Izquierda Unida y la corrupción

LA coherencia interna en la lucha contra la corrupción y el nuevo liderazgo de José Antonio Maíllo en Izquierda Unida de Andalucía están siendo puestos en entredicho por la organización sevillana de la coalición. Después de conseguir a duras penas que el anterior portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital andaluza, Antonio Rodrigo Torrijos, que fue primer teniente de alcalde durante ocho años, presentara su baja en el partido tras recibir su tercera imputación en otros tantos casos de corrupción, Maíllo tiene que hacer frente al desafío planteado por el consejo local de IU al respaldar plenamente al actual portavoz, José Manuel García, igualmente imputado por presuntos delitos de fraude y cohecho en el marco de la operación Enredadera, que ha sacado a la luz una trama de adjudicación de contratas municipales a la empresa Fitonovo a cambio de comisiones ilícitas. El consejo local, cuyo coordinador es precisamente el propio García, ha argumentado el rechazo al cese de éste en la convicción general sobre su inocencia y su estricto cumplimiento de los principios y valores de la coalición de izquierdas. No obstante, tanto en el código ético de Izquierda Unida como en sus estatutos se establece claramente que cualquier cargo público incurso en una imputación delictiva debe quedar apartado de la coalición sin que valgan las apelaciones a la presunción de inocencia que, por otra parte, no ha sido nunca obstáculo para que los dirigentes de IU hayan exigido la dimisión de cargos públicos de otros partidos implicados en casos de corrupción. Esta doble vara de medir las corruptelas en función de si los supuestos corruptos son compañeros de filas o adversarios -habitual también, desgraciadamente, en otras formaciones políticas- es lo que más perjudica la credibilidad de los partidos y quita valor a sus iniciativas y medidas de regeneración democrática. En este caso es evidente que la coherencia de IU está del lado de su coordinador regional, José Antonio Maíllo, y en contra de la postura defensiva de los líderes locales de Sevilla, procedentes en buena parte de las Juventudes Comunistas y, en teoría, acostumbrados a la obediencia de los órganos internos inferiores a las directrices de los órganos superiores. En realidad, el propio José Manuel García tendría que haber adoptado personalmente la decisión de abandonar su cargo de portavoz, algo menos traumático que la renuncia a la militancia a que ha sido obligado su antecesor, Torrijos, probablemente porque carece de los apoyos internos que sostienen a García. Sería una muestra de coherencia, esa virtud sin cuyo ejercicio la ostentación de lucha intransigente contra la corrupción queda vacía y sin sentido.