Subir salarios y bajar precios serán las reivindicaciones sindicales del próximo 1 de mayo. Es lógico, porque durante 2022 tanto el salario medio como los sueldos pactados en convenio crecieron 2,9 puntos, mientras que los precios lo hicieron 8,4, por lo que el poder adquisitivo de los asalariados se redujo 5,5 puntos, que fue una de las mayores caídas de salario real en el mundo (Taxing Wages). En lo que va de 2023, el crecimiento salarial pactado es de 3,1 puntos, pero los salarios reales continuarán cayendo porque la previsión de inflación sigue siendo más elevada.

El Banco de España y casi todos los analistas advierten desde hace tiempo de que, si los salarios se indexan con la inflación, se puede despertar la temida espiral precios/salarios, según la cual los primeros presionan al alza sobre los segundos y viceversa. El argumento vale, en realidad, para cualquier tipo de rentas, incluidas las pensiones y los alquileres, y el temor está justificado por la contrastada dificultad de acabar con ella. Lo cierto, sin embargo, es que, según el FMI (Wage-Price Spirals: What is the Historical Evidence?), no existe evidencia de que el ajuste del salario nominal a la inflación provoque necesariamente y en todos los casos la escalada de la espiral, ni de que la contención del primero garantice el aplanamiento de la segunda. En otras palabras, que las causas de la inflación son las que son y no desaparecen por la renuncia a la defensa del poder adquisitivo de los salarios.

A favor de las reivindicaciones de los trabajadores juega el extraordinario crecimiento en los beneficios de las empresas durante 2022 que refleja los datos de la Central de Balances y la recuperación de los excedentes empresariales que recoge la Contabilidad Nacional. Hay que admitir que las empresas acusaron el golpe de la pandemia en mayor medida que los asalariados, gracias a los mecanismos de protección que se arbitraron, pero la inflación que se inició en el otoño de 2021 lo está cambiando todo y perjudica especialmente a los asalariados y tanto más cuanto más bajos son los sueldos. Es lo que sostiene la OIT en su Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023, en el que se apunta la caída del salario real como un fenómeno de carácter global.

Asistimos, por tanto, desde la pandemia, a un conflicto con alternancia en las ganancias entre las rentas del trabajo y del capital, en el que ha terminado incrustándose la inflación, para enturbiar todavía más el ambiente y obstaculizar las soluciones. El pacto de rentas es una llamada al diálogo entre contendientes con el fin desactivar la escalada de precios y facilitar un reparto justo de los costes de la inflación, pero conviene no olvidar que en este juego también participan las rentas públicas. Son las grandes beneficiadas de la escalada de precios y sin ellas el pacto resultaría imposible en la práctica. El problema es que obligaría a deflactar tarifas impositivas para que los ingresos públicos también se ajusten a la inflación. El reparto equitativo de la carga significa que todos han de sacrificarse, lo que, en el caso de las rentas públicas, obligaría a ajustar el gasto público, algo poco probable en año electoral.