La gravedad de la afirmación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro, en Bruselas", no queda aminorada por que sus palabras fuesen pronunciadas -en una entrevista en el diario Ara- en plena campaña electoral autonómica catalana, por más que desde el Ejecutivo se haya intentado justificar en ese contexto por parte de su portavoz, la ministra sevillana María Jesús Montero. Máxime, porque Iglesias hizo esa vinculación entre calidad democrática y condenas a políticos que han delinquido, como sentenció el Tribunal Supremo, enfatizando su condición de integrante de Gabinete de Pedro Sánchez.

Su afirmación no sólo es falaz -España es uno de los 23 países que la clasificación que anualmente realiza The Economist considera democracias plenas, por delante de naciones como Francia, Estados Unidos o Italia- (algo que tuvieron que recordarle varios ministros, con papel destacado de la titular de Exteriores, Arancha González Laya), sino que es una prueba inequívoca de su concepto de lealtad al Gobierno que pertenece.

Sus malintencionadas consideraciones adquieren mayor gravedad porque no sólo se hacen para apuntalar el falso calificativo de presos políticos, que tanto gusta al independentismo catalán y usa frecuentemente la dirigencia de Podemos, sino porque se produce en pleno pulso con Rusia, que trató de comparar un encarcelamiento sentenciado con todas las garantías con su persecución al opositor Alexei Nalvani.

Su deslealtad es plena. ¿O qué vicepresidente de Gobierno democrático habla así de su propio país? Deslealtad con los españoles, en primer lugar. Con las generaciones que lucharon contra la dictadura militar de Franco e implantaron con renuncias y generosidad el sistema constituicional que ha procurado la mayor estabilidad y prosperidad en la Historia de España. Pero sobre todo, deslealtad plena hacia el presidente del Gobierno con el que ha pactado y que le mantiene, pese a su actitud de permanente deslegetimación del orden constitucional, como vicepresidente del poder Ejecutivo.

En realidad, ésa es la gran anormalidad: que un vicepresidente que hace afirmaciones como las de Iglesias no sea destituido. Pedro Sánchez, cortoplacista contumaz, parece no darse cuenta que no sólo trata de deslegitimar al sistema, sino al propio Ejecutivo que él preside y al partido con el que está coaligado y él dirige, el PSOE, porque Iglesias se cree falsamente único garante de los valores progresistas.