El Gobierno andaluz eligió la competencia fiscal como pieza central de su estrategia económica. Impuestos como los de Patrimonio, Sucesiones, Actos Jurídicos Documentados o el propio IRPF han sido modificados desde 2019. Lo último, deflactar un 4,3% el tramo autonómico del IRPF para corregir efectos perversos de la inflación.

La competencia fiscal es quizá el único recurso de Andalucía para ganar competitividad frente a otras comunidades. Persigue recortar las diferencias en productividad mediante la reducción de costes unitarios de producción, tanto para mejorar la posición en los mercados, como para atraer y dinamizar inversiones. Carecemos de ventajas competitivas en capital humano y tecnológico, en infraestructuras y en capital institucional y financiero, tras la desaparición de las cajas de ahorro. Tampoco la competencia salarial es tan notable como para compensar el diferencial de productividad. Apostar por la competencia fiscal es, por tanto, una opción, no solamente razonable para Andalucía, sino probablemente también la única posible, dadas las circunstancias, para iniciar el abandono progresivo de su atraso secular.

Un problema importante es que en un marco de competencia es probable que lo que unos ganen dejen de ganarlo otros, así que resulta obligado especular sobre la posible reacción del resto y muy especialmente de Cataluña. La competencia fiscal parece ser también en esta la principal apuesta en materia de estrategia económica, con la ventaja de gestionar sus posibilidades en el marco de su negociación bilateral con el Gobierno. El independentismo pretende excluirse del foro de discusión sobre el futuro de la financiación autonómica y conseguir los privilegios que le permitan ganar competencia fiscal mediante pacto bilateral con el Gobierno. Es por ello que si Cataluña gana, no solamente Andalucía pierde (y viceversa), sino que también se desmorona una parte importante del conjunto de su estrategia económica.

Reconozcamos que los resultados de estos primeros años no han sido muy prometedores. Hemos vuelto a situarnos en la última posición en el ranking autonómico de PIB por habitante, en parte porque somos una de las comunidades que gana población en los últimos años, pero también porque los efectos de las medidas fiscales tardan en trasladarse a la inversión empresarial, antes de verse reflejados en el crecimiento. Pese a ello, existe una importante razón para el optimismo.

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y Tax Foundation para 2023, sitúa a Andalucía como la quinta comunidad con mayor nivel de competitividad fiscal, tras Madrid y los tres territorios forales vascos. Es también, junto con Murcia, la que más avanza en el ranking, indicando que se avanza en la dirección pretendida, aunque esto no garantice el cumplimiento del objetivo final (mejora en el nivel de bienestar relativo). En sentido contrario, el último lugar es ocupado por Cataluña, seguida de Comunidad Valenciana y Asturias y también pone de manifiesto la trascendencia que para estas comunidades tendrá el futuro acuerdo de financiación autonómica.