Hace pocos días, el Consejo General de Enfermería presentó una querella ante el Tribunal Supremo (TS) por imprudencia grave con resultado de muerte y en el mismo sentido hizo lo propio la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que la amplió a un delito contra la seguridad de los trabajadores. El presidente de los enfermeros declaró que el 21 de febrero recibió una llamada de Sanidad para que suspendiera todos los congresos y actos programados, mientras que el Gobierno no desautorizó otros y además respaldó la manifestación del 8 de marzo.

En el plano político, Vox presentó el lunes varias querellas contra el Ejecutivo en el TS –los miembros del Gobierno son aforados–, entre ellas una similar a las de los sanitarios, imprudencia grave con resultado de muerte y, aunque existe mucha rumorología respecto a las intenciones del PP, hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión en el plano judicial, aunque Pablo Casado y otros dirigentes dicen de forma unánime que lo que exige la situación actual es colaborar en la medida de sus posibilidades para superar esta crisis, sin renunciar a ejercer como principal partido de la oposición, pero añaden que "una vez superada llegará el momento de exigir responsabilidades".

De la misma manera que Casado ha creado un equipo económico para hacer propuestas en un momento tan grave, que refuerza el gabinete económico actual con ex ministros y asesores que trabajaron para Aznar y Rajoy, también se ha creado en Génova un equipo jurídico al mando de Enrique López, que desde el pasado enero es el secretario de Justicia e Interior de la formación.

López es un juez con larga trayectoria que ejercía su labor en la Audiencia Nacional hasta que Isabel Díaz Ayuso le ofreció ser consejero de Justicia e Interior de Madrid. Fue miembro y portavoz del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Siempre ligado al PP, sigue muy de cerca la actualidad política.

El papel de Dolores Delgado

Los ojos están puestos días en la Fiscalía, cuya función es la protección de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables. No ha iniciado actuaciones políticas, pero sí de defensa de los derechos ciudadanos: 126 en toda España, todas ellas por lo civil, y se ha abierto 82 diligencias más por lo penal, la mayoría relacionadas con fallecimientos en residencias y con el riesgo sufrido por cuidadores y sanitarios por falta de medios de protección.

Todas las personas consultadas coinciden en que las querellas que previsiblemente se presenten contra el Ejecutivo se circunscribirán al ámbito penal y de hecho así ha sido hasta ahora. El TS, una vez recibida una querella, designa un instructor, que envía a la Fiscalía el resultado de sus investigaciones y nombra un fiscal.

Una querella contra el Gobierno tiene una connotación política tan clara que con toda seguridad será analizada por la Junta de Fiscales, que habitualmente se siente incómoda cuando debe tomar posición ante un caso que afecta de forma directa a partidos y políticos y, en este caso, a la vista de las querellas presentadas, podría afectar a la propia continuidad del Ejecutivo. Con un ingrediente añadido: la Fiscal General del Estado, que por su cargo preside la Junta de Fiscales, ha sido ministra de Justicia y prometió inhibirse en asuntos en los que se pudiera poner en duda su imparcialidad, y es seguro que la Junta sería presidida por el teniente fiscal.

Varios fiscales, alguno muy crítico con el nombramiento de Dolores Delgado, admiten que desde que asumió su cargo está ejerciendo sus responsabilidades con un cuidado exquisito. Uno decía abiertamente que "es consciente de que tiene que blanquear su figura y si llegara una querella contra el Gobierno, actuaría con la ejemplaridad a la que obliga su cargo". Otro afirmaba que "está haciendo un gran esfuerzo por ser nuevamente Lola Delgado, una fiscal que tenía sus cosas, pero que fue una buena profesional".

Algún fiscal, en cambio, sí muestra más reticencias con el presidente la Sala Segunda de lo Penal del TS, Manuel Marchena, uno de los magistrados de mayor prestigio pero cuya imagen ha sido muy criticada por sectores profesionales, incluso progresistas, cuando en el juicio del procés abrazó la posición de la Abogacía General del Estado, obligada a asumir la posición del Gobierno, que rebajó el delito de rebelión al de sedición.

Los ojos están centrados en el PP, que hasta ahora no ha mostrado sus cartas como sí ha hecho Vox. Y las tiene, aunque las jugará serán en el momento oportuno. La prioridad es trabajar en la comisión parlamentaria creada el lunes que, a pesar de que el Gobierno se opone a que sea una comisión de investigación, el PP pretende que, sin llamarla así, se convierta en un foro que no sólo plantee un proyecto de reconstrucción, sino que durante el proceso salgan a la luz los muchos errores de gestión del Ejecutivo, alguno de los cuales podría ser delictivo. Por otra parte, tienen en marcha una comisión de investigación parlamentaria en la Asamblea de Madrid... que impregnará el trabajo de la comisión del Congreso.

La economía tumbará a Sánchez

La posición oficial es que en el plano penal hay una gran variedad de actuaciones que pueden ser delictivas, desde el reparto de las mascarillas y material para los test defectuosos, hasta la falta de seguridad para los sanitarios, no atender las indicaciones de la UE y la OMS para suspender los actos masivos, la no actuación de la Fiscalía ante los actos de odio contra el Ejército o la Guardia Civil... El PP tiene pruebas de que desde primeros de marzo el Gobierno ya conocía, con datos, que el coronavirus ya estaba presente en España. Las palabras "homicidio imprudente" las pronuncia abiertamente uno de los miembros del equipo jurídico del partido: "Contaban con información sólida sobre la llegada del coronavirus y animaron a la gente a actuar con normalidad y acudir a las manifestaciones".

Sin embargo, quieren amarrar todo muy bien desde el punto de vista judicial antes de presentar una querella. No hacerlo así, podría producir una condena mínima, por un "delito no grave". Recuerdan lo ocurrido con la colza, que se saldó, tras años de instrucción y juicio, con la condena a pagar a los afectados. "Lo que planteamos en el equipo jurídico es preparar las cosas muy bien, muy sólidamente. No disparar por disparar, como hace Vox".

Casado, así lo transmiten miembros de su equipo, incluido alguno que forma parte de la secretaría jurídica, está convencido de que "el fin de este Gobierno no lo marcará el Supremo, sino la economía. Cuando se empiecen a bajar las pensiones y los sueldos de los funcionarios, no se pueda prolongar la renta mínima –que el PP está de acuerdo con ella en estos momentos, pero no puede ser perpetua–, se dispare aún más el desempleo y sea imposible cumplir todo lo que promete Pablo Iglesias acabará el Gobierno de Sánchez. A Zapatero no lo echó la Justicia, sino la economía".