LA noticia ha corrido como un reguero de pólvora. Los titulares de la prensa escrita y electrónica nos han dicho en estos días pasados que la Unión Europea va a obligar a la banca a devolver a los consumidores todo lo cobrado indebidamente en aplicación de las tristemente célebres cláusulas suelo. Pero... ¿son las cosas verdaderamente así?

Pues lo cierto es que no, al menos de momento. Lo que hemos conocido es el informe, no vinculante, que ha remitido la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión como paso previo a que éste sentencie definitivamente si cientos o incluso miles de millones de euros deben o no volver a los bolsillos de los clientes bancarios. Pero si el destino final de esos dineros es una cuestión relevante, más aún es lo que esa esperada decisión del Tribunal de Luxemburgo supondrá de campanazo para demostrar quién es el que realmente manda en estas cuestiones: Madrid o Bruselas.

Son en efecto dos cosas distintas: la primera es más acuciante para el consumidor de a pie, que no sólo aspira a llegar más holgadamente a fin de mes si se elimina la cláusula suelo en su día incorporada irregularmente a su hipoteca, sino que también entiende que tiene derecho a recuperar todos los cargos excesivos practicados a lo largo de los años su entidad financiera.

Es sabido que esa lógica no fue la que se ha impuesto en las sentencias del Tribunal Supremo sobre este espinoso tema. Y es que en esto nuestro más Alto Tribunal ha dado una de cal… y dos o tres de arena, porque tras establecer en 2013 unas exigencias inalcanzables a las entidades financieras en materia de cláusulas suelo, en sus sentencias de 2014 y especialmente de 2015 no extrajo las conclusiones que derivaban de sus propios pronunciamientos. El Tribunal Supremo, como es sabido, ha pretendido imponer con carácter general una sorprendente limitación de los efectos retroactivos de la nulidad, que ha frustrado o ha amenazado con frustrar las expectativas previamente suscitadas en millones de hipotecados. Saltándose de paso, por cierto, las más venerables normas del Código Civil, y jugando a legislador y aprendiz de ministro de Economía y Hacienda, pues ha justificado su criterio, no en razones legales, sino en la necesidad de preservar el orden económico y la estabilidad del sistema bancario.

No es de extrañar que, ante lo que muchos llamaron extralimitación de funciones judiciales y otros simple atropello de los derechos de los consumidores, cientos si no miles de hipotecados solicitasen a los tribunales españoles plantear a las instituciones europeas la cuestión de la retroactividad. Porque ¿cómo es posible, si la Directiva de Consumidores establece que las cláusulas abusivas no deben surtir efecto alguno en perjuicio de los clientes bancarios, que el Tribunal Supremo español pretenda recortar esa protección, decretando esa extraña "retroactividad parcial" con efectos sólo desde mayo de 2013?

Algunos juzgados -muchos menos de los que cabría haber esperado dado lo generalizado del problema, y les hablo por experiencia- recogieron el guante y elevaron la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se pronunciará de modo inminente. Y ésta es la segunda y más relevante cuestión: el hecho de que, por más que el Supremo haya querido zanjar definitivamente el tema al salomónico modo de partir al niño por la mitad, quien finalmente impondrá su criterio será el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Todo apunta a que éste decrete que procede otorgar a los clientes bancarios la retroactividad total y la devolución de todas las cantidades cobradas de más, con lo que dejará en una posición bien desairada a ese Tribunal al que nos costará seguir llamando... Supremo. Porque en estas materias de Derecho de la Unión Europea se habrá manifestado claramente, para el que aún no se hubiese percatado, que supremo lo que se dice supremo no es sino el Tribunal de Luxemburgo. Para lo bueno y lo malo: para lo que nos parezca adecuado y para lo que no.

En cualquier caso seguirá siendo necesario pleitear. Las entidades financieras, agotadas por la batalla en este y en tantos otros frentes, ya están anunciando que dejarán de aplicar de modo inminente las "cláusulas suelo": pero claro está, y ése es el truco, sin devolver cantidad alguna. Ante eso, la salida seguirá siendo acudir a los tribunales, que en esto y en su inmensa mayoría están haciendo honor a su función constitucional de acoger las peticiones de tutela y amparo de los ciudadanos.