En 2024 vuelven las reglas fiscales desactivadas con motivo de la pandemia y la guerra de Ucrania. España se verá obligada a reducir su déficit por debajo del 3% y a proponer un programa de reducción progresiva del endeudamiento público. Lo primero será posible gracias al aumento de la presión fiscal y de las cotizaciones sociales, pero será costoso cumplir con lo segundo. El objetivo es situar la ratio deuda pública/PIB, que a finales de 2022 estaba en torno al 115%, en el 60% que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque se estima que será difícil que a final de año esté por debajo del 112%. Habrá, no obstante, complicidad con las dificultades de cada país para que el ajuste sea soportable, pero el compromiso ha de ser creíble porque las sanciones pueden incluir el cierre del grifo de los fondos europeos.

Se dibuja, por tanto, un nuevo escenario más estricto para las finanzas públicas españolas, que además habrá de desenvolverse en un contexto monetario igualmente incierto. En julio de 2022 se inició la escalada que ha llevado el tipo de interés del BCE hasta el 4% y se sabe que en julio habrá otra subida, probablemente de 0,25 puntos que lo llevarán hasta su nivel más alto en lo que va de siglo. Es probable que tampoco sea la última, aunque es evidente que las recientes intervenciones han moderado su intensidad y existe una notable preocupación con el estrés percibido en instituciones financieras, a raíz de los problemas en bancos regionales norteamericanos y en Credit Suisse.

A los bancos centrales corresponde la responsabilidad de la estabilidad monetaria y financiera y es razonable considerar que un ajuste monetario sostenido provocaría la alteración en el valor de activos financieros y pérdidas, especialmente en aquellos adquiridos a préstamo. Por otra parte, comienzan a aparecer críticas a la rigidez del BCE. La subida de tipos es una medida de estabilización cíclica cuando la economía se encuentra sobrecalentada, pero la posición actual es tan claramente negativa, tras la entrada en recesión técnica de la Eurozona, que cuesta aceptar que la resistencia de la inflación esté relacionada con un crecimiento excesivo del consumo y la inversión.

El mayor impacto potencial del cambio en la estrategia monetaria del BCE no está, sin embargo, en la subida de tipos, sino en su empeño en reducir el tamaño de su balance. Además de la corrección en el instrumento de inyección de liquidez a largo plazo, conocido como Tltro, en julio de 2022 se anunció el final del programa de compras netas de deuda, conocido como APP, aunque reinvirtiendo el importe de los ingresos por vencimientos. En diciembre se decidió que entre marzo y junio de este año se dejarían de recomprar títulos por valor de 15.000 millones de euros mensuales y acaba de acordarse de que a partir de julio no se reinvertirá nada. Los estados, que hasta ahora tenían en el BCE al principal comprador de sus emisiones de deuda, tendrán que buscar otros clientes. En el caso español, para unos 20.000 millones en los próximos diez meses, aunque por el momento no se advierten tensiones debido a que en el Tesoro parece ser que llevan algún tiempo preparándose.