Imagínense que una mano desalmada, con evidente intencionalidad destructiva, le hubiese prendido fuego el viernes pasado a las naves la Real Fábrica de Artillería. Al día siguiente, el más moderado de los titulares periodísticos hubiera sido del tipo “Atentado patrimonial”.

Pues bien, resulta que ese mismo día una [presunta] mano delictiva le prendió fuego a otro monumento sevillano, sin que la prensa fuese capaz de dimensionar la relevancia de lo ocurrido. El monumental edificio de la Hacienda Ibarburu sufrió ese día un [presunto] atentado patrimonial, otro más, y a excepción del artículo de María José Guzmán Ibarburu, ¡qué bochorno! [Diario de Sevilla, 7/5/2019], la prensa sevillana ha tratado este incidente extremo con la superficialidad de una noticia local y menor [supongo que por aquello de que la Hacienda Ibarburu está de la Puerta de Jerez para afuera].

La sinrazón de la destrucción intencionada de este monumento, pre y post incendio del viernes pasado, sea por activa o por pasiva, debería ser motivo de vergüenza para todos los andaluces.

Conviene aclarar, sin embargo, que en cualquier caso, la acción perturbada, rencorosa o interesada de esta mano incendiaria [todavía presunta] no es causa primaria sino consecuencia evidente de la verdadera metástasis que lleva años matando a Ibarburu por dentro, inoculada y expandida por la indolencia de una administración incapaz.

Les voy a contar un “secreto”: la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía es una ley tramposa. En ella se establece un régimen sancionador para los incumplimientos privados [que como es el caso, la Junta casi nunca aplica], pero resulta que deja literalmente impunes los incumplimientos que de esta misma ley hace la propia administración.

La destrucción de Ibarburu, en sus distintas fases de abandono, expolio y mutilación es un proceso largamente conocido y consentido, donde la Junta de Andalucía no ha ejercido sus potestades de tutela patrimonial, frente a la manifiesta situación de que su propiedad actual no garantiza la conservación del monumento; eso sí, tras el escandaloso expolio del año pasado, un responsable de la Junta salió diciendo que se habían aplicado los protocolos correspondientes.

Cada vez que un responsable político en temas de patrimonio utiliza esta fórmula convencional es porque no está pensando en resolver el problema sino en ganar tiempo para evitar que le salpique. La única medida que se tomó entonces, tras la brutal destrucción de la fachada- mirador porticada de la residencia noble y el expolio de columnas, heráldicas, rejas, azulejería y demás elementos singulares, fue pedir a la propiedad la instalación de un cerramiento ligero con valla metálica perimetral, o lo que es lo mismo, tratar la metástasis de Ibarburu con placebos. No se exigieron entonces intervenciones urgentes de apuntalamiento, consolidación y, algo fundamental, de clausura de huecos para proteger al edificio del acceso no deseado o de agresiones externas, y desconocemos si en algún momento se exigió a los dueños un plan de conservación que fuese mínimamente creíble.

Pero si incomprensible ha sido la actitud de la Junta de Andalucía en este último año y medio, donde el expolio sistemático ha continuado siendo evidente a pesar de la valla [más estética que efectiva], no lo es menos la del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que lleva veinte años haciendo declaraciones de buenas intenciones sin materializar la más mínima intervención directa.

Cuando ardió la fábrica Ybarra la respuesta del consistorio nazareno fue inmediata, liderando y exigiendo la toma de decisiones urgentes y efectivas entre administraciones, lo que ha permitido el feliz renacimiento de esta fábrica en un corto plazo de tiempo. ¿Por qué el Ayuntamiento nazareno no lideró con ese mismo espíritu la recuperación de este monumento, después del brutal expolio del año pasado?; ¿por qué no lo hace ahora mismo, tras esta nueva situación límite, que todavía no es irreversible pero que va camino de serlo?; ¿por qué el Ayuntamiento benefició a la propiedad con la recalificación en 2006 de la finca de la hacienda, pasando de usos agrícolas a terciarios [hoy polígono industrial], sin exigir entonces ningún tipo de compensación respecto a la rehabilitación de Ibarburu?

¿Cómo es posible que un edificio que el Ministerio de Cultura del Gobierno de España quiso convertir a mediados de los años ochenta en Museo, por su valor patrimonial, esté hoy literalmente desahuciado, no ya por sus propietarios sino por las administraciones que tienen la obligación de garantizar su existencia? ¿A qué estamos jugando con el patrimonio que no se vende en Fitur?

Para salvar la Hacienda Ibarburu es imprescindible repensarla como edificio singular. Ibarburu ya nunca volverá a ser el idílico conjunto rural que frecuentó Alfonso XIII, no sólo por el lamentable estado de su fábrica, sino porque ya carece de la envolvente de una finca rústica que le dé sentido, y que al mismo tiempo lo proteja del impacto acosador de las vías de circulación y del polígono industrial que ahora lo circundan. Tampoco parece que pueda ser ya un lugar recuperable para celebraciones sociales, como pudo haberlo sido hasta hace apenas unos años; aunque mantiene íntegramente la honestidad de su arquitectura frente a tanto pastiche de salones de haciendas inventadas, y conserva espacios majestuosos como su  bodega, con una planta basilical que podría ser la parroquia mayor de cualquier pueblo, la dimensión del esfuerzo rehabilitador sobrepasa las posibilidades de ese destino.

No hay más remedio que repensar Ibarburu como construcción diseminada a partir de su condición territorial actual, identificándolo como una edificación excepcionalmente implantada en un enclave estratégico respecto a vías de comunicación de primer orden, y vincular su futuro a ese polígono de desarrollo que ahora ocupa su antiguo olivar, como equipamiento multifuncional de prestigio.

Como los nuevos responsables culturales de la Junta de Andalucía están todavía llegando, y los antiguos responsables municipales de Dos Hermanas están pendientes de si se quedan o no, voy a plantearles una propuesta público-privada, con el atrevimiento de sugerir un nombre propio. Si no les gusta el nombre, cámbienlo; si no les gusta la estrategia, sustitúyanla por otra; pero pongan ya encima de la mesa una determinación: recuperen el ímpetu del “espíritu nazareno de la fábrica Ybarra”. Primero cumplan la ley, y después convenzan, negocien, permuten, incentiven; hagan todo lo posible para que una empresa como el Grupo Ybarra Alimentación rescate Ibarburu; para que instalen allí su sede social institucional, trasladando las oficinas que ahora tienen diseminadas en la Carretera de la Isla; que Ibarburu se convierta en el referente del compromiso social de una empresa líder en su sector, vinculada históricamente a Dos Hermanas y a su tradición olivarera. Algo así como lo que hace Danone en Parets de Vallés. Que el Ibarburu rehabilitado renazca como un centro de administración empresarial, de formación especializada, y que desarrolle su potencialidad cultural con la adecuación museográfica de su excepcional almazara.

Ibarburu es el lugar óptimo para que la familia que fue la dueña de los olivares de Dos Hermanas [de Bujalmoro a Doña María, de Santa Ana a Quintos...] instale allí su legado industrial y su obra social. Lo más difícil ya está hecho; después de aquel pavoroso incendio, la nueva fábrica Ybarra está construida y funcionando a 600 metros de Ibarburu.

[La primera parte de este artículo se publicó en este mismo periódico el 14 de enero de 2018]