El dictamen de la Ley de Amnistía que salió el jueves de la Comisión de Justicia del Congreso, y que oficialmente se llama Ley para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña, fue recibida por Félix Bolaños con una euforia sorprendente. Hay que tener mucha capacidad de falsear la verdad, o ser un ignorante funcional –que no es el caso– para decir, como ha dicho el ministro de Justicia, que va a ser "un referente mundial".

Puede serlo, pero no en el sentido al que se refería Bolaños.

Aunque ha sido aprobada por la mayoría de los miembros de la mencionada comisión, y con toda probabilidad será aprobada también por la mayoría de los diputados del Congreso, se trata de una ley que va contra la independencia de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues conmina a este último a asumir las decisiones del Ejecutivo con el apoyo del Legislativo, dejando de lado así los fundamentos del Estado de derecho. Y eso no lo aceptará ningún país democrático. Es más: la intención del Ejecutivo, que ha buscado el apoyo del Parlamento –el Legislativo– es que esa ley se imponga a los artículos del Código Penal, referencia de los jueces y fiscales para pronunciarse sobre los delitos de corrupción, traición, malversación y terrorismo a los que se aplicará la amnistía.

Lo aprobado el jueves es un dictamen de la Comisión de Justicia que pasará al Pleno del Congreso la semana próxima. Posteriormente pasará al Senado, de mayoría del PP, que tiene la intención de cumplir milimétricamente todos los trámites parlamentarios –ponencia, comisión, debate de enmiendas– y podría tardar hasta dos meses antes de devolverla al Congreso para su aprobación definitiva.

Se trata de una ley que no ha pasado por el Consejo de Estado –órgano consultivo del Gobierno–, y que ha sido cuestionada por la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa que también ha expresado en su borrador su inquietud por el texto, en el que recoge, además, que no provocará la supuesta reconciliación y pacificación de la sociedad catalana, como dice el Ejecutivo. Las conclusiones de la Comisión de Venecia, sin embargo, han sido conveniente manipuladas por el Gobierno de Pedro Sánchez y por dirigentes socialistas para convertirlo en un texto de apoyo y comprensión a la ley.

Otra de las maniobras del Ejecutivo y sus socios para hacer valer la importancia de la ley ha sido acusar de prevaricadores a los jueces que se oponen a ella, una descalificación hiriente para los profesionales encargados de impartir justicia a través de los tribunales. Inadmisible que desde el propio Gobierno se ponga en cuestión su imprescindible imparcialidad.

Los 1.500 de Puigdemont

El papel de los jueces ante esta ley, lo que aparentemente no ha tenido en cuenta el Ejecutivo ni sus socios, bien por falta de conocimiento, bien porque la prepotencia les ha llevado a no hacer las consultas pertinentes, es que efectivamente es obligado acudir al Código Penal a la hora de plantear la amnistía. Pero hay más: el Legislativo aprueba una ley promovida por el Ejecutivo o por un grupo parlamentario, pero la interpretación de esa ley es responsabilidad de los jueces y fiscales, solo de ellos. Tienen la última palabra.

Consultados distintos profesionales del Derecho coinciden en que el dictamen de la Comisión de Justicia deja cabos sueltos. La urgencia de Carles Puigdemont para que Sánchez acelerara el proceso que culminaría con la aprobación de la Ley de Amnistía ha provocado la insistencia más en incluir en el texto los cuatro delitos que permitirían amnistiar a las 1.500 personas que quiere Puigdemont que en estudiar cómo hacerlo. Se trata de las más de mil personas incursas en el llamado procés y los actos ocurridos en 2017 con la celebración de un referendum ilegal y la proclamación unilateral de independencia en el Parlamento catalán, que se suspendió 45 segundos más tarde.

Desde que Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno y presumió de que lograría la necesaria convivencia entre catalanes, Puigdemont vio una posibilidad, desde su refugio de Waterloo, de lograr algún tipo de acuerdo con el jefe del Ejecutivo, que se acrecentó cuando en julio de 2023 el PSOE no ganó las elecciones pero el PP de Feijóo no lograba los escaños suficientes para gobernar con Vox. Desde entonces, Sánchez dio prioridad absoluta al diálogo con Puigdemont, con 7 escaños de Junts en el Congreso que le garantizaban la continuidad como presidente.

Puigdemont, evidentemente, impuso sus condiciones. La primera, una ley de amnistía. La segunda y sucesivas, que la ley incluyera los delitos de malversación, traición, corrupción y terrorismo. Las negociaciones han sido largas y se fueron aceptando todas las exigencias del ex presidente catalán fugado, incluidas que la amnistía alcanzara a la familia Pujol, que no había participado en los actos que convulsionaron el otoño de 2017. Actos de sedición, según la Justicia, con la condena de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a una docena de dirigentes independentistas, que pasaron varios años en prisión antes de ser indultados por el Gobierno.

Entre ellos no se encontraba el ex presidente de la Generalitat Puigdemont, que se había fugado a Bélgica y desde allí, desde un palacete alquilado en Waterloo, creó un Comité para la República. Tras el indulto a sus antiguos compañeros de Gobierno, prepara su regreso a España gracias a la Ley de Amnistía que ha negociado con los colaboradores de Sánchez. Santos Cerdán, Félix Bolaños y José Luis Rodríguez Zapatero son quienes han mantenido los contactos con el dirigente de Junts Jordi Turull y el propio Puigdemont.

El futuro del fugado

Puigdemont y las personas a las que podría aplicarse la amnistía gracias a la ley que se aprobará dentro de dos o tres meses consideran que serán amnistiados antes de que lleguen el verano. Es más, desde el círculo de Waterloo se transmite que el ex presidente podrá viajar a España en pocas semanas y sería recibido con alfombra roja, limpio de polvo y paja.

No es tan fácil. Como hemos apuntado, la ley se aprobará sin ninguna duda, y además no se aceptarán las posibles modificaciones que pueda incluir el PP durante su paso por el Senado, se anularán al regresar al Congreso. Pero la aplicación de la ley corresponde a los tribunales, a los jueces, los únicos que tienen competencias para interpretar cómo afecta a cada una de las personas que solicitan su aplicación, siempre teniendo en cuenta el Código Penal. En ese sentido, por mucho que los miembros de la Comisión de Justicia hayan acusado a los jueces, en general, de prevaricadores, el Estado de derecho otorga plena independencia al poder judicial sobre el Legislativo y el Ejecutivo. Lo que recogen todos los países democráticos del mundo. Si en España el Ejecutivo y el Legislativo, hoy bajo las presiones y exigencias de Puigdemont, se negaran a aceptar las decisiones de los tribunales, el Supremo podría presentar una cuestión previa ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y con toda seguridad lo haría: el legislador no puede intervenir en ninguna decisión que tome la Justicia. La cuestión previa no paraliza la amnistía, pero suspende la aplicación de la ley hasta que se pronuncie el tribunal europeo.

Es decir, se prevé un choque de trenes de imprevisibles consecuencias. Entre esas consecuencias podría ocurrir que los esfuerzos de Puigdemont por llegar a España en olor de multitudes y que lo aclamen al grito de president e independencia se queden en nada, y se encuentre con que la ley que él ha promovido y dictado, no le sea útil para alcanzar lo que busca: la Generalitat. Y desde allí, como ha anunciado su brazo derecho, Jordi Turull, promover primero la autodeterminación y, después, la independencia.

No le va a ser tan fácil, ni siquiera con la ayuda incondicional de Pedro Sánchez.