LA patronal bancaria se ha adelantado al pacto entre PSOE y PP y al propio Gobierno al paralizar durante dos años los desahucios de las familias que no pueden hacer frente al pago de las hipotecas que firmaron para comprar una vivienda. Lo decidió el jueves, cuatro días antes de que los dos partidos empezaran a negociar sobre el particular.

Ojo, que la reacción de los bancos no se ha producido tras asumir que estén cometiendo una injusticia o que se hayan aprovechado de una legislación que un dictamen del Tribunal de la Unión Europea acaba de considerar claramente perjudicial para los consumidores indefensos, sino "ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios". El problema no lo sitúan, pues, los banqueros en la imposición, por su parte, de cláusulas abusivas a la clientela, sino en la alarma social que se ha producido. Para entendernos: si no hubiese habido alarma -vale decir: protestas y movilizaciones-, ellos seguirían desalojando a la gente de sus casas.

La verdad es que las acciones anti-desahucio, que comenzaron siendo cosa de grupos antisistema, movimientos de indignados y partidos políticos minoritarios, se han convertido en el más formidable instrumento de contestación al sistema económico y financiero vigente. Ha sido así por la extraordinaria gravedad del problema (despojar a la gente de su vivienda), su imparable extensión (casi cuatrocientos mil desahucios desde el estallido de la crisis) y la conciencia de que, al contrario que el paro o la recesión económica, la solución está bastante a mano de autoridades y legisladores. Al fin y al cabo, se trata de una reivindicación posibilista y nada utópica.

Lo cual tampoco significa que sea fácil. Pongamos en pie algunos problemas prácticos. La banca anunció que detendrá los lanzamientos -¡qué palabra, por Dios!- "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad". Las cajas de ahorros, que se han sumado a la suspensión, la circunscriben a "la vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables". ¿Cuáles son las circunstancias de extrema necesidad y los colectivos especialmente vulnerables? La definición de ambos conceptos no va a ser sencilla, y seguramente Gobierno, partidos, entidades financieras y los propios desahuciados o desahuciables mantendrán criterios diferentes. Otra fuente de conflicto: más de 170.000 desahucios ya se han ejecutado, de manera que, si se impone el hábito de que estas medidas no sean retroactivas, ninguna de esas familias va a beneficiarse de la paralización.

Una vez convencidos todos los agentes implicados de que así no podíamos seguir y que había que afrontar esta emergencia social, quedan los detalles. Es en los detalles donde dicen que está el diablo.