El rector de la Universidad Pablo de Olavide empleó 27 minutos del arranque del claustro celebrado el pasado martes para dar explicaciones sobre la polémica asignación provisional del puesto de delegada de protección de datos en favor de su cónyuge, V.M.O., profesora asociada y funcionaria del PAS. El nombramiento directo se ha efectuado ya –con carácter provisional– pese a que está previsto un concurso de libre concurrencia.

Vicente Guzmán –en una sesión celebrada a puerta cerrada– carga toda la responsabilidad del dedazo en el gerente de la Universidad, Fernando Contreras, presente en la sesión en un asiento de la primera fila. El rector defendió que su mujer tenga derecho a acceder a puestos de libre designación y, además, considera que la apuesta por alguien que ya es funcionaria de carrera supone un ahorro para la UPO al no haberse tenido que externalizar el servicio.

La responsabilidad es del gerente

Guzmán volcó desde el principio cualquier responsabilidad en el gerente, incluida la dar explicaciones, pese a que de hecho fue el quien las dio durante casi media hora: “Lamento que esto empañe la discusión de un instrumento tan importante para la Universidad como es el plan estratégico. Pero yo quiero dar las explicaciones correspondientes. Y creo que estas explicaciones, por lo que voy a decir ahora, tiene que darlas con más conocimiento de causa la Gerencia de la Universidad y la Secretaría General de la Universidad, que son los órganos a los que les ha correspondido, cada uno en su responsabilidad, el hacer la designación del puesto de delegada de protección de datos que ha recaído en una persona que ustedes saben, todos aquí en la Universidad, que actualmente es mi mujer. No tengo ningún inconveniente en decirlo, eso es público, es notorio, lo sabe todo el mundo, creo que lo sabía todo el mundo en junio, cuando se hizo el nombramiento. Ni lo oculto, ni presumo de ello”.

Guzmán se explayó en su versión de los hechos: “¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que en mayo entra en vigor el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que obliga a todas las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades, a disponer de un delegado o delegada de protección de datos. El puesto se puede externalizar o se puede cubrir con personal de la institución o de la Administración en general. La decisión la toma la Gerencia, y yo en esto no tengo nada que ver, aunque por supuesto estoy informado, no soy un loco ni se toman decisiones a mi espalda. Yo estoy informado. La decisión que toma la Gerencia, la Secretaría General, es que no se externalice el servicio, porque resultará más caro y se encomendará a alguien que no conoce el mundo universitario, ni la realidad, ni la problemática, ni la protección de datos en el mundo universitario”.

El rector admite ante el auditorio que puede haber otros profesionales idóneos para el puesto. “A partir de ahí se busca, conforme el propio reglamento establece, el perfil más adecuado en una de las personas, ¡yo no digo la única!, ¡yo no me atrevo a decir la única!, pero los que han trabajado con esta persona durante los veinte años que lleva como funcionaria de carrera dentro de la Universidad, saben que uno de los trabajos que ha desempeñado ha sido relacionado con la protección de datos. Y es demostrable sin ningún tipo de problema. Ahí se produce esa designación, ahí produce ese nombramiento. Yo, por supuesto, estoy informado en todo caso, pero como comprenderán yo no voy a nombrar a nadie por la cara, pero tampoco voy a evitar –añadió– que acceda al puesto una persona que tiene las características para ocupar ese puesto y que así lo proponen los órganos competentes para hacerlo”.

Alusiones a la inmoralidad

El rector recurre a la moral para defender que su mujer acceda a ser delegada de protección de datos: “Me parece tan inmoral y tan injusto proponer a una persona por ser quién es, familiar de alguien sin tener ningún mérito, como impedir que ocupe ese puesto teniendo los méritos. Y esta es mi opinión, con la que por supuesto se puede discrepar”.

El rector prácticamente no cuestiona ante los miembros del claustro la información publicada por este periódico el pasado lunes, incluso se proclama defensor de principios fundamentales del Estado de Derecho: “Respeto absolutamente la libertad de información y la de opinión, principios recogidos en las Constitución”. Únicamente echa en falta que el comunicado emitido por la Universidad a mediodía no se publicara a esa misma hora en la edición digital de Diario de Sevilla, aunque el contenido de dicho comunicado estaba ya recogido en la información principal publicada ese mismo día, pues este periódico recogió todas las opiniones y explicaciones de Vicente Guzmán e incluso le recordó por escrito que podía presentar cuanta documentación considerara necesaria para avalar su versión.

