Según datos del Ministerio del Interior en la provincia de Sevilla se registraron el año pasado 692 delitos contra la libertad sexual, de los que 139 fueron violaciones con penetración, y en la capital se ha pasado de 59 violaciones en 2022 a 77 en 2023, lo que supone un 26,4 por ciento más que un año antes en la provincia y un 30,5 en la capital. Y la tendencia sigue en ascenso. El fiscal jefe de Sevilla señala que la apertura de diligencias previas por delitos contra la libertad sexual ha alcanzado una “cifra récord”.

Según Sanidad el número de infecciones de transmisión sexual ha crecido un 50% entre los adolescentes sevillanos, como sucede en el resto de España y de Europa, hasta el punto de que la ministra de Sanidad ha avanzado que se estudia la posibilidad de que el preservativo sea cubierto por el sistema público siendo gratuito “para las franjas de jóvenes con menor poder adquisitivo” de entre 14 y 22 años (y uno se pregunta si solo se distribuirán en barrios desfavorecidos o si se pedirá la declaración de la renta de los padres).

El fracaso de la educación en valores, en general, y de la educación sexual, en particular, es dramático. Crecen los delitos contra la libertad sexual que se atribuían a la represión y al machismo institucionalizados. Crece el consumo de pornografía, que también se atribuía a la represión, entre los adolescentes cada vez a edades más tempranas, erotizando la violencia y –leía hace pocos días en El País– provocando que “la explosión de placer inmediato de esas imágenes y la desconexión con el otro haya llevado a parejas jóvenes a un bloqueo en sus relaciones sexuales”. Crece la violencia machista contra niñas y adolescentes un 87% en cuatro años. Crecen las infecciones que se atribuían a la desinformación sexual de adolescentes y jóvenes, y a su dificultad para acceder a métodos anticonceptivos: hoy cuatro de cada diez no usan preservativo en las relaciones sexuales. Lo que, además de con las enfermedades de transmisión sexual, tiene que ver con el aborto utilizado como método anticonceptivo y/o de libre elección de la maternidad, que en 2022 aumentó un 9.01% respecto al año anterior, alcanzándose 98.316 abortos de los que 89.867 carecían de razón terapéutica según datos de Sanidad. Una sociedad en la que se matan casi 100.000 fetos en un año por no usar métodos anticonceptivos es bárbara según define esta palabra la RAE: cruel, ignorante e inhumana.