La gestión de la pandemia en España no deja en buen lugar al Gobierno del Reino. Antes al contrario, su imprevisión e improvisación en los estertores del último invierno provocaron una luctuosa primavera -con decenas de miles de muertos que ni siquiera ha contabilizado con rigor- y una recesión autoinfligida al verse obligado a paralizar la economía y confinar a todo un país porque no se tenían ni los medios ni la capacidad de parar al coronavirus de otra forma.

Dentro del Gobierno son muy conscientes de ello y por ello, en cuanto acabó la desescalada, que no el riesgo sanitario, Pedro Sánchez y el Ejecutivo hicieron lo que Poncio Pilatos: lavarse las manos para culpar a otro. En este caso a las autonomías. Repartir la culpa para aminorar la propia.

La curva de contagios no para de crecer desde que se levantaron las restricciones a la movilidad de los ciudadanos. Porque el Covid es un patógeno muy contagioso -con varias cepas, además- y que no se detecta si no hay síntomas; y cuando los hay, se detecta tras un periodo de 10 a 14 días en los que se ha seguido contagiando.

Y el Gobierno de España, en vez de actuar, se pone estupendo en la defensa de la cogobernanza, la misma que despreció mientras declaró el estado de alarma.

Ahora ofrece esa figura para que la pidan las autonomías que crean necesario el uso de esa figura jurídica para aplicar medidas y restringir derechos. La fórmula que se ofrece es tramposa. Que el presidente de la autonomía la pida en el Congreso con el apoyo del Gobierno.

La declaración del estado de alarma, sea parcial o total, corresponde a las instituciones del Estado. Existe una ley orgánica para ello y a quien faculta es al Gobierno del Reino. Sánchez sólo escurre su responsabilidad tras el parapeto de las competencias. Repartir culpas. Demostrar que si él lo hizo mal, los demás también.

Quizás la pandemia sirva para que, de una vez por todas, nos demos cuenta de que descentralizar no puede ser dividir para generar el caos. Que el Estado tiene que ejercer competencias que garanticen la igualdad real. No puede haber 17 catálogos de servicios sanitarios, ni 17 modelos educativos. No se trata de recentralizar, sino de preservar cuestiones básicas bajo la tutela del Estado y descentralizar las que tienen sentido que se gestionen en proximidad. Creo firmemente en el modelo constitucional de autogobierno, pero si genera desgobierno urge ajustarlo y corregirlo.