Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la máquina de la verdad de la política, lo demás es retórica. O como escribió Ignatieff refiriéndose a la podredumbre de la política: fuego y cenizas. Las cuentas públicas, que serán las últimas de la legislatura, ofrecen varios flancos para el análisis: el nuevo acuerdo entre los socios para sacarlas adelante, su efecto real sobre la sociedad española y su inevitable orientación electoral.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cogido carrerilla. Y parece controlar la llave de frío/calor de sus socios. Aún a falta de la última palabra del Parlamento, desde la legislatura de Rajoy de 2012 no se aprobaban tres Presupuestos seguidos. Los de 2017 y 2018 fueron prórrogas de los anteriores y los de 2019 fueron rechazados por el Congreso y devueltos al Gobierno. La falta de mayoría parlamentaria y los casos de corrupción de la Gürtel provocaron la moción de censura que perdió el PP. Los de 2020 venían prorrogados por segundo año debido a la pandemia.

Acelerón y paso atrás

En este ciclo espídico de siete años la sociedad española ha experimentado un acelerón que ha movido los cimientos de la política nacional. En 2015, Podemos irrumpió en el Congreso de los Diputados con 69 escaños y Ciudadanos con 40. Podemos ha evolucionado hasta los 35 parlamentarios y las encuestas le auguran una ligera bajada, lo que indica que seguirá siendo un actor relevante. Cs alcanzó la cifra de 57 diputados en abril de 2019. Sólo siete meses después bajó a 10 diputados, perdiendo 2,5 millones de votos de una tacada. Demoscópicamente se vaticina su desaparición. Aquel nuevo escenario cambió la política española y el juego de equilibrios parlamentarios. Los actuales 52 de Vox (las encuestas anticipan una bajada de hasta 8-9 escaños) y el fulminante final de Cs, que como James Dean muere joven y deja un cadáver hermoso, va a reequilibrar el voto hacia el PP, el gran beneficiado de los movimientos finales del ciclo. Si no se observan estos datos, no se entiende con claridad qué ha pasado en España estos años y por qué, en esta situación, tiene mérito sacar tres presupuestos adelante.

Una hoja de ruta

Llueve rápido y todo parece lejano. Pero estamos consumiendo un periodo de agitación social y electoral con consecuencias evidentes. Con esta tercera aprobación se recupera cierto círculo virtuoso, lo que ofrece estabilidad al Ejecutivo y previsibilidad en las inversiones. Se estará o no de acuerdo con su orientación, pero España tiene una hoja de ruta presupuestaria y esa es una buena noticia. Llega otro ciclo electoral en el que puede haber (o no) cambio de Gobierno. Eso es lo deseable, que la democracia funcione con normalidad, alejándonos del ciclo vicioso de la repetición de elecciones y demás anomalías aparejadas. La asignatura pendiente –y se diría que imposible– es la trasversalidad entre bloques. La voluntad del PSOE y PP de apoyarse en situaciones críticas para el país multiplicaría la solidez del sistema y rebajaría o anularía la capacidad de influencia y la dependencia de los extremos. Ninguno de los dos tiene recompensa suficiente para hacerlo. De hecho, una masa crítica de votantes del PSOE prefiere un pacto con UP (aunque hubo tiempo en el que prefirieron sumarse a PP y CS que a ERC) y la del PP con Vox. Otra cosa sería que lo hicieran simplemente porque es bueno para España. Pero, en efecto, esa es otra cosa que ni está ni se le espera.

