SOMOS expertos en nudos. La política española tiene la rara habilidad de enredar más los cabos en vez de desanudarlos. El pulso que mantiene el poder político progresista (PSOE y UP) con los jueces conservadores bajo la influencia de la calle Génova desde el comienzo de la legislatura ha estallado esta semana dejando un montón de cascotes inservibles y difíciles de recomponer. Las consecuencias del atrincheramiento de un grupo de jueces conservadores y elegidos por el PP en un poder judicial cuyo mandato caducó hace cuatro años no podía acabar bien. El filibusterismo de estos jueces para propiciar el segundo bloqueo –la elección de dos miembros del Tribunal Constitucional– sólo agravaba la cuestión. El acto de rebeldía que supuso que los magistrados rebeldes ignoraran el plazo legal para elegir a los miembros del tribunal de garantías suponía una declaración de guerra abierta. Nudos que hacen más nudos.

Contra su propia independencia

Fue una malísima noticia que el PP se asustara ante las advertencias de su ejército de papel y diera marcha atrás en el último minuto en el pacto de renovación del CGPJ, el gobierno de los jueces, el que nombra a otros jueces y renuevan un TC que se pronunciará sobre leyes sociales de calado, algo que el PP parece temer. De otra forma es difícil explicar tanto entusiasmo en esta celada. La responsabilidad de lo ocurrido está en ese bando. Sin ambages. Es sencillo: el PP está tratando que el Constitucional, inédita y peligrosamente, frene reformas legales en trámite en vez de someterlas a su escrutinio una vez aprobadas, que es a lo que se dedica. Sorprende tanto que un grupo parlamentario sea partidario de autoarrebatarse competencias e independencia como que el TC considere hacerlo, algo no descartado hasta mañana. Este cuestionamiento al funcionamiento del sistema constitucional conocido hasta ahora es la demostración de que el PP ignora dónde están los límites y dónde se cruzan las líneas que llevan al límite al sistema.

Crisis inflamada

La actuación del PP, de la mano de Vox, no oculta que el gobierno ha contribuido a inflamar la crisis tratando de desenredar uno de los nudos troncales. Quizás no había otro camino y hay que preguntarse qué ha de hacer un gobierno y un parlamento ante el bloqueo de la renovación de uno de los órganos judiciales por el principal partido de la oposición en comandita con un grupo de puñetas en osada rebeldía. Políticamente tiene lógica y legitimidad que el legislativo legisle utilizando su mayoría parlamentaria para modificar leyes. Pero políticamente han asumido mucho riesgo metiendo en el mismo saco de la reforma del Código Penal la desaparición del delito de sedición, la rebaja sustancial del de malversación y la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial mediante una enmienda con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ pueda elegir a los dos miembros del TC así como para eliminar el plácet que hasta hoy tiene que conceder el TC para validar a los miembros elegidos por el Consejo. Es un galimatías, sí, pero lo que se dirime sólo es poder. El control del órgano de los jueces integrado por jueces cuya independencia se ignora. Y lo que se oculta –aunque ya no– es el intento de controlar la justicia para favorecer determinadas decisiones políticas, económicas y sociales. La razón asiste al PSOE toda vez que el CGPJ lleva cuatro años con su mandato vencido, el mismo tiempo que lleva el PP incumpliendo la ley. Pero tratar de resolver el asunto por el procedimiento de urgencia, sin informes consultivos y evitando el trámite y las enmiendas a un proyecto de ley puede ser legal pero también es una declaración de intenciones que hurta el debate sereno y a fondo sobre los delitos modificados y la renovación del órgano judicial.

Gobierno ilegítimo, okupa de la Moncloa, terroristas aliados…¡crash¡

El PP, que siempre se pasa de frenada. Ha reaccionado tratando de impedir una votación parlamentaria. Hay que leerlo dos veces. Lo ha hecho recurriendo al TC tratando de evitar que en la cámara que en la que reside la soberanía nacional –que no es solo un concepto festivo para repetir con solemnidad impostada y el cuello almidonado los seis de diciembre– se arbitre el juego de mayorías y minorías en función de la representación popular de cada uno y los pactos políticos alcanzados. Y pretende que lo haga el TC adoptando medidas cautelarísimas, o lo que es lo mismo negando incluso a la parte afectada el derecho a ser escuchada por el tribunal. Cuando se empieza una legislatura calificando al gobierno de ilegítimo nada puede acabar bien. La palabra pronunciada por los diputados no es baladí. El lenguaje siempre preconfigura la realidad y la opinión publicada, que a su vez performa el debate en la sociedad. El comienzo de la legislatura ya anunciaba este final. Todo ha ido a peor. Daba igual lo que ocurriera, este era en origen un gobierno usurpador de las instituciones; su desempeño, ilegítimo; sus coaligados, un peligro para España; los partidos que lo apoyan en el Parlamento, ilegales pese que su participación en política viene regida por la Ley de partidos impulsada por el PP; y el presidente simple y llanamente un okupa en La Moncloa. Esa ha sido la tesis y la estrategia desde el minuto uno. Ahora que embocamos el último año de legislatura la mezcla de ficción –la legitimidad del Gobierno– con la realidad –el indeseable apoyo en ERC y Bildu por legales que sean– han construido un relato terrible y con un final apocalíptico.

Catástrofes institucionales

El jueves nos dejó una larga lista de catástrofes institucionales. Una reforma legal aprobada por los diputados pero pendiente de que mañana el TC decida si la descarrila antes de su aprobación definitiva en el Senado el próximo jueves. Jueces que pueden pronunciarse sobre una norma que a ellos mismos les afecta, una reforma legal relevante sacada a toda prisa y vinculada a los pactos con ERC, dudas de expertos sobre si la reforma aprobada es “homogénea” porque los aspectos que afectan al TC se han metido de tapadillo en la que modifica el Código Penal. Y nos queda un reguero de aguas sucias: comparaciones con el golpe de Estado de Tejero, apelaciones a 1936, secuestro de la democracia, comparativas insostenibles con el procés y otras baratijas incendiarias. La política española es hoy un desastre. Nadie tiene motivos para estar orgulloso aunque las responsabilidades no sean simétricas si queremos distinguir las causas de las consecuencias. Esta traca final, que terminará beneficiando a Vox más que al PP, se podía haber evitado en buena parte si los populares hubieran aceptado el resultado electoral y hubieran asumido sus obligaciones constitucionales en vez de envalentonar a unos jueces a los que, paradójicamente, quiere confiar la elección de los otros jueces. ¿Qué jueces son más fiables que los diputados elegidos por los ciudadanos? ¿Los que han convertido el Consejo en una trinchera? ¿Los que desobedecen las leyes?El fin de la inocenciaSi mañana el TC decide parar la reforma la crisis institucional será aún más grave y la colisión entre los poderes del Estado, casi irreversible. Y el control del tribunal será aún más relevante. Togas azules contra togas rojas. Si las togas azules, que son mayoría salvo que se saque de la ecuación a dos de quienes son jueces y partes – el presidente y otro vocal más del bando conservador– porque su propia decisión les afectaría directamente, se imponen a las togas rojas, que de momento son minoría salvo que la reforma prospere y se desbloquee la renovación del TC sin el sistema de tres quintos, estaremos en un punto desconocido de nuestra democracia. Sabremos, al fin, los españoles, que controlar el tribunal fundamental también sirve para controlar al Parlamento bajo un prisma ideológico y con el servomando de un partido político. El comienzo de un periodo democrático con nuevas reglas y hábitos. Y el fin definitivo de cualquier inocencia ciudadana.