LA amnistía está cerrada, el referéndum es una cortina de humo y las auténticas aristas entre negociadores socialistas e independentistas catalanes han surgido por el dinero. O la cuestión financiera, por ser más borroso en el sustantivo, dada la opacidad de las negociaciones. Obviamente no es más que una especulación intelectual, pero hay demasiadas pistas. Hace unos días se señalaba al Ministerio de Hacienda como el principal escollo en la negociación, antes se reclamaba la solución al déficit fiscal, una supuesta deuda histórica o la condonación de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica. Todo lo demás, el interés de España, la reconciliación con Cataluña o la maldición de un Gobierno de derechas, es poco más que una serie de eslóganes en torno a los que cobijarse frente a la indignación. En definitiva, que se acepta pulpo como animal de compañía o los catalanes se llevan sus votos y se acaba la partida de la investidura de Sánchez. Pero el pulpo a estas alturas no es ni la amnistía ni el referéndum.

La amnistía es el cebo para capturar la atención política y mediática, pero la presa ya está a buen recaudo hasta de los alborotadores más capacitados. Pese a todo, y por si el acoso fuese excesivo, también está el referéndum. Una cortina de humo al que ambas partes interesa renunciar, aunque cada una por sus propios motivos. Los del independentismo, porque gastar una munición tan valiosa con un blanco tan alejado sería un despilfarro impropio de los catalanes. Son sus perores momentos de aceptación ciudadana y sería muy probable que perdiesen la consulta, así que mejor dejarla para otra ocasión más favorable. El de los socialistas porque podrán presentarlo como su gran contribución a la unidad de España. En toda negociación hay que ceder en algo y la amnistía es un precio justo por objetivo tan caro como el de desactivar, aunque sea temporalmente, el separatismo unilateral.

Queda enmascarado de esta forma el motivo principal e innoble de la operación negociadora, la investidura de Sánchez a cualquier precio, aunque sin conocer del todo, salvo un improbable arrebato final de transparencia, el borroso tema de la cuestión financiera. La ventaja de aceptar la amnistía como moneda de cambio es que no afecta al bolsillo. Será un fuerte varapalo a la dignidad y al Estado de derecho, pero es cierto que, al menos a corto plazo, no perjudica de forma directa a los intereses económicos del resto de los españoles.

Otra cosa es a medio y largo plazo y sus consecuencias menos directas, porque la contrapartida automática de todo privilegio de parte es el perjuicio en contrario, que es exactamente a lo que, en mi opinión, deben oponerse los andaluces con todas sus fuerzas y especialmente, con perdón por la ingenuidad, sus representantes en el Congreso, sean del partido que sean.

La teatral escenificación de las negociaciones sugiere que lo pactado va bastante más allá de una mera reforma del sistema de financiación autonómica. No obstante, y si así fuera, el independentismo exigiría, como mínimo, que el nuevo sistema de reparto incluya el conocido como criterio de ordinalidad. Las comunidades que más recursos fiscales aportan, es decir, las más ricas, son también las que más deben recibir para evitar que una de las que menos aporta, pudiera adelantarla en renta por habitante. Significa una condena permanente a los andaluces a estar en la cola regional de la financiación pública por habitante y, por tanto, en cantidad y calidad de servicios públicos. El fundamento intelectual de la propuesta es de lo más estrafalario y puede resumirse en que, como el coste de vida de los ricos es mayor que el de los pobres, el sistema deberá proveerles de más recursos.

Es poco probable, sin embargo, que las aspiraciones financieras del independentismo se limiten a dejar su impronta en el futuro acuerdo de financiación autonómica. Sus pretensiones apuntan a salirse del sistema mediante un pacto fiscal bilateral con el Estado que incluiría su propia agencia tributaria y una comisión paritaria para establecer su aportación a la hacienda central. Más desigualdad, en definitiva, en un país con importante déficit en la materia, con privilegios similares a los de vascos y navarros, pero con los agravantes del impulso desde el Gobierno central y afectando a 7,5 millones de personas.

Visto de esta manera, las compensaciones económicas por el apoyo ya no resultan tan indiferentes a los intereses directos del resto de los españoles. Es probable que el pacto fiscal incluya la exclusión de Cataluña del sistema de solidaridad interterritorial, como vergonzosamente ocurre en la actualidad con vascos y navarros, lo que obligaría al resto a un mayor esfuerzo fiscal para la sostenibilidad del sistema de bienestar. Si se añaden las otras compensaciones, de las que el pasado jueves se conocieron algunos detalles con apariencia de incompletos, el agravio adquiere magnitudes inverosímiles. Habrá condonación, por el momento parcial, de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica y queda por aclarar la enigmática solución al “asunto del déficit fiscal”, aunque resulta evidente que Cataluña tendrá oportunidades competitivas de las que van a carecer otras autonomías.

La estructura político-administrativa del Estado español determina que exista competencia entre las comunidades autónomas, cuyos principales argumentos son el capital humano y tecnológico, los costes salariales, la calidad de las instituciones, las infraestructuras y la competencia fiscal y todos confluyen en establecer diferencias en productividad. La persistencia del atraso andaluz en el tiempo se explica porque su principal argumento competitivo en el pasado, los costes salariales, desaparecen ante el efecto homogeneizador una negociación colectiva centralizada. La alternativa impulsada por el actual Gobierno andaluz, en mi opinión acertada, es la competencia fiscal, obviamente amenazada por la alteración de las condiciones de productividad, tras el previsible pacto fiscal. El resto de las compensaciones a Cataluña permitirán mejorar infraestructuras, universidades y, en general, el conjunto de sus argumentos competitivos frente al resto. El resultado final no puede ser otro que un aumento de la desigualdad, con los andaluces en el lado de los perdedores.