AL inicio de la crisis, casi todos los economistas abogaban por un impulso fiscal fuerte, para que la acción del Estado compensara la caída en picado de la actividad privada. Casi todos, porque algunos de los más señalados economistas liberales ponían en duda el efecto multiplicador del gasto sobre la economía.

Pero en la medida en que la crisis se ha ido prolongando, se empieza dudar de la continuidad de ese tipo de políticas, porque la relación entre la deuda pública y el PIB crece aceleradamente y no hay visos de que se estabilice. De la preocupación por el crecimiento, estamos pasando a la preocupación por el endeudamiento. Este sentimiento, se ha agravado en las últimas semanas como consecuencia de las grandes dificultades por las que atraviesa Grecia.

La amenaza de un default sobre la deuda, se ha extendido a otros países de la UE que los mercados consideran que pueden tener también dificultades pronto. A España se la ha metido en el mismo pelotón. De un déficit del 2,8% en 2008, hemos pasado a otro del 11,4% a finales del pasado año. Esto ha provocado que la deuda pública con relación al PIB esté creciendo rápidamente; del 39% en 2008, hemos pasado al 55% el pasado año. Para este ejercicio, se espera que alcance el 66%. Ese rápido crecimiento es lo que empieza a preocupar al Gobierno, a los analistas y a los responsables de la UE. Pero no sólo es la velocidad de crecimiento de la deuda lo que preocupa; lo es también la credibilidad del Gobierno realizando previsiones. Ya ocurrió en 2008 y se ha vuelto a repetir el pasado año. Los Presupuestos del Estado habían previsto un déficit del 1,5%: hemos acabado diez puntos por encima.

Alcanzar en 2013 un déficit del 3%, se presenta muy difícil, por dos grupos de motivos distintos. Por el lado de los ingresos, porque el crecimiento esperado seguramente no se va a cumplir. Y si la tasa de crecimiento no es tan elevada, no lo serán tampoco los ingresos fiscales para el Estado. Y por el lado de los gastos, porque el ahorro de 50.000 millones de euros anunciado por Salgado requeriría una revisión profunda de las estructuras administrativas del Estado, algo que no está al alcance del Gobierno central sino sólo de forma muy limitada.

¿Qué hacer entonces, reducir el gasto o elevar impuestos para que no aumente el endeudamiento o seguir gastando? Hay una cuestión clave que antecede a todas: sin crecimiento no habrá recuperación ni creación de empleo. Ahora bien, el gasto no puede seguir creciendo por el lado corriente. Las circunstancias exigen mantener en lo posible la inversión pública, pero reduciendo el gasto corriente. Sólo con esa apuesta podremos crecer y contener el aumento de la deuda. Tampoco es ahora el momento de elevar impuestos, porque la recuperación no está todavía clara.

Esta estrategia es arriesgada porque podría abocar a la peor de las situaciones: que no se genere crecimiento y que la deuda siga creciendo, lo que afectaría, a su vez, a la recuperación de la actividad. El tiempo corre en nuestra contra. Cuanto más tardemos en trasmitirles claramente a los ciudadanos y a los grupos sociales la gravedad de lo que se avecina, tanto más probable será que caigamos en una trampa de elevada deuda y de estancamiento.