Tras medio siglo de conflicto armado, el Gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comienzan hoy un histórico proceso de paz con la instalación la semana próxima en el exterior de una mesa de diálogo, aunque sin detener los enfrentamientos en su propio territorio.

Delegados del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC (la guerrilla más antigua de América Latina) se reunirán primero en Noruega y luego en Cuba, los dos países garantes de este proceso que respalda la comunidad internacional.

Poner fin al prolongado conflicto armado de Colombia es la prioridad. "Mi Gobierno ha tomado la determinación de avanzar con prudencia, con seriedad, con firmeza y sin repetir los errores del pasado, en conversaciones con la guerrilla", dijo Santos en la reciente Asamblea General de la ONU.

En la cuarta vez que se lanza un proceso de paz con las FARC, estas conversaciones que se llevarán a cabo en terreno neutral y con una primera conferencia de prensa prevista en Oslo el miércoles, se anuncian con mejores perspectivas que las anteriores experiencias, a pesar de que no se contempla todavía el cese de hostilidades.

"La opinión pública en general y también los diferentes sectores políticos y sociales coinciden en expresar cierto optimismo por el inicio del proceso de paz", comentó María Clemencia Castro, directora del Observatorio para el Desarme de la Universidad Nacional de Colombia.

"La guerrilla ha asimilado la imposibilidad de la victoria militar y el Estado se ha mostrado dispuesto a dar una salida al conflicto a través de la solución política", añadió.

Desde que asumió la Presidencia en 2010, Santos prepara el terreno para un acuerdo mediante diversos mecanismos, entre estos una ley de restitución de tierras y reparación a víctimas, un punto clave para las FARC, que surgieron como guerrilla después de una insurrección campesina en los años 60.

Pero a la vez, Santos mantuvo la presión militar, lo que llevó a la muerte en sendos bombardeos de sus dos principales comandantes, Jorge Briceño, en 2010, y Alfonso Cano, en 2011.

Hace una década, el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana rompió el último intento de diálogo con las FARC acusando a la guerrilla de haber aprovechado la desmilitarización de una región en el sur de Colombia para fortalecerse.

Previo a las conversaciones, Santos hizo un llamado a las fuerzas militares a defender "cada centímetro del territorio" frente a la guerrilla, cuyas tropas disminuyeron de 20.000 a unos 9.200 rebeldes en los últimos 15 años.

Timoleón Jiménez, comandante máximo de las FARC desde la muerte de Cano, impulsó este año un cambio de estrategia de la guerrilla y anunció que cesaba el secuestro de civiles, una de las principales exigencias de Santos antes de emprender un diálogo.

Aunque ha deplorado la falta de un alto el fuego durante las conversaciones, Jiménez, también conocido como Timochenko, expresó su "gran esperanza" de terminar el conflicto armado.

"Hacer negociaciones en medio del conflicto tiene el riesgo permanente de que cualquier acto puede dar al traste con el esfuerzo, pero me parece mucho más pragmático hacerlo así", opinó el politólogo Fernando Giraldo. "El Gobierno tendrá un menor costo en caso de que fracase", señaló.

Y teniendo en cuenta que el conflicto seguirá activo, el Gobierno también ha puesto el énfasis en que las conversaciones deben dar resultado en "algunos meses" y no prolongarse durante años.

Pero la decisión de no cesar las operaciones militares ni la actividad guerrillera también tiene riesgos. "Si las comunidades en las zonas de conflicto no sienten que éste se atenúa y ven en cambio que la crisis humanitaria continúa, entonces el apoyo social al proceso de paz disminuirá sensiblemente con el tiempo", consideró Javier Ciurlizza, director regional del instituto de análisis Crisis Group.

"Esto dará razones a la oposición política al proceso de paz para atacarlo y cuestionar el mero hecho de negociar", destacó.