En el año 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia comenzó a detectar una serie de actos fraudulentos que vulneraban directamente las normas anticompetencia. Además, a un total de 147 concesionarios españoles se les atribuye un cártel para el intercambio de información secreta. En esta trama se ha involucrado a un 91% de las marcas que se comercializan en territorio español.

No ha sido hasta este año 2021, y más concretamente en los últimos meses, cuando la CNMC ha impuesto una serie de multas millonarias a las grandes marcas de automóviles que estaban involucradas en la trama. La Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha sido la encargada de ir ratificando todas y cada una de ellas, tal y como afirmaba La Información a principios de octubre.

Estas ratificaciones han abierto una nueva vía para los usuarios que hubieran adquirido un vehículo en alguno de los concesionarios implicados durante los años 2006 y 2013. De esta forma, según ha establecido el Tribunal Supremo, los afectados tendrán el derecho de reclamar una indemnización por el gasto extra que provocó esta red fraudulenta. 

¿Quiénes pueden reclamar?

Los cálculos desarrollados durante la investigación han esclarecido que los compradores invirtieron entre 2.000 y 9.000 euros más del precio real del vehículo, un gasto que se traduce en un 10% del importe total.

La investigación también ha concluido que el número de personas afectadas puede encontrarse entre los 10 millones y que no se trata solo de clientes particulares, ya que las empresas de VTC, taxis y alquileres de coches se han visto afectadas por el fraude.

Esta indemnización pueden reclamarla no solo los pequeños compradores que adquirieron sus vehículos entre 2006 y 2013, sino también los propietarios de grandes flotas de vehículos (coches, taxis, VTC y renting). Para ello, lo único que hay que saber es si el vehículo en cuestión es uno de los afectados, una información que se obtiene fácilmente en la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches. 

Si el automóvil se encuentra dentro de la categoría, cualquier persona física o jurídica, ya sea de forma individual como colectiva, puede reclamar la cuantía estipulada por los órganos oficiales aportando la mayor documentación posible: factura de compra, acreditación de pago del alquiler, importes pagados para reparaciones, fichas técnicas, contratos, etc.

La reclamación puede hacerse de manera individual, sin embargo, es importante saber que los afectados también tienen la posibilidad de contactar con alguna de las asociaciones o plataformas que ya han puesto en marcha mecanismos colectivos para requerir la devolución de lo pagado de más y que, además, el procedimiento se desarrolle con el menor costo posible.