LOS males de la economía española no se resolverán si no mejora su capacidad competitiva. Esa mejora ha estado asociada durante demasiados años a la abundancia de infraestructuras físicas. Las grandes obras realizadas durante los últimos 25 años han resuelto la práctica totalidad de los cuellos de botella que generaban elevados costes a la actividad productiva.

De las infraestructuras físicas, se ha pasado a prestar atención a las reformas estructurales. Entre estas, la reforma del mercado de trabajo es a la que mayor atención se le ha dedicado.

Pero hay otras reformas que se pueden realizar para mejorar nuestra competitividad, sin que comporten costes públicos o privados. Las reformas que España necesita no son sólo de carácter fiscal y a corto plazo. Hay muchas otras de distinta naturaleza, que afectan tanto al sector público como al privado, y que son relevantes para la salir fortalecidos de la crisis y mejorar las posibilidades de crecimiento a medio plazo.

Además de mejorar las habilidades de los alumnos de secundaria en matemáticas, lengua e inglés, sin costes adicionales, existen otros ámbitos de reformas institucionales que pueden mejorar sustancialmente nuestra capacidad para competir y crear empleo.

En el análisis realizado por el World Economic Forum sobre la calidad y eficacia del gasto público, España aparece en la posición 110 de 142 países a nivel mundial. La carga burocrática que soportan ciudadanos y empresas -permisos, solicitudes, aprobaciones- nos sitúan en una posición similar.

Una noticia reciente aparecida en Diario de Sevilla el pasado 13 de julio, nos ayuda a entender esa posición, a propósito de un nuevo centro de Ikea. "…ahora el Ayuntamiento solicitará informes a sectoriales a la Dirección General de Carreteras de la Junta, la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental y la Dirección General de Aviación Civil, dependientes del Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento y Vivienda, la Consejería de Turismo y Comercio, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si éstos son favorables, debe solicitarse informe a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de la que dependen las competencias de ordenación urbanística. Además, la aprobación definitiva quedará condicionada a que la compañía suministradora de energía eléctrica garantice la dotación del sector, a la redacción previa del proyecto de construcción de la ronda SE-35 en su tramo... y a las infraestructuras ferroviarias".

No se trata de proponer la inhibición del Estado en la actividad regulatoria, pero esta complejidad administrativa no contribuye a generar crecimiento y crear empleo. Simplemente, aumenta los costes de transacción de la actividad, a través de departamentos jurídicos desproporcionados.

La complejidad jurídica regulatoria se manifiesta también en otros aspectos. Durante años, hemos oído de la denominada ventanilla única para los negocios. Después de tantos años hablando, no parece que se hayan realizado grandes progresos. El número de procedimientos administrativos necesarios para crear un negocio se eleva a 10, prácticamente el doble que los países de nuestro entorno, y el número de días que transcurren se eleva a 28, frente a 6 en Italia, 5 en Portugal ó 13 en el Reino Unido. Globalmente, España se encuentra en el puesto 133 en cuanto al grado de dificultad jurídica para abrir un negocio.

Incluso en sectores en donde se supone deberíamos tener una gran ventaja comparativa -por nuestra intensa especialización- como es la construcción, aparecemos en el puesto 38 en el ranking mundial, superando en coste y número de días necesarios para obtener la aprobación a países en donde el sector pesa mucho menos que en el nuestro.

En otra esfera de la actividad económica, pero dentro del ámbito de actuación del sector público, el cumplimiento de los contratos ofrece también un gran margen de mejora cuando comparamos nuestro país con los del entorno. El número de procedimientos, el tiempo y los costes necesarios para interponer una demanda judicial, el propio proceso judicial y el cumplimiento de las sentencias, nos sitúan en posiciones muy alejadas de las que nos corresponden por el nivel de desarrollo.

No es ningún consuelo constatar que la situación de Italia, en este orden de cosas, sea, sencillamente, catastrófica: ocupa el lugar 158 frente al 54 que corresponde a nuestro país. Los mejor posicionados, sistemáticamente, son los países con tradición de la common law anglosajona. Pero también en países que están fuera del ámbito jurídico estrictamente anglosajón, como Alemania o Suiza, los contratos se cumplen mucho más eficientemente que en España. Incluso Portugal lo hace mejor.

La medición de la capacidad competitiva de un país, exige un análisis en múltiples dimensiones que, en función del grado de desarrollo, comprende requerimientos básicos en el ámbito de las instituciones, las infraestructuras, la sanidad o la educación, así como los elementos que amplían y mejoran la eficiencia en el uso de los recursos y, para las áreas más avanzadas, el grado de innovación y sofisticación de los factores productivos, tanto del capital como del empleo.

Las posibilidades de mejora de esa capacidad competitiva son enormes desde el ámbito de las políticas públicas. Hemos expuestos sólo algunos ejemplos utilizando las mejores prácticas y observando la experiencia comparada que ofrece avances incontestables.

El Gobierno central, y los autonómicos y locales, deberían conocer todos esos avances y tener la voluntad de aprovecharlos. El mensaje que el gobierno de Rajoy está repitiendo desde las últimas medidas fiscales adoptadas de que "más, no podemos hacer", es equivocado. Las posibilidades son inmensas.