El ministro de Fomento, en una entrevista de La Vanguardia donde le preguntaron por el indulto a los presos independentistas, respondió: "El gobierno tiene la obligación legal de tramitarlos y la obligación moral de aliviar tensiones que pueden dañar la convivencia".

Tiene razón José Luis Ábalos cuando explica que el Gobierno es la institución que tramita los indultos, pero pierde el norte cuando menciona el indulto como una obligación moral para aliviar tensiones que dañan la convivencia. Pierde el norte porque nadie, nunca, en la España democrática, ha dañado más la convivencia que el Gobierno del que forma parte José Luis Ábalos. La ha dañado más que los hombres y mujeres a los que pretende indultar, porque les ha dado las alas políticas que necesitaban para alentar sus afanes independentistas hasta el punto de rozar el golpismo, no ha actuado con la necesaria contundencia para impedir la discriminación social y las agresiones físicas a quienes no pensaban como ellos, en la confrontación abierta el Gobierno se ha colocado siempre al lado de quienes no defendían la ley y la Constitución y, a cambio de apoyo parlamentario, ha hecho concesiones que son un agravio para otras comunidades.

La vicepresidenta primera, que a pesar de ser primera se deja comer el terreno por el vicepresidente segundo, ha dado otra vuelta de tuerca al más que probable indulto poniendo en cuestión el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Carmen Calvo estudió Derecho, pero el Derecho de las líneas torcidas. Los fiscales han trabajado con criterios profesionales y concluyen que los inductores del referéndum ilegal del 1 de octubre, condenados por el Tribunal Supremo por sedición, no son merecedores de indulto.

Con este Gobierno sale barato incumplir la Ley y despreciar la Constitución, se tira de indultos y punto. O se blanquea a través de pactos a los que apoyaron el terrorismo y punto. Al mismo tiempo, a la oposición actual se la pone contra las cuerdas creando comisiones parlamentarias para investigar los delitos, o presuntos delitos, cometidos por compañeros de partido de años anteriores que ya no están en activo. Y más a más, se desprecia a los medios de comunicación que publican delitos, o presuntos delitos, de dirigentes de Podemos. No se hace caso, y punto. Dirigentes de Podemos que se sientan en el Consejo de Ministros acusan a otros de privilegios, pero echan mano de su aforamiento para no ser investigados por la Justicia. Todo sea por "aliviar tensiones que pueden dañar la convivencia". Lo que hay que oír.