EL ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, inauguró hace unos días en la ciudad hispalense la nueva comisaría de la Policía Nacional en Sevilla Este. El acto, en el que estuvo acompañado por responsables de todas las administraciones, parecía querer escenificar el compromiso de su departamento con Sevilla en tiempos de crisis. Mera apariencia. En realidad, este nuevo equipamiento público, que domicilia al cuerpo estatal de seguridad de forma permanente en uno de los barrios más poblados de la ciudad, lo ha pagado el Ayuntamiento, que fue quien suministró a Interior los fondos necesarios para renovar la red de comisarías. Para entenderlo hay que analizar el convenio urbanístico que hace un lustro firmó el alcalde con el entonces ministro, José Antonio Alonso. Dicho acuerdo, que tuvo réplicas con la Consejería de Salud y el Ejército, arroja transcurrido el tiempo un saldo agridulce. Fundamentalmente porque certifica el incumplimiento de Interior con la ciudad. En virtud de dicho concierto, el Consistorio pagó al Estado más de12 millones de euros por la antigua comisaría de la Gavidia, cuyo estado de conservación desde entonces sigue siendo lamentable, y cedió una serie de solares urbanos. La tasación de la Gavidia fue además 'inflada' artificialmente para justificar una operación por la cual el Ayuntamiento entregaba a fondo perdido a Interior unas plusvalías urbanísticas que el Gobierno central pensaba devolver en forma de nuevas comisarías. Tras cinco años de espera, la ciudad, que asumió indirectamente y por tanto pagó con sus recursos una competencia de estricto ámbito estatal, sólo ha visto abierta la comisaría de Sevilla Este. La de la Macarena está en obras. Y el resto (Nervión, Polígono Sur y Bermejales), en fase de proyecto o sin empezar. Su necesaria licitación, dados los tiempos de recortes en la inversión pública que corren, se antoja bastante difícil. Por no decir totalmente incierta. ¿Devolverá el Gobierno a Sevilla las plusvalías urbanísticas entregadas en su día? Interior ni siquiera ha hecho el intento. Su incumplimiento es el resultado de la falta de peso político de Sevilla y del singular estilo de negociar de Monteseirín, principal valedor de un acuerdo que ha terminado costándole el dinero a los sevillanos.