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Ibarburu, ¡qué bochorno!

¿De qué sirve declarar un patrimonio BIC si se destruye y no pasa nada? La ley está para algo

Hay paisajes que forman parte de nuestra vida y con su desaparición se nos va una parte de ella. La Hacienda Ibarburu, entre Dos Hermanas y Los Palacios, es un ejemplo para quienes somos o vivimos en la comarca. Tardé años en conocer el valor de aquel caserón majestuoso que veía cada día al pasar por la carretera N-IV y en el que a mi hermano le gustaba recrear historias de brujas. Debía ser que a los ojos de aquel niño aquello, veintitantos años atrás, ya parecía abandonado y abocado a la destrucción. El contacto con paisanos que aman el patrimonio y la cultura me llevó a conocer mejor la historia de las haciendas que salpican este entorno del que hablo. Algunos nombres sonaban desde mi niñez en casa y se vinculaban a historias de jornaleros y señoritos, pero hoy, para mucha gente joven, son meros lugares para bodas y eventos varios.

Hay dignas excepciones, como la del historiador Fernando Bejines, impulsor de plataformas ciudadanas como la creada para salvar de la destrucción otro rico ejemplo de hacienda olivarera que se cae a pedazos y para la que se pide la declaración de Bien de Interés Cultural desde hace años: Mejorada Baja.

Y me pregunto: ¿De qué sirven estas figuras de protección? Ibarburu era ya BIC desde 2002 y hoy no quedan más que escombros tras el último incidente en la finca: dos aparatosos incendios que, probablemente, han dejado reducidos a cenizas los tesoros que aún medio conservaba, como una prensa de viga de molino de aceite. ¿Fortuitos? Seguro que no. Hace exactamente un año y cuatro meses fue Bejines y dos arquitectos quienes dieron la voz de alarma tras comprobar cómo Ibarburu, una vez más, había sido expoliado y destruido en parte. Y denunciaron este auténtico desastre patrimonial en una de las joyas de la arquitectura agropecuaria de España, el mejor exponente del barroco de cortijo.

La difusión de vídeos e imágenes en este periódico no dejó indiferentes a casi nadie. El Defensor del Pueblo, que ya había actuado de oficio hacía unos años, volvió a hacerlo, exigiendo a la Junta de Andalucía que interviniera para frenar este desastre. Pero la respuesta de Cultura fue la siguiente: el edificio está catalogado pero los responsables de su cuidado son los propietarios. ¿Quiénes son? ¿Y si éstos no actúan? La propiedad está dividida. La familia Pickman, heredera del legado, sólo posee ya un 10% de este bien y asegura que no puede hacer frente a estos gastos.Eso, por supuesto, no los exime de culpa.

Hacía dos décadas que venía hablándose de planes para Ibarburu, todos fallidos. Ya es tarde para acometer cualquiera de ellos. La propiedad ha incumplido sus responsabilidades legales de custodia y conservación y la Administración no ha ejercido sus responsabilidades de tutela patrimonial. Y nadie debería irse de rositas. Es una vergüenza. Es más, provoca bochorno.

Todavía quedan algunos ejemplos patrimoniales en riesgo y pueden salvarse. Sólo hace falta voluntad para cumplir la ley. Quizás si todos conociéramos este legado sería más fácil presionar para ello. Porque lo que no se conoce, no existe.

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