La XIV legislatura ha discurrido entre diciembre de 2019 y mayo de 2023 y ha estado marcada por el Covid, la guerra de Ucrania, el repunte sin precedentes en lo que va de siglo de la inflación y por la acusada tendencia a la radicalidad en un gobierno de coalición de izquierdas, que ha obligado a recurrir de forma sistemática al pacto con otras formaciones, que han aceptado ofrecer sus apoyos a cambio de las pertinentes compensaciones. En unos casos de carácter estrictamente político, pero en otras de naturaleza económica. Todo ello ha tenido su correspondiente repercusión en los presupuestos y en la evolución del déficit público y el endeudamiento.

El gasto público en 2022 ascendió a 634,3 miles de millones de euros, que fueron 23,4 miles más que en 2021. Si lo comparamos con 2019, cuando en marzo Sánchez se hizo con el gobierno tras la moción de censura a Rajoy, el aumento ha sido de 107,6 miles de euros, lo que significa que en los últimos cuatro años el gasto público en España se ha incrementado, en términos nominales, en un 20,4%. En gasto per cápita, hemos pasado de 11.127 euros por persona en 2019 a 12.878 en 2021 y a 13.321 en 2022.

El aumento ha sido espectacular. Desde el 42,3% del PIB en 2019 al 47,8% en 2022 y la gran responsable ha sido la pandemia, que disparó el gasto social y relajó los criterios de prudencia financiera, llevando el anterior porcentaje hasta 51,9 en 2020. Fue similar en toda la UE, pero en la comparación se aprecian dos circunstancias. La primera que todavía estamos por debajo de la media de la eurozona (50,7%) e incluso de la UE-27 (49,8%). La segunda, que, salvo Italia y Malta, España es el país donde más creció el gasto público desde la pandemia. Y para 2023 la previsión es que vuelva a aumentar un 10,7% en términos consolidados.

¿De dónde sale tanto dinero? Por un lado, las ayudas europeas, que según Hacienda pasarán de los 26.900 millones de 2022 a 28.692 en 2023. Por otro, de pedir prestado. Según Eurostat, el mayor incremento en el endeudamiento público de toda la UE-27, que pasó del 98,2% del PIB en 2019 al 113,2% en 2022. Por último, de los impuestos que pagamos todos. En 2022 la recaudación impositiva aumentó en 32 mil millones (un 14,4%) y en 2023 se estima un incremento superior a los 25 mil (en torno a un 8%). También en este caso, y nuevamente según Eurostat, España es el país de la UE-27 que registró el mayor crecimiento de ingresos fiscales en relación con el PIB. Dice el gobierno que la tercera parte de este incremento se debe a la inflación, aunque el Banco de España discrepa y estima que es la responsable de, al menos, la mitad del aumento de los ingresos fiscales.

El gobierno intenta echar balones fuera por las consecuencias de su negativa a adaptar (deflactar) la tarifa de los impuestos a la inflación. La primera, porque si la inflación se ceba especialmente con los más débiles, todo proceso de crecimiento, incluido el del gasto público, financiado con inflación genera desigualdad. La segunda, por su impacto en la competitividad. Según Tax Foundation, en 2022 se perdieron dos posiciones en el ranking internacional, situándose en la 34 de un total de 38.