SEGÚN los Servicios Públicos de Empleo, el número de parados aumentó en 68.000 durante el mes de febrero en toda España, hasta alcanzar los 4,3 millones. Andalucía, que es, después de Canarias, la segunda comunidad donde más se acusa el problema, se sitúa a la cabeza del aumento con 14.000 nuevos parados. Un mal dato que se añade al de la EPA de 2010 que, con 93.000 nuevos parados en Andalucía, hace que se desvanezca el espejismo de una próxima recuperación cuyos principales fundamentos eran la confianza en el efecto locomotora de las economías centroeuropeas y el convencimiento de que el deterioro es tan acusado que el margen de empeoramiento tiene que estar forzosamente agotado.

La realidad del mercado de trabajo andaluz ha sido cuidadosamente diseccionada por la Cátedra BBVA de la Universidad Pablo de Olavide con datos de la EPA de 2010. Como es habitual, la vertiente más dramática es el ensañamiento del desempleo con los más desprotegidos. Inmigrantes, trabajadores temporales, parados de larga duración, los niveles educativos inferiores y los jóvenes en general son los más duramente golpeados, provocando que el problema adquiera tintes de fractura social. Entre los colectivos más perjudicados están los parados de larga duración, que ya supera la cifra de 500.000 y representa el 45% del total, y los trabajadores temporales y los autónomos, cuyo volumen ha descendido en casi 400.000 efectivos desde finales de 2007, es decir, en una cantidad superior a los 372.000 mil empleos destruidos en el conjunto de la economía andaluza desde que comenzó la crisis. Si a lo anterior se añade que la probabilidad de encontrar empleo baja significativamente a medida que se reduce el nivel formativo de los trabajadores, especialmente entre los parados de larga duración, se entiende la preocupación por el riesgo de fractura social en Andalucía. Sobre todo si a los datos anteriores se añaden los de paro juvenil, con el 41% de los activos con menos de 30 años en el desempleo, y sus implicaciones en materia de equidad intergeneracional. Es comprensible que los jóvenes que se han incorporado al mercado de trabajo durante la pasada década o los que van a hacerlo durante la presente denuncien el fracaso escolar y las deficiencias del sistema educativo, o los recortes en la inversión pública, el deterioro del medio ambiente y del paisaje o los problemas de déficit fiscal, de endeudamiento y de solvencia financiera del sector público, aunque también se comprende que en una coyuntura como la actual las administraciones decidan intervenir en favor de los más necesitados, incluso comprometiendo recursos de generaciones futuras.

Lo relevante, en cualquier caso, es que el desarraigo y el rechazo social a partidos políticos, sindicatos, bancos, medios de comunicación, etc., constituyen una seria advertencia de cansancio institucional, cuyas consecuencias podrían ir desde una punta a otra del espectro de la reacción ciudadana, es decir, desde una creciente movilización reivindicativa por parte de los más perjudicados, al desinterés por la participación democrática en las instituciones, fruto de la fatiga y la decepción.