Becas: el final de un derecho

LA educación superior y la investigación son las dos misiones fundamentales de la universidad. La primera se materializa en los títulos universitarios, y la segunda, en el desarrollo de una actividad que tiene como objetivo el avance general de la ciencia, la técnica y la cultura. En definitiva, la formación del profesorado y la generación de conocimientos que sirvan también a la mejora de sociedad.

Las grandes cuestiones que debe plantearse un sistema público de universidades -y, por lo tanto, la sociedad que lo sostiene y financia- se condensan en estas tres preguntas: ¿a cuántos estudiantes queremos dar la oportunidad de acceder a las universidades?, ¿con qué recursos materiales se cuenta?; y, en lo que toca a recursos humanos, y dada la naturaleza de la carrera académica, ¿cómo se forman y progresan en su carrera los profesores universitarios?

Todas estas decisiones, como es lógico, están correlacionadas; de forma que lo que pueda parecer una modificación menor o coyuntural en una de estas facetas tiene efectos generales, que desembocan de facto en un subrepticio cambio de modelo.

En lo que refiere a estudiantes, por ejemplo, el modelo universitario español era, hasta la fecha, un sistema de alcance general, basado en los principios de igualdad de oportunidades y mérito. En primera opción, el coste de los servicios se cubre en torno a un 80% por aportaciones públicas y el 20% restante por el propio estudiante, a través de la matrícula. Para impulsar la equidad y la justicia social, ha existido un programa general de becas -competencia exclusiva del Gobierno de España- fundamentado en la situación social y renta del estudiante y su familia, que cubría la matrícula y algunos gastos adicionales.

Estas becas eran conceptualmente un derecho del estudiante, "no un premio que la sociedad otorga a esforzados desfavorecidos" como acertadamente ha indicado el profesor Álvarez-Ossorio. En el caso de la Universidad de Sevilla, por ejemplo, uno de cada cuatro estudiantes disfrutaba de alguna ayuda de esta naturaleza.

En el decreto de becas del pasado año y en el borrador del decreto de próximo curso, el Gobierno ha endurecido progresivamente las condiciones académicas para estas becas. Rápidamente, voces del Gobierno han justificado que se quiere "premiar el esfuerzo" y que hay estudiantes que "obtienen becas firmando un examen en blanco".

Todo sistema es perfeccionable. Lógicamente se deben evitar fraudes y malas prácticas, y desde luego el principio del mérito y el esfuerzo no es ajeno al mundo universitario, pero resulta llamativa la insistencia en que esos criterios endurecidos deban ser aplicados con especial rigor a los hijos e hijas de las familias de rentas más bajas o de extracción social más humilde (las que tienen derecho a becas), cuando cualquier universitario ve cubierto ocho de cada diez euros del coste de sus estudios con independencia de sus calificaciones y recursos personales o familiares.

Se trata, además, de un intento evidente de desviar la atención sobre el verdadero y fundamental cambio de paradigma: las becas han dejado de ser un derecho y el Gobierno, sabiendo que la situación general del país y de las familias exigiría un esfuerzo adicional en esta materia, por su dimensión social y de futuro, toma la decisión de no incrementar, y de hecho asegurarse de que no aumentan bajo ningún concepto, las dotaciones presupuestarias de las ayudas a estudiantes. A nadie se le puede escapar que decisiones de esta naturaleza se toman respondiendo a un plan preciso y de fondo, cuyas necesarias explicaciones se eluden mediante una colección oportuna de eslóganes y lugares comunes, que se enuncian como evidencias irrefutables.

A pesar de haber declarado que iba abordarse una senda de diálogo y acuerdo, nuestro Gobierno ha iniciado la reforma del sistema universitario público con la firme decisión de reducir el número de estudiantes en la educación superior. Los Presupuestos Generales del Estado, el RDL 14/2012, el proyecto de la Lomce y los decretos de becas se encadenan apuntando nítidamente qué estudiantes son los que sobran de las universidades públicas. Sólo es preciso un mínimo de sensibilidad para saber las consecuencias.

Medidas como ésta favorecen la exclusión social y, lo que es más preocupante, dinamitan los pilares del Estado social que consagra nuestra Constitución. Más grave aún que otras temidas "fracturas", nuestro país puede padecer una fractura social que tire por tierra décadas de esfuerzos y sacrificios de la sociedad.