Desde Alfredo Sánchez Monteseirín a Antonio Muñoz, todos los alcaldes que han pasado por la Plaza Nueva han puesto encima de la mesa la necesidad de que Sevilla cuente con un estatuto de capitalidad que la compense por los gastos asociados que conlleva ser la sede administrativa de las instituciones autonómicas. Los sucesivos intentos se han estrellado en el fracaso más absoluto y el que ahora ha puesto en marcha Muñoz, con el apoyo unánime de la Corporación municipal, desde Podemos a Vox pasando por el PP, corre un serio riesgo de terminar igual. En España, normas que reconocen el carácter especial de la capital la tienen, como es lógico, las grandes aglomeraciones urbanas de Madrid y Barcelona. Pero no sólo. Por ejemplo, desde 2015, Logroño cuenta con una ley específica que le confiere condiciones especiales de financiación en su condición de capital de la comunidad uniprovincial de La Rioja. Y aunque esté feo señalar, comparen, en la dimensión que quieran, a Andalucía con esa comunidad o a Sevilla con Logroño.

Pero Andalucía en esto va a ser diferente. Sevilla no tendrá ese estatuto que pide con insistencia hasta que la Junta y el Gobierno de la nación den luz verde a la medida. Y es difícil que la den porque a diferencia de lo que pasa en el resto del país, con alguna notable excepción, existen rivalidades y agravios provinciales que cuarenta años después de que se constituyese la autonomía todavía perduran si es que no se han hecho más grandes. Cada vez que Sevilla ha levantado la mano para que se le reconozca las circunstancias especiales que confiere la capitalidad, desde Málaga se ha hecho lo propio para decir que no procede. Sus razones tendrán desde la Costa del Sol, y el alcalde Francisco de la Torre las explica con convicción, pero la cosa huele a rivalidad mal entendida, impropia ya de estos tiempos.

Lo que no va a hacer la Junta, y parece que eso entra dentro una elemental lógica política, es poner en marcha una medida que alimente una sensación de agravio en una provincia contra la capital. Y si esa provincia tiene la importancia que, por muchas razones, tiene Málaga en el conjunto de la región mucho menos. De modo que, sin necesidad de hilar muy fino, se puede decir que la petición del alcalde Muñoz tiene escasas posibilidades de prosperar en un corto plazo que se puede medir por años. Lo peor del asunto es que se vuelve a comprobar que Andalucía sigue sumida en el bucle de las estériles rivalidades provinciales que tanto daño le hicieron en el pasado. Mientras no salgamos de ahí la región tendrá un problema de vertebración que la frenará en muchos campos, desde las infraestructuras a las inversiones. Peor para todos.