El PP se ha metido en tal lío con su bloqueo a la renovación de los órganos judiciales que ahora está en una posición crítica que le atenaza. Los populares son rehenes de los más radicales entre los suyos. El frente social, mediático y judicial que le ha amparado hasta ahora se le volverá en contra si desbloquea el CGPJ, con el desgaste que conlleva y con las oportunidades que brinda a Vox esa "desafección" del principio de la inamovilidad. Pero lo cierto es que las negociaciones entre el Gobierno y el PP -Félix Bolaños y Esteban González Pons- estaban avanzadas.

Tras un bloqueo de tres años, Feijóo, comprometido como todos por la tardía dimisión de Lesmes al frente del órgano de gobierno de los jueces, se había agarrado a la apelación de Bruselas para que se desbloquee el consejo y después se afronte la reforma de la ley. Porque para salir de un callejón sin salida solo cabe dar marcha atrás. Y en política, para retroceder se necesita un cooperador necesario o un argumento al que asirse como a un clavo ardiendo. O sea, no bastaba el cumplimiento de la Constitución, sino que desde Europa se nos pastoree como a púberes para que hagamos lo que la ley nos obliga a hacer. En realidad, todo es interés y coyuntura.

El trágala del Código Penal y Macondo

Y la coyuntura les ha traído un problema añadido: tanto se les ha pasado el arroz que las negociaciones para renovar el CGPJ coinciden con las presiones de ERC para que el Ejecutivo reforme el Código Penal para rebajar las penas a la mitad y la voluntad de Pedro Sánchez de hacerlo. El trágala reformista, pese a la veracidad de parte de los argumentos respecto al tratamiento diferenciado del delito en otros países europeos, favorecería en muchos sentidos -incluido el retorno a España y su concurso futuro en política- a gente como Puigdemont. Para Sánchez, modificar el Código Penal para seguir contando con el apoyo de ERC -básicamente, aunque los argumentos europeos avalen técnicamente la reforma- no le saldrá gratis. Por mucho que lo expliquen, el común de los españoles entenderá a la primera que se trata de ayudar a los políticos condenados y fugados a cambio de apoyo parlamentario. Y Feijóo sabía desde antes de empezar a negociar que el Gobierno iba a modificar el Código Penal. Sorpresas, las justas.

Malas cartas lleva el PP en la partida. De esta no sale indemne: o bloquea de nuevo la renovación del Consejo, asumiendo el significado y la trascendencia política que tendrá la renuncia. U opta por mantener medio Consejo en rebeldía asumiendo el hecho de la precariedad de muchas salas y una plantilla judicial mermada provocada por esta situación y sigue fuera de la ley siendo el principal partido de la oposición. O procede a renovarlo y se parapeta hasta que deje de llover, aunque Feijóo sabe que le va a llover como en Macondo.

En cualquier caso, paradojas políticas, la decisión del gobierno de reformar la ley ha venido a ver a Feijoo, encantado, a lo que se ve, de este nuevo arre y so. Incapaces de eludir las presiones y hacer lo que debe.

Su primer "no" pacto de Estado

Hacer las cosas mal tiene consecuencias políticas. Feijóo podría presentar ese (no) acuerdo como su primer pacto de Estado y cobrarse el crédito del dirigente fiable que no pierde de vista el interés general, con altura de miras, aunque haya seguido el camino de sus antecesores. En cambio, es un líder vigilando las esquinas y preparándose para esquivar la bronca que le van a dar quienes le han apoyado hasta ahora en su numantina resistencia a hacer lo debido. Si es que llegara a hacer lo que ahora parece que no hará."Nunca ha estado tan cerca el acuerdo", había dicho el presidente del Gobierno horas antes de la última ruptura. Eso mismo había dicho Ángel Gabilondo cuando pactó con Dolores de Cospedal la ley de educación que quedó en el cajón de los juguetes rotos cuando el PP vislumbró su triunfo electoral y por lo tanto la innecesaridad de ceder en nada. Ya son mayorcitos: aceituna comida, hueso al plato.

