Una Administración moderna y eficaz

LA tempestad que vive el sector público en Andalucía no ha surgido por generación espontánea. Es el resultado de 30 años en los que se ha gestionado la Administración como apéndice del partido gobernante y, cuando el control no ha sido posible, se ha creado una administración paralela que se multiplicó con el objetivo de huir del control administrativo y parlamentario y ser utilizado como herramienta al servicio del poder.

Además de su tamaño desmesurado, 350 entes, el sector público andaluz se caracteriza por la permanente externalización de sus servicios, práctica que acumula sentencias judiciales contrarias. La reordenación impuesta por el Gobierno andaluz persigue un nuevo marco jurídico para enmascarar esa ilegal externalización de servicios y de potestades públicas con la creación de agencias y la absorción en ellas de determinados entes instrumentales de carácter privado, Fundaciones y Empresas Públicas. Esta reordenación no responde a criterios de eficacia y eficiencia ni contribuye a la reducción del déficit. El ahorro inicialmente previsto era ridículo y hasta el propio Gobierno ha asegurado que no sólo no habrá ahorro, sino que los costes salariales de las agencias subirán. Este modelo significa, además, una mayor politización de la Administración e implicará una privatización encubierta de los servicios públicos. Es una reordenación equivocada que ha provocado una conflictividad sin precedentes tanto en el ámbito judicial como en la calle. Los funcionarios se han puesto en pie de guerra y los trabajadores de las empresas públicas viven la incertidumbre de un proceso de fusiones, absorciones y creación de agencias que no saben dónde les va a llevar.

El proceso culminó con el rodillo socialista sancionando en el Parlamento el contenido del decretazo, haciendo saltar por los aires cualquier diálogo serio con los sindicatos representativos del sector y con la oposición, optando por perseguir e insultar a quienes legítimamente protestan y se movilizan, calificándoles como "fascistas" y "batasunos". Cuando se siente acorralado, el PSOE utiliza el mensaje del miedo, acusa al PP de querer privatizar la Administración y despedir a trabajadores, cuando es precisamente el Ejecutivo socialista de la Junta el que ya ha privatizado la ejecución de infraestructuras o servicios como guarderías infantiles, servicios a la dependencia y gestión de hospitales. Sobre la amenaza con la supuesta intención del PP de despedir trabajadores, no se puede insultar así la inteligencia de los trabajadores públicos porque el dóberman hace tiempo que murió de rabia en Andalucía.

El modelo de Administración Pública del PP responde a los principios de austeridad y optimización del gasto, eficiencia y eficacia, transparencia, profesionalización, despolitización, simplificación y calidad de los servicios públicos. Es una alternativa al modelo del PSOE a la que sólo le pueden tener miedo esa legión de altos cargos puestos a dedo para controlar políticamente la Administración.

En el marco de la austeridad en el gasto del dinero público, el PP propone disminuir de trece a diez las consejerías y reducir a la mitad los altos cargos, delegados provinciales, gerentes provinciales de organismos autónomos, sector público empresarial, fundaciones y otros entes instrumentales y el personal eventual. Se trata de reducir todo el gasto corriente no aparejado a la prestación de los servicios sanitarios, educativos y sociales. Se trata también de reducir las prebendas y privilegios como las indemnizaciones para vivienda de altos cargos y otras malas prácticas de gasto, utilización de fondos públicos y privilegios.

En el modelo del PP el protagonismo lo tendrán los funcionarios, en una Administración moderna y profesional al servicio de los ciudadanos, despolitizada y alejada de intereses partidistas. El uso abusivo de los puestos de libre designación en detrimento del concurso de méritos, así como de las encomiendas de gestión a empresas y fundaciones públicas, que suponen el desvío de potestades públicas, reservadas con carácter exclusivo a los funcionarios, son un claro ejemplo del intento de consolidación de una administración paralela desmesurada que cuesta más de 5.000 millones anuales a los andaluces.

El hecho de que miles de funcionarios lleven meses en movilización permanente y convocaran a casi 50.000 personas en una manifestación histórica pone en cuestión cualquier intento del PSOE de justificar su reordenación. Tantas personas durante tanto tiempo no pueden estar manipuladas o mal informadas. Es un nuevo síntoma, y no el menor, de que las cosas están cambiando en Andalucía y que, después de 30 años de imponer un sector público politizado y despilfarrador, los ciudadanos, funcionarios o no, constatan que existe un modelo alternativo: el del PP.