CON los datos que conocemos del mes de noviembre, el déficit público del pasado año se va a encontrar próximo al 7%, superando en unas décimas el límite acordado con la Unión Europea (UE).

A pesar de la subida de impuestos llevadas a cabo el año pasado y de los recortes en el gasto no financiero de comunidades autónomas y Administración central, parece que la economía española no es capaz, en las actuales circunstancias, de reducir de forma significativa el déficit público. Este déficit persistente va provocar que, durante el año que ahora empieza, la deuda pública va a superar la barrera psicológica del 100% del Producto Interior Bruto (PIB).

Aparentemente, la presión por la deuda española se ha reducido porque los mercados financieros consideran que lo peor de la crisis ya ha pasado y que las reformas llevadas a cabo por el Gobierno van a permitir que la economía entre en una senda de crecimiento positivo.

Sin embargo, el crecimiento que se espera para este año -entre el 0,5% y el 1%- no va a resolver el problema del déficit porque buena parte de éste tiene un componente estructural, que va más allá de la actual crisis. En consecuencia, para su resolución caben dos opciones. Primero, un cambio igualmente estructural en la composición y el nivel del PIB español. O, en segundo lugar, una reforma igualmente estructural de la composición y nivel de la presión fiscal que soporta la economía española. Es claro que la primera opción sólo se consigue lentamente y su consecución depende en mayor medida del sector privado que de las actuaciones del sector público. Es la segunda alternativa, en consecuencia, la única opción disponible.

La pérdida de recaudación de nuestra economía en estos años de crisis ha resultado extraordinaria comparada con las principales economías. En el año 2007, los ingresos fiscales representaban el 37,3% del PIB. En 2012, se habían reducido al 32%. Esta pérdida de cinco puntos contrasta con la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que sólo se ha reducido en algo más de un punto. De hecho, en algunos países incluso ha aumentado, notablemente en el caso de Alemania.

Comparando el nivel de presión fiscal de los distintos impuestos y de su peso en el total de la recaudación podemos realizar unas recomendaciones claras. El peso del IVA y otros impuestos indirectos continúa siendo reducido. Hay que subir más los tipos y reducir la lista de artículos con IVA reducido. En segundo lugar, hay que aumentar la recaudación por impuestos personales y societarios. En el primer caso se trata, sobre todo, de reducir el fraude fiscal y las desgravaciones, no de subir tipos. Algunas comunidades tienen ya tienen marginales iguales a los de Suecia, los más elevados del mundo. En el segundo, quitar igualmente algunas desgravaciones y reducir el fraude entre las pymes. Éstas son reformas impopulares porque nadie quiere pagar más impuestos, incluso aquéllos que pagan pocos como consecuencia del fraude.

En la medida en que vaya avanzando el año, el Gobierno tendrá que calibrar los costes políticos de una subida de impuestos frente al riesgo de no volver a cumplir el objetivo de déficit.