PARA calibrar a ciencia cierta qué tipo de empleo se está creando con impulso gubernamental, y si estos planes de choque contribuirán o no al relanzamiento de la economía, salgamos a la calle. Por ejemplo, en Marchena, cuyo ayuntamiento aprobó ayer, con dinero de Diputación, invertir 207.591 euros en crear 20 contratos al mes durante un año para familias con urgencias sociales. El salario es de 840 euros al mes. El Consistorio marchenero, con sus propios fondos, ya llevaba un año haciendo más de 60 contratos de emergencia social. Si nos fiamos de las estadísticas del INEM, a final de abril en Marchena había 2.075 parados, de los que 197 nunca han tenido un empleo.

Mairena del Aljarafe tiene 3.478 desempleados, de los que 260 no han tenido un contrato de trabajo. El Ayuntamiento ha creado el Plan Impulsa para que empresas del municipio contraten a jóvenes titulados empadronados allí, pagándoles el 50% del coste laboral. Lleva en su haber siete contratos, los últimos han sido para aparejador, auxiliar administrativo, técnico informático y auxiliar de enfermería. Sumando otras políticas activas de empleo, dicho ayuntamiento lleva invertidos 1.151.136 euros y ha logrado 78 contrataciones.

Cada día de trabajo, cada mensualidad cobrada, son motivo de alegría para su beneficiario. Cada contrato registrado en el Inem cuenta en el debate político de las estadísticas. Pero con un zafarrancho de empleos temporales y subvencionados no tendremos ni economía sostenible ni bienestar duradero. Aliviamos la necesidad de mantener a raya la amenaza de la marginalidad y la exclusión social. Pero la larga esperanza de vida prolonga la urgencia de comer cada día como mínimo un par de veces. Y el déficit público que llena esa olla habrá que pagarlo algún día empeñando hasta la Giralda si España no acomete profundas reformas y reinventa su modelo económico público y privado. Entonces nos quedará Cáritas como ministerio de los pobres.