Las cuentas

PSOE y UP han vuelto a sellar un acuerdo para unas cuentas públicas cuando el mandato enfila su recta final. Cuando se cerró la coalición de gobierno, la primera en nuestra democracia, prácticamente nadie le concedía crédito. Puede decirse que trabajosamente y con muchos caídos que han ido quedando por el camino, la sola aprobación conjunta de tres presupuestos es un éxito político. No se le puede negar la habilidad a Pedro Sánchez para embridar a sus socios, que con la salida de Pablo Iglesias y el paso al frente de Yolanda Díaz bajaron notablemente los decibelios que emitían hacia el exterior, aunque no se haya acallado del todo la caja de grillos. Ni va a desaparecer el ruido: una coalición nunca se produce entre iguales y PSOE y UP no lo son. No tienen un mismo proyecto de país, ni comparten su mirada sobre la economía, la política exterior o la de defensa. Pero han sabido reducir sus visiones a una sola, aunque el peso socialista es evidente en cada una de las decisiones. Por eso es un éxito político. La coalición probablemente se romperá por motivos electorales llegado el momento. Pero habrá sido un artefacto que ha rendido un servicio en una España que venía de repetir dos elecciones y en la que por tercera vez no vislumbraba un pacto de Gobierno alternativo. La coalición ha abierto un camino y posiblemente no sea la última, veremos de qué signo. ¿Eso significa que haya sido una Arcadia feliz o que la huella que va a dejar sea la mejor posible? No, obvio. Pero no analizar estas terceras cuentas como el resultado de un pacto político que ha funcionado razonablemente es un ejercicio de ceguera.

Los otros socios

La aprobación por parte del Gobierno es el primer paso. El discurrir de las cuentas por el Parlamento va a enfrentar al sistema político, social y mediático a otra prueba de estrés. Sánchez vuelve a necesitar los votos de los independentistas. Necesita conservar su mayoría heterogénea y extraña. A los votos del Gobierno deben sumar los de PNV, ERC, Bildu, JxCat, además de otros pocos votos desperdigados en varias formaciones políticas. Siempre es un ejercicio difícil. Es una partida de "te doy-me das". Y en estos casos lo más barato es ofrecer dinero, partidas, inversiones. Lo más caro son los otros tipos de acuerdos, que no siempre están sobre la mesa. Son los que incluyen acciones y decisiones políticas más difíciles de explicar. En esta ocasión, en la recta hacia las próximas generales, ERC ya ha insinuado sus condiciones: revisión del Código Penal y determinados delitos que afectan al regreso a España o a la política de algunos de los líderes del procés y flexibilidad o laxitud en la aplicación de la ley del español, entre otras cosas como lograr la mayor inversión de todas las comunidades. JxCat, ese partido imprevisible, tiene su propia agenda en plena gresca con sus socios de ERC –el viernes, de hecho, abandonaron el Govern–. El PNV, que vigila con un ojo el crecimiento de Bildu, ceñirá el dogal sobre Calviño. O Estatuto, con sus inversiones, íntegro o nada. Por ahí van las cosas. Y no son fáciles.

Beneficio real

Se trata de las cuentas más expansivas de la historia en nuestro país, y se hacen carne en una España golpeada desde la pandemia, cuyos efectos socioeconómicos aún colean, y agravada por el cuadro económico actual: inflación al 9% en septiembre, subida de tipos de interés, dificultades en el suministro y precio del gas y como consecuencia una posible recesión. Aunque el cuadro macroeconómico que da cobertura al proyecto de ley de los PGE 2023 es razonablemente optimista: prevé un crecimiento del 2,1% el año próximo (por encima de las estimaciones de distintos organismos), calcula que a finales del año próximo haya 21 millones de ocupados con una tasa de paro inferior al 12% y que se acentúe la caída de la inflación los próximos meses. En general, defienden la viabilidad de las cuentas basándose en un crecimiento con relativo vigor, el dinamismo del empleo, las exportaciones exteriores y la activación de la inversión. Así lo ve el Gobierno. Sin embargo, la incertidumbre predomina el panorama, con una guerra desatada y algunas vulnerabilidades como el crecimiento del endeudamiento, que ha pasado del 35,8% del PIB en 2007 al 118,4% en 2021.