Guzmán leyó el comunicado al claustro y continuó dando explicaciones sobre la asignación de su mujer para el puesto de delegada de protección de datos. “El comunicado dice que se han seguido los procedimientos legales y los protocolos y pautas establecidos por la Universidad en el proceso de adscripción provisional de esta funcionaria de carrera para el puesto de delegada de protección de datos. Es un puesto profesional, no es un cargo. Yo recomiendo, para quien tenga interés, que se lea un artículo sobre la complejidad de esta cuestión, de una persona que sabe mucho de estos temas, como es Rafael Jiménez Asensio”.

La opinión de un experto en la materia

Jiménez Asensio, citado ante el claustro por el rector como autoridad en la materia, es precisamente el experto que considera que el de delegado de protección de datos es un puesto que merece el calificativo de “autoridad unipersonal”. Así lo dice y añade una crítica a la forma en que, en general, se regula su designación: “Este puesto de trabajo tiene que configurarse como una suerte de autoridad unipersonal independiente que actúa en el seno de las estructuras administrativas, pero con una configuración dual (interna/externa) y de interlocución, lo que obliga a diseñar un modelo organizativo distinto y distante al tradicional. No encaja en las pautas ordinarias de la creación de puestos de trabajo en la función pública”.

Sigamos con la intervención del rector en el claustro del martes. Guzmán dedicó una buena parte de su intervención: “Esta funcionaria ostenta los mismos derechos que cualquier otro empleado público, reúne todos los requisitos de formación, conocimiento y experiencia profesional para el desempeño de un puesto que actualmente es requerido por el Reglamento de la Unión Europea 2016. Ha sido asignada provisionalmente –insistió– por la Gerencia de la institución. La resolución de la provisión de puestos de trabajo y del personal de administración y servicios es competencia de la Gerencia y así lo establece el estatuto de la Universidad en el artículo 44. La efectiva Jefatura del personal de administración y servicios corresponde estatutariamente a la Gerencia, previa necesaria delegación del Rector. La última delegación es de 8 de junio de 2016 y está en el BOJA de 16 de junio de 2016”.

El gerente de la UPO, Fernando Contreras, y el rector, Vicente Guzmán

Guzmán se desvincula del nombramiento por enésima vez y todo lo atribuye al gerente: “El rector legalmente no es competente. Y eso parece que no se ha entendido o no se ha explicado bien. El rector no es competente para hacer este nombramiento. Habrá que pedirle más explicaciones a la Gerencia, con perdón del gerente, que a mi”.

El rector se reitera en la explicación, ya ofrecida por este propio medio el pasado martes, de las características del blindaje del puesto asignado a su mujer. Nadie ha afirmado que el blindaje consista en que se trate de un puesto a perpetuidad, sino que debe garantizarse su independencia de acción. Aún así, el rector se explaya en la misma tesis que la información publicada el lunes: “El blindaje que en el artículo se atribuye al puesto es una garantía de independencia para ejercer las funciones que exige dicho puesto, tal como recoge expresamente el artículo 38.3 del Reglamento de la UE. La persona no está blindada en el puesto, cualquier que sepa algo de Recursos Humanos sabe que esto no es un blindaje de una persona en un puesto, sino que la persona es independiente para el ejercicio de sus funciones.

En esta Universidad, lo digo por si alguno de ustedes no lo sabe, todos los puestos de libre designación del personal de administración y servicios, ¡todos y digo todos!, se publican cuando se sacan a concurso para su provisión en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y eso permite que se presenten otros candidatos. Somos la única universidad, o de las pocas universidades, que publicamos en boletín oficial de la Junta de Andalucía las convocatoria de los puestos de libre designación. Cualquier otro equipo de gobierno que venga detrás del actual podrá cambiar no sólo este puesto de libre designación, sino a cualquier puesto de libre designación de la Universidad. ¡A cualquiera! Por lo tanto yo no entiendo el blindaje... cuando es el procedimiento y el régimen que se aplica a cualquier persona elegida por libre designación. Cualquier equipo de gobierno que venga después puede remover a esta persona. Ni hay blindaje ni es eterno”.

También reconoce que la información no asevera en ningún momento que el puesto tenga una remuneración extra: “El comunicado termina diciendo que no supone ningún beneficio económico, como reconoce el periodista. Tampoco se ve incrementada la categoría ni el nivel. El tiempo de permanencia en el puesto no computa a efectos de concurso público. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir es que se han seguido los procedimientos legales. No hay beneficio de ningún tipo ni económico ni en forma de ventaja. Y a partir de ahí se puede hacer noticia de lo que se quiera”.

