Circula un silogismo cargado de intencionalidad táctica pero muy deficiente en cuanto a su formulación política: si el PSOE gobierna en coalición con UP y se apoya en partidos como ERC o Bildu, el PP está legitimado para gobernar con Vox. La legitimación de un acuerdo de la derecha moderada con la ultraderecha tiene, por tanto, un sustento en el juego de equilibrios y se basa en la réplica a lo que hace su rival de centro izquierda. Se propone un juego de espejos que, con efecto inmediato, normaliza el pacto en Castilla y León, que es el desafío en llamas que la imprudencia de Casado y la inconsistencia de Mañueco por no hacer lo que le convenía a su comunidad y por su propia debilidad electoral le ha endosado al nuevo PP. Con lo que ha sido aquella comunidad, plácida e históricamente gobernada por los populares.

¿Qué viene después?

Y una vez solucionado el meollo de Valladolid, ¿qué? Porque, obviamente, esa naturalización del gobierno con la derecha radical es la única que a día de hoy permitirá al PP recuperar el Gobierno de la nación. Un hipotético rechazo del PP a compartir gobierno con el partido de Santiago Abascal convertiría al PP en una formación homologable con la mayoría de la derecha liberal y moderada europea pero lo condenaría a remar en galeras hasta que se produzca –si se produce– una realineación de los espacios electorales en España entre el centro y la extrema derecha. Sería interesante y de probada utilidad pública que el PP, que inicia una vez más una nueva etapa, saliera del congreso de Sevilla donde será elegido Núñez Feijóo con una posición sobre sus pactos. Informar a la sociedad sobre si el pacto de Mañueco es una excepción o será la norma sería un ejercicio de probidad plausible e información valiosa para los ciudadanos antes de votar. No ocurrirá. El PP mantendrá una dignidad formal, un discurso con rayas que no se cruzan, y después, si le interesa y/o no tiene más opciones volverá a pactar con Vox.

El PSOE y sus pecados políticos

Los acuerdos del PSOE con ERC o JxCat son, en efecto, rechazables. Estos partidos independentistas, aliados en Junts pel sí hicieron un referéndum ilegal que atentaba contra la Constitución, la unidad de la nación y la soberanía nacional, provocando la inestabilidad de nuestro país y una ola de consecuencias funestas para Cataluña que aún persisten. Es fácil entender que un partido como el PSOE no debería apoyarse en un partido que no cree en España.

El entendimiento con Bildu es, obviamente, trágico. Bildu es un partido legal y que formalmente condena la violencia. Pero la parte dominante de EH Bildu es Sortu, que no ha roto con la historia criminal de ETA a la vez que le da oxígeno a los presos de la banda. Mientras gente como Otegi, Permach o Mertxe Aizpurua continúen siendo la cara de la izquierda abertzale hay poco que rascar, por más que otros dirigentes como Oskar Matute o Iñárritu siempre hayan tenido una trayectoria crítica contra la banda. En cualquier caso, son apoyos indeseables. Los motivos por los que el PSOE no ha tenido otros apoyos homologables disponibles es el asunto de fondo de la política española, pero interpela especialmente a los socialistas y populares. A Cs ya no porque murió plácidamente cuando optó por una repetición electoral que, teóricamente los iba a catapultar por encima del PP antes que apoyar a Pedro Sánchez. Pero PSOE y PP están más cómodos culpándose de sus incongruencias que tratando de entenderse.

Vox no es igual que UP

No se sostiene tratar de equiparar a Vox con UP. Forma parte de la misma estrategia, pero tampoco es cierto. UP es un partido que tiene demasiadas mochilas a las espaldas para tan corta trayectoria. Es un partido de izquierda radical con propuestas que evidentemente se sitúan fuera de los cauces centrales que ocupan la socialdemocracia y el liberalismo conservador. Impulsa medidas económicas y sociales que incomodan y propuestas de carácter moral (aborto, asuntos relacionados con el LGTBI, eutanasia, etc) que cuestionan lo establecido. En el área económica, de la mano de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo y Economía social, está teniendo un mejor desempeño institucional del que cabía esperar. Y, en cualquier caso, tiene zonas oscuras en sus vinculaciones venezolanas.