Gasto contra austeridad

En situaciones de crisis e incertidumbre como la actual, hay al menos dos escuelas, la de la austeridad y la del gasto expansivo, subidas fiscales y mayor endeudamiento. La mirada depende mucho de hacia dónde enfoca: si el primer objetivo es la salud de las cuentas públicas o los ciudadanos. No es trampa, es que la experiencia ya ha demostrado qué ocurre cuando se aplican políticas de austeridad, como ocurrió en la UE tras la crisis de 2008. Aún estamos tratando de recuperar los mecanismos que reducen la desigualdad y propician crecimientos equilibrados y equitativos. La red de malla de la protección oficial, la educación pública, la sanidad o la ley de dependencia –que dejó de tener dotación económica– aún tienen boquetes importantes. En cambio, la escuela liberal clásica –la austriaca, por ejemplo, autobautizada como "ciencia económica del libre mercado", puramente anti keynesiana– sostiene que aumentar la deuda es ineficaz y una engañifa. A cambio, apuesta por la empresa privada para compensar la contracción del sector público. Otros, como Stiglitz, Premio Nobel de Economía y ex economista jefe del Banco Mundial, aseguran que la austeridad lo único que consigue es frenar el crecimiento.

Calviño vs Espinosa de los Monteros: la España real

El Gobierno actual no parece muy fan de la escuela austriaca, más bien lo contrario. Por eso ha aprobado el presupuesto más expansivo conocido hasta ahora. El techo de gasto se eleva a casi 200.000 millones de euros. Incluye el aumento del salario de los funcionarios (9,5 en tres años), la actualización de las pensiones con el IPC (8,5), más gasto sanitario, ayudas de todo tipo a las familias, autónomos y pymes y una subida del 25% del gasto en Defensa para cumplir con los socios europeos y los compromisos adquiridos. Los PGE incluyen ayudas para el Bono joven de alquiler, subvención o gratuidad de los trenes de cercanías o el polémico cheque de 100 euros mensuales a las madres con hijos de 0 a 3 años y que recuerda demasiado al cheque bebé de Zapatero, una idea interesante que se convierten en pésima si se ejecuta sin un mínimo sentido de la progresividad. Las cuentas no son una subasta aunque lo parezcan a poco más de un año para las elecciones. Peor lo que sí son es el reflejo del credo de este Gobierno, al que le irá bien o mal electoralmente, pero que ha optado por apostar por reducir las desigualdades y poner sobre la mesa todo lo disponible para propiciar una salida de la crisis sin grandes destrozos en la red de servicios públicos. El lance parlamentario de esta semana entre la vicepresidenta Calviño y Espinosa de los Monteros, de Vox, explica a las claras la diferencia entre entender y conocer o no comprender e ignorar a la llamada España real.

Te aplaudo pero no te voto

Lo que resulta más complejo es comprender por qué hasta el 70% de los ciudadanos apoyan las medidas sociales del Gobierno y su intención de voto no se revoluciona mientras el PP que las rechaza todas, sube. Lo del PP se entiende por la captura de votos de Cs, el corte de la hemorragia hacia Vox y la captación de votantes del PSOE, que a su vez recibe un 8% de UP y un 12% de abstencionistas, según el sondeo de esta semana de 40db. Pero lo del PSOE es un galimatías demoscópico aunque a la vista de los datos es una temeridad pensar que las próximas elecciones tienen ya ganador. Sobre siete indicadores (inflación, dependencia energética, agenda social, la guerra de Ucrania, el paro, cambio climático o inmigración) en seis supera al PP y empata en la gestión de la inflación. Pero no recibe el Ejecutivo un apoyo mayoritario a su gestión. O sea, el personal está encantado con pagar menos o recibir más pero no premia a quien lo facilita. El apoyo de Bildu y los independentistas es claramente la kriptonita de Pedro Sánchez, opera como un lastre imposible de superar. No se les juzga por las leyes se aprueban con su apoyo sino por quienes son. Pero en cualquier caso hay que recurrir a otras ciencias para explicar por qué deciden los ciudadanos deslindar su apoyo a las medidas de su aprobación a quien impulsa las medidas que ellos mismos apoyan. Esoterismo haberlo, haylo.