Guzmán continúa su alocución con precisiones sobre el funcionamiento del puesto: “Me gustaría añadir simplemente lo siguiente: yo creo que en este caso, como en muchos otros, hay información que se puede añadir. El responsable de los tratamientos de los datos en la UPO no es el rector, legalmente no es el rector. Corresponde a la Secretaría General. Los encargados del tratamiento son cualesquiera órganos que tengan que manejar datos dentro de la Universidad. La función de un delegado de protección de datos es de asesoramiento, no ejecutiva, ante las consultas que le realizan los órganos encargados del tratamiento de datos”.

El rector se justifica continuamente para defender que no puede estar al tanto de todo lo que ocurre en la UPO: “Si alguien pretende que yo tenga la capacidad de estar en todas las consultas que se realizan y poder ordenar que se hagan de una forma o que se haga de otra... me parece descabellado. Entre otras cosas porque parecería que el señor rector, lo que tiene interés es que la protección de datos no funcione en la Universidad. El responsable del tratamiento no es el rector, no reporta con el rector en ningún caso, ni siquiera es el gerente, es la Secretaría General. Es más, el órgano encargado de verificar y que tiene competencia en materia de datos y seguridad en la Universidad Pablo de Olavide es un órgano que se llama Comisión de Seguridad de Tecnología de la Información, que se creó en 2010 con una composición de 2010 y que este rector... A lo mejor la he cambiado y no soy consciente porque uno firma tropecientas mil cosas en seis años, pero es la de 2010.

Defensa del nombramiento

Insiste en que no se ha incumplido ni la ley ni ningún reglamento en el nombramiento de su mujer: “No hay ilegalidad alguna. Por supuesto el rector ha estado informado, claro que sí, como me informan todos los vicerrectores de las competencias que ejercen y como reportan conmigo todos los que tienen delegadas competencias. El rector ha estado informado, pero no ha decidido. Lo mismo que no decide muchas cosas que hacen los Vicerrectorados, que para eso tienen delegadas las competencias”.

Asegura que no ha habido interés de nadie por conocer el currículum de su esposa: “Sí me parece que echo en falta en todo esto es que se hubiera preguntado si la persona está cualificada, porque eso no aparece en ningún caso en la noticia. La noticia trata cualesquiera cosa, menos la que yo creo que es la más importante. ¿La Universidad Pablo de Olavide, a través de los órganos correspondientes, ha tomado una decisión que implica afrontar la protección de datos en el marco del reglamento de la Unión Europea de una forma que puede contribuir a salvaguardar a la institución porque la persona tiene la preparación y tiene el currículum necesario para ello? Ésta es la gran pregunta que nadie se ha formulado y que nadie quiere hacer. Y que a nadie le interesa hacer. Yo no la voy a responder. Quienes tomaron la decisión que la respondan. El currículum, la preparación, la capacitación quedan ahí. Y poco más se puede añadir”.

Hace un predicción muy particular: “Conviviré con la noticia, que seguirá rulando. ¡Es lo que hay! Estoy absolutamente tranquilo. Los que me conocen saben que tengo conciencia. Si hubiera ilegalidad dimitiría. Me la podía haber jugado con una cosa ilegal y se me trincan ya sé que me tengo que ir, pero como no es el caso... Si fuera ilegal rendiría cuentas. Aquí estoy dando explicaciones”. Hasta deja entrever que su mujer es víctima de haberse casado con él: “Seguimos estando en un momento en el que hay personas a las que tener un currículum, haber trabajado, haber sido funcionaria de carrera, haber aprobado exámenes, haber promocionado, tener un conocimiento de la Universidad, de la gestión, del entramado, parece que no les sirve de nada. Simplemente porque han cometido el error de casarse con la persona indebida. Me parece tremendamente injusto. Bueno, ahí lo dejo...”.

También proclama de nuevo que nadie en el ámbito interno de la UPO puso objeciones a la asignación directa de su mujer como delegada de protección de datos: “Tanto la creación del puesto como la persona que lo ocupa fue objeto de información para los órganos de representación de los trabajadores de esta Universidad, a los que también parece que tengo capacidad de controlar. Que yo sepa, el informe que emitió la Junta de Personal fue favorable. Si ahora también yo tengo capacidad de controlar a todos los componentes de la Junta de Personal, pues sencillamente soy omnisciente, lo hago todo, sé todo, sé todas las consultas que se hacen, puedo intervenir en todas, controlo a la Gerencia, controlo al secretario general, les puedo obligara hacer ilegalidades... ¡soy supermán!”. Y dio por finaliza su intervención extraordinaria: “Lamento que el debate de este claustro haya tenido que empezar con esta cuestión”.