El Salvador: Bukele ampliará su megacárcel CECOT, el centro penitenciario más grande en Hispanoamérica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha revelado sus planes para duplicar el tamaño de la controvertida megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde actualmente se encuentran albergadas más de 15.000 personas, incluyendo a más de 200 inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Según ha publicado el prestigioso rotativo Wall Street Journal este miércoles, el mandatario centroamericano compartió esta iniciativa con la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, durante la visita que realizó a las instalaciones el pasado mes.

La expansión de esta prisión, promocionada por el gobierno salvadoreño como "la más grande de América Latina" desde su inauguración en 2023, coincide con la reciente cooperación entre El Salvador y Estados Unidos para la deportación de inmigrantes presuntamente vinculados a actividades delictivas. Esta colaboración se ha intensificado tras la llegada de más de 200 inmigrantes, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, enviados por la administración Trump en marzo pasado como parte de su campaña contra lo que califican como "extranjeros criminales".

La polémica megacárcel y su rol en la política migratoria

El Cecot ha sido objeto de numerosas críticas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos desde su apertura. La prisión, ubicada en Tecoluca (a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador), se ha convertido en un elemento central de la política de "mano dura" implementada por Bukele contra las pandillas que históricamente han azotado el país centroamericano.

La relación entre Trump y Bukele en materia de seguridad y migración se consolidó el pasado lunes, cuando ambos mandatarios mantuvieron un encuentro en la Casa Blanca. Durante esta reunión, el presidente estadounidense agradeció expresamente la colaboración de su homólogo salvadoreño al mantener detenidos a los inmigrantes deportados. En un gesto que confirma la sintonía entre ambos líderes, Trump expresó abiertamente su intención de ampliar el programa para incluir a ciudadanos estadounidenses que cometan delitos violentos.

"No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país", afirmó Trump durante el encuentro bilateral. Los micrófonos captaron además otra declaración del mandatario estadounidense, en la que señalaba que los "locales" (término empleado para referirse a presuntos terroristas nacidos en EE.UU.) "serán los siguientes (...) vas a tener que construir como cinco cárceles más".

El caso de Kilmar Ábrego García y las preocupaciones legales

La cooperación entre ambos países ha generado ya tensiones legales, como ejemplifica el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, enviado por un error administrativo al Cecot pese a no tener delitos pendientes confirmados. Este incidente ha desencadenado una batalla judicial que ha llegado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, motivando incluso que el senador demócrata Chris Van Hollen viajara este miércoles a El Salvador para exigir personalmente la liberación del detenido.

Las condiciones en el interior de la prisión han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos. Según diversos informes, los reclusos permanecen prácticamente incomunicados, con visitas extremadamente limitadas y sin acceso a representación legal adecuada. El gobierno salvadoreño, sin embargo, ha defendido estas medidas como necesarias para mantener la seguridad y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de las cárceles.

El régimen de excepción en El Salvador

La megacárcel forma parte de una estrategia más amplia implementada por el gobierno de Bukele para combatir la violencia de las pandillas. Desde marzo de 2022, el país centroamericano vive bajo un régimen de excepción que ha permitido realizar más de 80.000 detenciones sin orden judicial.

Aunque esta política ha logrado reducir significativamente los índices de homicidios en El Salvador, que históricamente ha sido uno de los países más violentos del mundo, también ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.

El régimen de excepción suspende derechos constitucionales como el derecho a ser informado de los motivos de la detención, a contar con asistencia letrada y a no ser sometido a interrogatorios. Según datos de organizaciones civiles, más de 200 personas han fallecido mientras se encontraban bajo custodia estatal desde el inicio de estas medidas excepcionales.

¿Qué impacto tiene la cooperación entre EE.UU. y El Salvador en materia migratoria?

La colaboración entre ambos países en materia de deportación y encarcelamiento de inmigrantes representa un giro significativo en la política exterior estadounidense. Tradicionalmente, EE.UU. ha deportado a extranjeros con antecedentes penales a sus países de origen, pero el acuerdo con El Salvador establece un precedente al enviar a ciudadanos de terceros países (principalmente venezolanos) a un destino distinto.

Esta medida podría tener implicaciones importantes para el futuro de la política migratoria estadounidense, especialmente considerando la promesa de Trump de realizar deportaciones masivas durante su segundo mandato. Analistas internacionales advierten que este tipo de acuerdos podría vulnerar principios fundamentales del derecho internacional, como la prohibición de deportaciones colectivas o el derecho a solicitar asilo.

¿Cuál es el coste económico y humano de mantener el Cecot?

El gobierno salvadoreño ha evitado proporcionar cifras precisas sobre el coste de construcción y mantenimiento del Cecot, aunque se estima que la inversión inicial superó los 100 millones de dólares. La ampliación prevista requerirá una inversión adicional significativa en un momento en que El Salvador enfrenta importantes retos económicos.

Además del aspecto financiero, el impacto humano de este modelo penitenciario resulta incalculable. Las familias de los detenidos denuncian la imposibilidad de comunicarse con sus seres queridos y la incertidumbre sobre su estado. Defensores de derechos humanos advierten que la masificación, el aislamiento y las condiciones extremas de reclusión podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes según los estándares internacionales.

A pesar de estas críticas, el modelo de seguridad implementado por Bukele cuenta con un respaldo mayoritario dentro de El Salvador, donde la población había sufrido durante décadas la violencia extrema de las pandillas. Esta popularidad ha permitido al mandatario salvadoreño proyectarse internacionalmente como un líder eficaz en materia de seguridad, atrayendo la atención de otros gobiernos que enfrentan problemas similares de criminalidad organizada.