EL bipartidismo murió pero vamos camino de una especie de bipartidismo con muletas. La encuesta del CIS de esta semana es concluyente respecto al fortalecimiento de los extremos: Vox (+1,1%) y UP (+1,8%) se sitúan en el entorno del 14%, con los de Abascal con ligera ventaja. Hay poco misterio, los dos crecen contra sus competidores ideológicos más centrados. El PSOE, que sigue siendo el primer partido en intención de voto con 27,6% y a 6,7 puntos del PP, retrocede casi un punto respecto al último barómetro; y el PP (20,9%) baja 1,2 puntos. La suma de votos del PSOE y el PP no alcanza el 50%, tal es la dispersión y, por lo tanto, se anticipa un nuevo tetris. Porque tampoco parece que se vayan a producir sorpassos desde los polos hacia el centro. Cierto es que queda mucho para las elecciones, pero sobre todo quedan muchos acontecimientos que podrán alterar la previsión actual.

PSOE y PP se anotan dos crisis relevantes que le han podido restar apoyos. Las discrepancias públicas y notorias entre las vicepresidentas Calviño y Díaz por la reforma laboral, esa derogación que no deroga, le ha pasado factura a los socialistas. No se trata sólo de la exhibición de grietas en el Ejecutivo, que no son nuevas, sino también de la posición ideológica del propio electorado del PSOE, muy sensible respecto a algunos de los ítems más trascedentes de la reforma, entre ellos la ultraactividad, que entiende como un derecho arrebatado. Los votantes socialistas han percibido cómo el PSOE no estaba por tumbar la norma del PP. Y lo han pagado, de momento, en la encuesta del CIS.

El ruido creciente en el PP entre Díaz Ayuso y la dirección del partido tiene un coste relevante para los populares. Al extenderse la polémica por el liderazgo del PP de Madrid extramuros del partido y mantenerse lejos de los cauces del acuerdo conduce su final a un escenario con un perdedor y un ganador. No hay más. Llegado el momento se podrá vestir como se quiera, pero la mano se la queda Casado o Ayuso. La gente es listísima para sacar conclusiones. Mala solución en cualquiera de los casos. Pero es que además cada día que permanece abierta la crisis se acrecienta la idea de la debilidad del liderazgo de Casado, abiertamente desafiado desde la Puerta del Sol. No sólo por ver quién gana el pulso sino por lo que sugiere el pulso en términos de desafío al poder del presidente.

El trágala del TC

Añadan además que en una sociedad razonable, la española lo es si no entramos en detalles, el caso Arnaldo debería haber perjudicado a los dos partidos. Paradójicamente el trágala no le ha pasado factura a UP, otrora enemigo de la institucionalidad y paladín de los principios por encima de todo. O llevaba mucha ventaja acumulada por su posición en la reforma o sus potenciales votantes ya no andan tan instalados en los principios de la radicalidad institucional y van comprendiendo las dificultades y la responsabilidad que implica gobernar.

Hasta noviembre de 2023 ocurrirán muchas cosas. Influirá la gestión de los fondos europeos, el ritmo de la recuperación y el empleo, la superación final de la pandemia. Veremos si Cs llega vivo a la cita y cómo lo hace la izquierda a la izquierda del PSOE, presumiblemente con Yolanda Díaz. Lo que ocurra en Andalucía será también determinante. Hay muchos factores por alinear. Pero hasta la fecha todo indica que el bipartidismo necesitará apoyos, que pueden fortalecerse a ambos lados, centrifugando aún más las políticas hacia los extremos.

Menos obreros

El CIS suele arrojar además datos interesantes que quedan sepultados por los indicadores de voto. En esta entrega sólo el 8,8% de los españoles se consideran clase obrera. El 7,8% se definen como clase media-alta, el 48% clase media-media y el 18% como clase media-baja. A comienzos de la década de los 2000, el instituto público de sondeos registraba que un 50% de la población se consideraba clase obrera. En 20 años se ha desplomado en 42 puntos la sensación de pertenencia.

Pero realmente, ¿qué es hoy la clase obrera? ¿Cómo se define? ¿En función del sueldo y de sus condiciones socioeconómicas? ¿Según su relación con los medios de producción, por decirlo con terminología marxista? ¿O estamos ante lo que llama el politólogo Fidel Oliván "una liposucción estadística"? En un mundo en el que deslumbran los influencers y los llamados "creadores digitales" -cuya experiencia laboral consiste en hacer vídeos en Tik-Tok y fotos en Instagram-; en un entorno en el que muchos ciudadanos necesitan dos trabajos para llegar a fin de mes; y en un país con un sector de servicios -donde se diluye la etiqueta de obrero- que proporciona el 80% de los puestos de empleo es fácil que se desdibuje la idea de clase. Estos días en la Bahía de Cádiz vemos con claridad la existencia de una clase obrera y de una conciencia colectiva.Seguramente estamos ante un paradigma de la posmodernidad aspiracional, en una huida de un concepto que arrastra connotaciones de las que mucha gente prefiere alejarse. Posiblemente un chaval con estudios universitarios que trabaja a media jornada como repartidor en una empresa de envío de comida a domicilio no se considere clase obrera. Posiblemente a los ojos de la historia sí lo sea.

La desmemoria histórica

Los socios del Gobierno, PSOE y UP, se han enzarzado ahora sobre el alcance de la enmienda que han pactado sobre cómo interpretar la Ley de Amnistía de 1977, que fue la primera ley aprobada por un Parlamento democrático tras la Guerra Civil y que resultó clave para llegar a la España democrática de hoy. Resumiendo mucho, UP entiende que así se abre una vía para juzgar los crímenes del franquismo y el PSOE opina lo contrario. O han pactado una enmienda sobre cuya intención no había consenso -y en ese caso la impericia política sería máxima- o uno de los dos miente. El ministro Bolaños sostiene que la Ley de Amnistía seguirá en vigor y que sólo se trata de adaptarla a los tratados internacionales pero asumiendo la irretroactividad de las leyes penales. Sus socios recuerdan que sin esa irretroactividad no se habían producido los juicios de Núremberg.

El asunto es que en todo caso es un brindis al sol porque la mayoría de cargos franquistas que podrían ser juzgados están muertos y porque parece improbable su aplicación. Pero es también interesante observar este asunto desde otro ángulo: la enmienda es un juicio extemporáneo a la voluntad política de quienes hicieron la transición y es casi más bochornoso que la rectificación sobre el fondo de la Ley y sus limitaciones. Sol Gallego-Díaz ha firmado un artículo antológico en El País recordando que aquella ley no fue un trágala de la izquierda ante la presión de la extrema derecha, sino una iniciativa política de la izquierda amparada por un amplio consenso social. Hace 44 años muchas víctimas del franquismo -como Marcelino Camacho, fundador de CCOO- expresaron desde la tribuna su voluntad de avanzar y superar los rencores. Una nueva generación política le hace hoy una enmienda a la totalidad a la España de la reconciliación. Hay opiniones de expertos bien fundamentadas a favor y en contra. Pero, como mínimo, resulta chocante ver a la izquierda del siglo XXI corrigiendo las decisiones fundamentales de la izquierda que se sentó en la Carrera de San Jerónimo tras haber perdido parte de su vida en las cárceles franquistas.