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Crónicas Levantistas

Juan Manuel Marqués Perales

jmmarques@diariodecadiz.com

Indulto y sentencia

La ministra de Justicia, Pilar Llop.

La ministra de Justicia, Pilar Llop. / EFE

LA ministra de Justicia, Pilar Llop, abunda en una confusión: la crítica a la sentencia de los ERE no puede ser un argumento empleado para conceder el indulto a José Antonio Griñán y otros altos cargos de la Junta. Porque la medida de gracia no se concibe como una enmienda al proceder de los tribunales, sino un instrumento de alivio para el penado cuando medien determinadas circunstancias. En el caso de Griñán, por ejemplo, su avanzada edad y el sostenimiento que él hace de su familia. En otras ocasiones, las causas esgrimidas han sido las políticas, como el indulto a los presos del Procés, que se concibieron como un modo de apaciguamiento para la sociedad catalana.

El indulto es una decisión argumentada del Ejecutivo en la que pesarán razones políticas. También, electorales

O la razón de Estado, que es la que empleó José María Aznar para sacar de prisión a los ex altos cargos socialista de Interior José Barrionuevo y Rafael Vera. Fue la misma sala del Supremo que los condenó la que solicitó el indulto y lo que se esgrimió, entonces, fue la recuperación del consenso en materia antiterrorista.

Durante un debate este martes en el Senado, Pilar Llop respondió a Elías Bendodo que la reciente sentencia del Tribunal Supremo está siendo cuestionada por “la doctrina penal” y, para ello, citó una tribuna publicada en este diario. La contradictoria sentencia de los ERE, que firma Gonzalo Quintero Olivares. Se trata de un texto de un catedrático de Derecho Penal que anticipa las razones del voto particular a la sentencia del Supremo, donde se defiende que la ausencia de pruebas para la condena por malversación se suple por un conjunto de suposiciones o, como lo expresan las magistradas discrepantes, con un “salto al vacío”.

Será, finalmente, el Tribunal Constitucional el que resuelva los futuros recursos de amparo de los condenados, pero lo que corresponde a Pilar Llop no es esa discusión, sino la de analizar, una a una, las peticiones de indultos. Son dos asuntos muy diferentes. El primero, de resolverse a favor de los penados, sí supondría un revés a la sala del Supremo. Y grave. Todo el caso ERE se resentiría.

Lo segundo, no; el indulto es una decisión del Ejecutivo en la que pesarán razones de interés político. También electorales. La encuesta de DYM publicada el miércoles en este diario indica que, incluso entre los votantes socialistas, el rechazo a este indulto es muy alto, del 62%. Pero las medidas de gracia no se conceden ni por voluntad popular ni por firmas distinguidas.

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