La segunda sentencia de la macrocausa de Fitonovo se ha saldado también con penas mínimas tras el acuerdo alcanzado en enero pasado con la Fiscalía y con las que evita su ingreso en prisión. Los dueños de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo, José Antonio González Baró, han sido condenados a penas de 28 y 30 meses de prisión, tras el pacto alcanzado con la Fiscalía y la retirada de los cargos contra 12 de los 36 acusados.

La sentencia condena al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, a 30 meses de cárcel, y a 23 meses para el adjunto a la dirección, Ángel Manuel Macedo Gajete, quien tenía la "máxima responsabilidad y control detallado de la Caja B en la que se adeudaban las supuestas comisiones ilegales".

El abogado Miguel Salas, que representa a uno de los dueños de Fitonovo, ha asegurado a este periódico que la sentencia del caso Fitonovo pone de manifiesto "una instrucción universal y prospectiva". Así, ha señalado que las iniciales penas solicitadas que superaban los 30 años "se han convertido gracias a un acuerdo de conformidad largamente negociado, en penas que casi no superan los 24 meses. En el camino quedaron la destrucción de una compañía sólida y solvente, con casi 400 trabajadores, de capital netamente Andaluz que fue desmantelada y liquidada y muchas páginas de prensa encaminadas a la encarnizada lucha política de los diferentes partidos trasladada a los denominados macrojuicios".

Para el letrado de la defensa, la sentencia pone también de manifiesto la "necesidad de las pequeñas empresas de acceder a las dádivas de funcionarios que llevan años en puestos en los que se reparten sumas relevantes, y el uso de dichas pequeñas empresas como subcontratistas de las más potentes para poder acceder a las dádivas de éstos. Debo destacar la acertada comprensión que de dichas circunstancias ha demostrado tener el Ministerio Fiscal y, en particular, su representante en este proceso, el ilustrísimo señor G González Mota, que entendió perfectamente la naturaleza del problema y ha sido justo y equitativo en su acusación definitiva", ha añadido.

Los hechos probados del fallo

La sentencia recoge como hechos probados que Fitonovo realizó una "actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos desde 1995 a 2013". Con este propósito, la dirección de Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a "obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con determinados funcionarios o empleados públicos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de dádivas a funcionarios o empleados públicos.

Dicha actuación perjudicó en ocasiones a las sociedades que de forma legal pretendían participar en la contratación pública pero que no tuvieron posibilidad de resultar adjudicatarias "al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".

La empresa Fitonovo, prosigue la sentencia, tenía una caja B que se nutría fundamentalmente de facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras, que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios. Asimismo, existían facturas por servicios prestados a particulares que pasaban directamente a la caja B de manera íntegra. Incluso habían acudido a personas que cobraban una comisión por conseguir facturas a dicha empresa.

Con la caja B se "pagaban las comisiones entregadas a los funcionarios o para pagar regalos que se le hacían a éstos. Además, se empleó con otros propósitos del mismo modo irregulares, como el pago de salarios en B a trabajadores de Fitonovo, el pago de gastos personales, financiación ampliaciones de capital de otras sociedades pertenecientes a la trama, etc".

La prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados llevan al tribunal a concluir que "las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal".

La entrega de comisiones se ha prolongado "durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. Así, "crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".