De acuerdo en todo. Pero UP no es como Vox pero en sus antípodas ideológicas. UP no cuestiona ni con sus postulados teóricos ni con sus propuestas el sistema democrático. Vox, sí. Vox es un partido xenófobo, racista y homófobo, un partido que niega la violencia contra la mujer e incluso el cambio climático. “Que se caliente un poquito el planeta evitará muertes por frío”, dijo su diputado Francisco José Contreras en una comisión en el Congreso.

Ilegalizar partidos, minorías, inmigrantes

Vox propone la ilegalización de partidos políticos (los independentistas), lo que supone subvertir el mismo orden constitucional que supuestamente quiere defender con la propuesta –la preservación de la unidad de España–; colisiona con la Constitución, que protege el “pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico”, lo que paradójicamente protege también a Vox; y desoye la doctrina del TC sobre la compatibilidad de cualquier proyecto con la Constitución “siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos y los derechos fundamentales”. Curioso. Vox hace un tirabuzón: cuestiona la existencia de partidos protegidos por la ley que a ellos los habilita y les faculta para pedir algo así como que esa ley sólo les proteja a ellos y, a la vez, pide la prohibición de un partido yendo justamente contra el TC que avala su existencia siempre que no vulnere los principios democráticos, que es lo que hace Vox cuando propugna esa ilegalización. O sea que, además, tienen un pequeño lío procedimental y una gran telaraña conceptual en cuanto a los valores fundamentales del sistema democrático.

Pero además Vox propone acabar con la protección de las minorías sociales o directamente laminar los derechos de los inmigrantes. Por no hablar de la cruzada contra las agresiones machistas. Sin saltarnos un cierto negacionismo en torno a asuntos vitales de la sanidad publica. Cuando se les equipara por su actitud respecto a los medios de comunicación también se yerra, si bien tanto Vox como UP han patinado seriamente en ese ámbito. Pablo Iglesias pedía una regulación y un control desde el poder público para garantizar su concepto de “la libertad de prensa”, que debe estar basado en los principios de la desintermediación o, lo que es lo mismo, de la inexistencia de los periodistas como intermediarios del derecho a gestionar la información, así como para evitar la concentración de la propiedad. Vox ha elevado la apuesta y promete cerrar las televisiones públicas y de paso, La Sexta.

En definitiva, uno hace propuestas radicales que pueden o no compartirse. Pero Vox cuestiona derechos fundamentales que de aplicarse supondrían un quiebre del sistema democrático. No son extremos equiparables. Y es de esto de lo que estamos hablando. Vox ya ha dado un salto y le ha presentado sus credenciales al PP: o dentro del Gobierno o nada. Sánchez sólo mantiene con Bildu o ERC acuerdos puntuales y desde fuera del Gobierno. Feijóo ha culpado al PSOE del pacto de Mañueco con Vox. Es justo lo que podría hacer Pedro Sánchez respecto al PP: su apoyo podía haber evitado a UP, ERC y Bildu. Esas acusaciones son sólo minutos basura.

García-Gallardo y Olona, caras de vicepresidentes

Ésta es la cuestión: gobernar o no gobernar con quienes proponen ese salto al vacío. En Castilla y León ya lo van a hacer: Vox entra por primera vez en un Gobierno con una vicepresidencia, tres consejerías y en el lote se añade la presidencia de las Cortes. Será la primera región de la UE donde gobierna la extrema derecha. El jefe del Partido Popular europeo y ex presidente del Consejo, Donald Tusk, ha calificado de “capitulación” del PP el acuerdo con Vox. “Es una triste sorpresa (...) espero que sea sólo un incidente o un accidente y no una tendencia en la política española”. En el horizonte está Andalucía, que irá a elecciones sabiendo que el nuevo PP bendice pactar con Vox. Ya hay jurisprudencia orgánica. Tenía razón Abascal: a su candidato García-Gallardo se le estaba poniendo cara de vicepresidente. Macarena Olona debe estar mirándose en el espejo.