LAS campañas electorales cada vez empiezan con mayor antelación, por lo que las iniciativas político económicas de mayor calado mediático vienen crecientemente condicionadas por la competencia electoral. En esta ocasión las elecciones podrían verse muy afectadas por la situación económica, pues después de una década de expansión, la previsible desaceleración podría influir en los resultados dependiendo de su intensidad, de los efectos en el empleo y de cuando se haga claramente perceptible por los ciudadanos.

Es por ello comprensible que el Gobierno trate de frenar (o aplazar) la desaceleración con las armas de política económica que tiene a su alcance. Así se pueden comprender algunas de las iniciativas puestas en marcha o anunciadas por el Gobierno de la nación (2.500 euros por nacimiento o adopción, deducciones al alquiler de vivienda, aumento de la inversión pública, atención bucodental en la sanidad pública para jóvenes, elevación del salario mínimo,ý), que tienen impacto social y que pueden frenar la desaceleración del sector de la construcción y estimular la demanda, y todo ello en el marco de un proyecto de presupuesto expansivo para 2008 (6,7 por ciento de crecimiento).

También en Andalucía proliferan las medidas y promesas que se traducirán en aumentos del gasto público: la encomiable diligencia en la aplicación de la Ley de Dependencia, los 6.000 euros para los estudiantes para que no abandonen los estudios, el aumento de los ingresos mínimos de los empleados públicos, el aumento del complemento a las pensiones no contributivas en un 6 por ciento y las asistenciales en un 12 por ciento, o el radical cambio de política en relación con el sector inmobiliario (desde el freno implícito a la construcción en el denostado POTA hasta el lanzamiento del Pacto por la Vivienda)ý son iniciativas de la Junta de Andalucía que, además de atender (discutibles) prioridades sociales, tratan de animar la actividad económica, con efectos singulares en la construcción y el consumo. Y para todo ello también se formula un Presupuesto para 2008 con un aumento del gasto del 9,5 por ciento.

Consciente de su desventaja electoral, el Partido Popular ha irrumpido en la subasta electoral con una potente oferta fiscal: eximir del pago del IRPF a los trabajadores y pensionistas que ganen menos de 16.000 euros al año, reducir el tipo máximo del IRPF al 40 por ciento y el del impuesto de sociedades al 20 por ciento, a lo que se ha sumado la promesa de aumentar las pensiones mínimas de viudedad y de jubilación para mayores de 65 años en 150 euros al mes. La oferta del PP de eximir el pago del IRPF a los que ingresen menos de 16.000 euros fue criticada por el PSOE, pero tres días más tarde abrió la puerta a nuevas reformas fiscales en la próxima legislatura y, dos semanas después, Zapatero anunció que suprimirá el Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que, de continuar la puja fiscal, nos encontraremos en marzo con cambios notables en el sistema tributario español sin un análisis suficientemente sosegado de sus implicaciones.

Haciendo abstracción de las motivaciones electorales de estas propuestas, podría argumentarse su oportunidad como políticas anticíclicas, es decir, para contrarrestar los efectos de la desaceleración del consumo y la contracción del mercado inmobiliario. Pero plantean dudas razonables. La primera porque los escenarios económicos de los proyectos presupuestarios para 2008 (crecimiento del PIB del 3,3 por ciento en España y el 3,4 en Andalucía) son muy optimistas, por lo que los ingresos impositivos serán probablemente inferiores y pondrían en riesgo el superávit presupuestario, cuando hemos de enfrentarnos a retos de gasto futuro elevados: el desarrollo de la Ley de Dependencia, la inversión en educación e infraestructuras y un sistema de pensiones que tendrá que soportar un creciente envejecimiento y que no podrá contar en el futuro con un aumento de las contribuciones como en los últimos años por la muy probable desaceleración del empleo.

En segundo lugar, porque las medidas propuestas insisten en activar el consumo y la construcción, los dos factores que han sido los protagonistas del ciclo expansivo agotado, y que han conducido a un patrón de crecimiento con serias restricciones (baja productividad, baja capitalización productiva, limitada innovación, elevado endeudamiento, elevadísimo déficit exterior, insatisfactoria cualificación del capital humanoý).

Y, en tercer lugar, porque el aumento del gasto público incentivaría las tensiones inflacionistas, pudiendo acentuar el diferencial de precios con nuestro entorno y la pérdida de competitividad.

Parece más razonable aprovechar la desaceleración del consumo para reequilibrar la contribución de la demanda externa al crecimiento en un marco de estabilidad macroeconómica y activar la competencia en los mercados de bienes, servicios y factores para que se adapten con mayor agilidad a los nuevos escenarios, pero las exigencias político-electorales son las determinantes.