Una curiosa iniciativa de Ada Colau

A un año de las elecciones municipales, la alcaldesa de Barcelona, la radical Ada Colau, ha decidido ponerse las pilas. Las encuestas que maneja no deben ser muy positivas para ella, porque ha decidido enfrentarse al problema que agobia y preocupa a la mayoría de los ciudadanos, la proliferación de pintadas y grafitis en los espacios públicos.

La izquierda en general siempre ha mostrado tolerancia con las pintadas y grafiteros. Lo justificaban como libertad de expresión, chiquilladas, protección de una minoría y lesiones al odiado orden burgués. Sin desdeñar el puñado de votos que perderían si se posicionaran en contra. Si la izquierda representa la defensa del colectivo frente a lo individual, resulta una contradicción insalvable la defensa de un grupito de narcisistas malcriados, frente a los derechos de la mayoría de vivir en una ciudad limpia. Olvidaban, intencionadamente, que la ciudad es una propiedad colectiva y que, quien atenta contra ella, atenta contra todos. Sin olvidar, también, el dineral que cuesta a los propietarios de viviendas eliminar las pintadas para defender una ciudad más limpia y habitable.

Si la izquierda mira con tolerancia y una cierta simpatía a estos grupos, la derecha, en el tiempo que ha gobernado la ciudad, tampoco ha hecho nada. Aunque pintar las fachadas está prohibido por la ordenanza municipal, nadie la ha puesto en marcha.

La actitud de los arquitectos frente a este fenómeno es muy antigua. Los razonamientos del ilustre arquitecto austriaco Adolf Loos (1870-1933) en su conocido libro Ornamento y delito, fueron uno de los cimientos de la arquitectura moderna. En él, Loos considera que la decoración, sea ornamental, grafitera o tatuada, es un símbolo de barbarie, contra las nuevas formas civilizatorias de la vida moderna.

Pues bien, supongo que, a la vista de las encuestas, Ada Colau se ha caído del caballo. Prohíbe y multa, hasta con 3.000 Euros, las pintadas en iglesias, medios de transporte y edificios catalogados. Refuerza la acción de la policía municipal para descubrir a los artistas y que hagan efectiva la sanción, ellos o sus familias. Reclamará el dinero que los medios de transporte dejen de percibir mientras se limpian. Y no solo eso: denunciará ante la Fiscalía las pintadas como atentado contra el patrimonio.

Todo esto sería impensable en Sevilla, ciudad singular conocida por su historia universal, que posee tres monumentos declarados Patrimonio Mundial, en la que la inhibición del Ayuntamiento contra los grafiteros es total. Y no es porque la policía local no los conozca, pues incluso firman sus creaciones con total impunidad.

Es esta barra libre lo que les motiva a pintar más sobre edificios históricos, de nueva construcción o recién renovados, ladrillo, cristal y todo lo que se les meta en la cabeza. Y si para los sevillanos es lamentable, qué decir de nuestros visitantes. Se van con una referencia de ciudad sucia y, aparentemente, abandonada por su ayuntamiento, último responsable de su imagen. Como se ha mostrado en el espectacular desfile de Dior en la Plaza de España, el prestigio de Sevilla es universal y no podemos dejar que se erosione.

Soy de la opinión de que, en cuanto se multara a uno de estos grafiteros, el número de pintadas en la ciudad histórica caería de forma significativa. Pero para ello hace falta abandonar el buenismo y atreverse a ello.

Hay que dar también la batalla cultural en las escuelas y las familias. Convencer que pintarrajear la ciudad no es moderno ni progresista y mucho menos street art. Es una acción cutre, estúpida e ilegal que perjudica a todos y, especialmente, a Sevilla.