Año electoral, año de bienes

Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal (Airef), ha venido a decirle esta semana al Gobierno que hace trampas con los Presupuestos Generales del Estado. Le reprocha no haber incluido posibles medidas para un plan complementario contra la crisis y que podría tener tal envergadura como para desvirtuar las cuentas públicas, su viabilidad y su credibilidad. De hecho, el plan B enviado a Bruselas contiene medidas complementarias por valor de 10.000 millones.

Año electoral, año de bienes, dice el refrán. O algo así. El informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos de 2023 de las administraciones públicas insiste en la falta de realismo de los ingresos y gastos públicos y apunta a que España puede entrar en recesión tras una caída el último trimestre de este año tendiendo a un crecimiento cero a lo que se sumaría entrar en terreno negativo durante el primer trimestre de 2023. Herrero se apunta, no obstante, a la idea de la reformulación de qué es una recesión y apela a considerar otros elementos como es el crecimiento del empleo. En cualquier caso, prevé que el PIB crezca un 1,5% el año próximo, frente al 4,4% que lo hará en este ejercicio.

Los Presupuestos, sin duda un documento de complejidad técnica pero con una evidente y legitima intencionalidad política, indican dos cosas a las claras: la voluntad del Gobierno de seguir poniendo dinero público para amortiguar los golpes de la crisis y que el endeudamiento seguirá creciendo y el saneamiento de las cuentas públicas va a quedar pendiente para otra época de bonanza. O para otra era, según se mire.

El banco malo: historia de una ruina

La Sareb, que cumple diez años de existencia, es básicamente la historia de un marrón convertido en ruina socializada. Fue llamada oficial y técnicamente Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración bancaria y rebautizada por la gente como "banco malo", un nombre sin duda mucho más certero y afilado. Y algo que nace siendo malo no puede salir bueno. En 2012 en plena zozobra, Luis de Guindos, ex ministro de Economía, le presentó el papel a Mariano Rajoy para darle la salida, aparcar, esconder o limpiar, como prefieran, los activos tóxicos de la banca, que eran aquellos millones de créditos inmobiliarios que pesaba como el plomo en el balance de los bancos. En España tenemos un problema con los papeles. Se hacen demasiados papeles. El invento no iba a costar nada. Todo estaba pensado y calculado. La factura a día de hoy es de 35.000 millones de euros, pagados por todos los españoles.

Hombres de negro, riesgo sistémico rescate, ¡mambo!

Aquella operación formaba parte del rescate a la banca. Eran los días en los que se hablaba del riesgo sistémico, del rescate y los hombres de negro. De Guindos, que hoy es vicepresidente del BCE, incluso vaticinó que la Sareb ofrecería un rendimiento del 15% en sus primeros 15 años: en realidad su situación es calamitosa, pura ruina, tiene un patrimonio negativo de 10.000 millones y no tiene un duro de capital. El Estado posee la mitad y los bancos y aseguradoras la otra mitad dado que Bruselas no permitía financiar tan ruinosa operación solo con dinero público. En sus primeros años, su primera responsable, Belén Romana, añadió más dolor dilapidando 3.200 millones de euros en ingenierías financieras. Y hace ya un año que Eurostat obligó a contabilizar los 35.000 millones como deuda pública pues estaba avalada por el Estado. Esta semana el Gobierno ha aprobado un primer crédito para que las comunidades autónomas adquieran viviendas de la Sareb y destinarlas a alquileres sociales a 50 años. Puede ser parte de la solución, al menos que los ciudadanos se beneficien, siquiera ínfimamente, del dineral aportado para evitar la quiebra de los bancos.

Es interesante que cuando se habla del disparate del Ejecutivo incrementando la deuda pública que al menos no se olvide que hay otras maneras más creativas de hacerlo. Por ejemplo creando una Sareb. Y por cierto, también hemos aprendido que cometer tropelías y frivolidades financieras de este tipo y errar gravemente en el cálculo de beneficios que arrojaría el banco malo no te inhabilita para ser vicepresidente del Banco Central Europeo.