NO hay por dónde cogerlo. El caso Pallerols es indignante y no sólo por lo que dice el fiscal general Torres Dulce respecto a la tardanza en resolverlo, dieciséis años son algo impropio de un Estado de Derecho. Es indignante porque no se puede aceptar de brazos cruzados que determinados políticos se vayan de rositas pagando una multa de miseria cuando están inmersos en un caso de financiación ilegal de su partido a costa de los cursos de formación a trabajadores en paro. Si es grave que hayan cometido una acción ilegal, delictiva, es aún peor cuando lo hacen a costa de los dineros reservados para cursos con los que supuestamente se dan mejores opciones a los parados para mejorar su vida. Duran Lleida se ha cubierto de gloria con la financiación de Unió, ilegal, y con que se haya mantenido en sus cargos públicos cuando dijo que se iría a su casa si se demostraba que había incurrido en ilegalidad. Pero también de gloria se han cubierto los jueces que han resuelto la situación con una multa. Otros por mucho menos, por muchísimo menos, han acabado con sus huesos en la cárcel.

Somos muchos los analistas que, conociendo a fondo la vida pública, nos hartamos de desmentir a quienes consideran que los políticos son gente indeseable y corrupta. Algunos lo son, pero precisamente por conocer a fondo la vida de esos políticos podemos asegurar que son cantidad los que ejercen su trabajo con rigor, con sacrificio, con vocación de servicio y en ocasiones ganando mucho menos dinero que el que ganarían ejerciendo su profesión. Por eso es especialmente miserable que se haya intentado tapar el caso Pallerols, de gravedad extrema, con un compadreo político-judicial que llena de vergüenza a cualquiera que piense que el comportamiento en los cargos públicos deben ser aún más ejemplar que en la vida privada. En este caso además se ve afectado un partido de gobierno, Unió, y un dirigente político de envergadura, Josep Antoni Duran Lleida, portavoz parlamentario de su grupo y presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.

Coincide con toda clase de noticias sobre complicadas operaciones financieras de la familia Pujol y también de la familia Mas. Y con datos poco edificantes de la alcaldesa de Alicante, del PP. Descorazonador. Si los políticos deben ser implacables, siempre, con la corrupción, están aún más obligados en tiempos de crisis en los que millones de españoles las están pasando negras.