y 13.125 penales a repartir entre solo tres juzgados, con siete funcionarios cada uno.

En ese año, siendo juez decano de Sanlúcar, remitió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su Memoria Anual un informe de seis folios en el que denunciaba que el  partido judicial superaban en más de un 72% los módulos del CGPJ,  y que el juzgado número 2 se encontraba en una situación “crítica y dramática“ pues tenía entonces más de 800 demandas civiles sin incoar al no haberse constituido el prometido “juzgado bis”.

Dejaba constancia también del “aumento extraordinario del volumen de entrada de asuntos” debido a que la población del partido judicial se estaba multiplicando de forma exponencial, junto a otros problemas como la falta de un escáner en la entrada a los juzgados y la presencia de ratones en sus oficinas.

Ya entonces (diciembre de 2009), el juez decano consideraba “imprescindible la urgentísima creación de los juzgados número 5 y 6”. El primero de ellos, el número 5, no entró en funcionamiento hasta noviembre de 2018.

Otro de sus caballos de batalla en Sanlúcar fue la decisión de la Junta de suspender en 2009 el servicio de taxis para las notificaciones judiciales.

Entonces denunció que la red de transporte público colectivo en los 16 pueblos de su partido era “absolutamente insuficiente, al existir localidades, urbanizaciones o polígonos industriales sin parada de autobús o con escaso horario, siendo necesario trasladarse a la estación de autobuses de Sevilla capital para acceder a otros”.

Se suspendieron entonces todas las diligencias de calle  que no se circunscribieran a los alrededores del edificio judicial, generando “una parálisis absoluta de los juzgados”, y una Junta de Jueces presidida por Carretero en enero de 2010 acordó que, si no se solventaban los problemas, solicitarían amparo al CGPJ “al resultar afectado gravemente el ejercicio de la función jurisdiccional”.