SICAB fue en noviembre el escaraparate de los caballos de pura raza española, y sobre todo la pasarela de sus dueños, unos verdaderamente camperos y otros de finca como relumbrón del éxito social. Pero el colofón a la feria más potente de Fibes, con una lucha muy personal por conseguir los premios del Sicab, dio paso a una estampida en el sector de la cría caballar que ha descabalgado al presidente de la asociación, José Palma, quien se resiste a ceder el cargo, da por nulas las actas en las que pierde el poder, y convoca elecciones para el 8 de marzo. Un culebrón en el que está en juego que desde Sevilla se coordine o se pierda el control mundial de la pura raza española, cuya crianza mueve 90 millones de euros al año.

Los foros ecuestres en internet son un hervidero de comentarios sobre si Palma dimitía, lo echaban o ganaba el pulso. Las riendas han pasado a manos de Javier Conde Cerrato, hasta ahora miembro de la directiva de Ancce. El detonante es que su junta directiva obligó a Palma a admitir que estaba a sueldo del empresario inmobiliario Luis Castel, propietario de la Yeguada Torreluna. Castel es más conocido por la opinión pública a raíz de sondear a Lopera para traspasarle el poder accionarial en el Betis.

En las actas se detalla que Palma tenía relación económica con Castel desde antes de esta edición de Sicab, habiendo percibido 48.000 euros por gestiones y asesoramiento profesional. Y, además, había negociado cobrar de Castel 4.000 euros mensuales para ser su asesor en un proyecto ecuestre.

Alguna autoridad debería analizar si se gestiona bien desde Ancce el libro genealógico del pura raza, hasta este año en manos del Ministerio de Defensa. No es un tema baladí porque, a la vista de la crisis desatada, hay importantes personajes del sector ecuestre en Estados Unidos que abogan públicamente por gestionar a su libre albedrío el linaje de sus caballos sin tener en cuenta a España.