Cuando un grupo social, étnico, religioso, de género o con determinada orientación sexual o cuando una parte del territorio consigue privilegios o un trato preferente respecto de los demás, automáticamente se discrimina al resto y esto tiene consecuencias económicas importantes. La lucha contra la discriminación de la mujer y por los derechos Lgtbi han centrado el esfuerzo político del ministerio de Igualdad del anterior gobierno, pero existen otras formas de desigualdad que no han tenido atención similar. Los inmigrantes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios en nuestro país reciben sueldos inferiores a la mayoría blanca, con independencia de sus capacidades o productividad, y las inmobiliarias los discriminan a la hora de acceder a una vivienda en alquiler.

G. Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, estudió el problema de la discriminación racial y publicó su obra, Economía de la discriminación, en 1957, una época especialmente caliente por los conflictos raciales en Estados Unidos. Sostuvo que cuando un trabajador es discriminado en su salario, no solo se perjudica el trabajador, sino también el discriminador y el conjunto del país. Había trabajadores que exigían salarios superiores a los de sus compañeros negros o latinos y estos se veían obligados a aceptar la discriminación si querían ocupar el puesto. Becker sostuvo que si entre un numeroso grupo de empresas hay unas que discriminan y otras que no, las primeras no podrán sobrevivir en un marco de competencia sin restricciones, salvo que renuncien a sus prácticas discriminatorias. El mercado se encargará de expulsarlas porque sus costes de producción serán superiores y, por tanto, menos eficientes. Si extendemos el análisis de Becker a cualquier otra forma de discriminación la conclusión será la misma: todos seremos perjudicados, incluido el discriminador. También la discriminación por territorio, tan en cuestión en este momento en España a raíz del chalaneo en torno a los apoyos a la formación del próximo gobierno. En España hay territorios que disfrutan de privilegios fiscales (País Vasco, Navarra y Canarias) que se traducen en, en el caso de los dos primeros, en un mayor y mejor nivel de servicios públicos para sus ciudadanos y, por tanto, otros que sufren de discriminación, sin que hasta el momento, desde el inicio de la democracia, se hayan producido avances para corregirlo.

En un artículo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales en 2021, Tirado, Martínez y Diez-Minguela analizan la evolución de las desigualdades regionales en España desde el último tercio del siglo XIX hasta 2015. Concluyen que aumentaron de forma muy acusada hasta finalizar la primera década del siglo XX y que posteriormente se redujeron considerablemente hasta la llegada de la democracia. Pese a ello, las diferencias se mantuvieron muy elevadas hasta la década de los 60 debido a las diferentes estructuras productivas regionales, siendo aquellas de base económica fundamentalmente agraria, como Andalucía, las más desfavorecidas. En los años 60 se produjo un intenso proceso de convergencia debido a que las estructuras productivas se hicieron más homogéneas en todo el territorio, pero sobre todo a la emigración y especialmente en Andalucía. La riqueza por habitante de los andaluces se aproximó al nivel medio del conjunto de España, pero no tanto por el tamaño de su economía, como por la pérdida de población.

Curiosamente, a partir de los años 80 se percibe un nuevo cambio de tendencia hacia el aumento de la desigualdad que, en términos generales, se ha mantenido hasta la actualidad. Resulta sorprendente porque en las cuatro últimas décadas se han movilizado, primero a través de programas del propio gobierno de España y posteriormente de las políticas de desarrollo regional europeas (Feder), ingentes cantidades de recursos financieros con la finalidad principal de reducir los desequilibrios territoriales y ayudar a las regiones menos desarrolladas. La motivación era bien clara: en un contexto europeo abierto a la competencia, los territorios con niveles más bajos de productividad tendrían graves dificultades para sobrevivir.El resultado es bien conocido. Se consiguió reducir la desigualdad entre países, pero fracasaron en el caso de las regiones, lo que significa que han sido los territorios más prósperos de los países beneficiarios de la política regional europea, los que mejor han sabido aprovechar la oportunidad. La clave está en la productividad, que a su vez depende del capital humano, del stock de capital público y del entorno de innovación, que en el caso de España y sin lugar a dudas, llevan décadas acumulándose en los territorios más ricos del país.

En los próximos días asistiremos a la negociación de los apoyos de los diputados catalanes a la formación del próximo gobierno en España. El precio incluirá, según se dice, el establecimiento de un pacto fiscal similar al de vascos y catalanes. También los diputados vascos aprovecharán la situación para negociar en favor de los intereses de sus votantes y el resultado final promete convertirse en un nuevo impulso a los privilegios para unos y la discriminación de otros. Y es que en un país tan descentralizado como España hay que estar especialmente atentos a que la dispersión de las estrategias políticas de los gobiernos regionales, en connivencia o no con el central, lleve a consolidar una estructura territorial de desigualdad de oportunidades. Volverán las críticas indignadas al egoísmo insolidario catalán, pero quizá convenga preguntarse si en un país donde la discriminación, al menos en temas fiscales, es un hecho, no se justifica el esfuerzo por desplazarse a la zona de los privilegiados. La discriminación puede llegar generar a desorden público e incluso violencia y cabe preguntarse sobre la actitud que deben adoptar los responsables políticos al respecto. Probablemente la respuesta dependa del tipo de sociedad a la que se aspire. Si lo que se quiere es una convivencia pacífica, el orden y la concordia serán las prioridades, pero si aspiramos a una sociedad justa habrá que ser más reivindicativos. Los andaluces eligieron el camino de la justicia y la reivindicación el 4 de diciembre de 1977, pero de eso hace ya mucho tiempo.