En la lejana primavera de 1995, cuando aún se vivía la larga resaca posterior a la Expo, se celebró en Berlín la primera cumbre mundial dedicada al cambio climático, cuyos efectos eran ya tan patentes que demandaban una decidida actuación internacional al respecto. Desde entonces hasta hoy, los sevillanos hemos comprobado, año tras año, cómo los veranos son cada vez más largos y la ropa de abrigo pasa más tiempo apolillándose en los armarios. Si a ello añadimos que, en estos veintitrés años, el número de días lectivos en los meses de septiembre y junio se ha ampliado sustancialmente, poco pueden extrañarnos las cada vez más insistentes protestas sobre la atmósfera de insalubridad que se vive en las aulas de colegios e institutos de la ciudad, durante las olas de calor que con más frecuencia se producen en esas fechas. Unas quejas en las que coinciden docentes, estudiantes y familias, mostrando la común preocupación de los distintos sectores de la comunidad educativa sobre este asunto.

Frente a esta realidad, la respuesta de las administraciones públicas ha sido, como suele ser tristemente habitual, dejar pasar el tiempo hasta que la indignación ciudadana ha empezado a desbordarse. Hasta el año pasado, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no ha afrontado el problema, mediante el diseño de un Programa de Climatización Sostenible cuyos efectos tardarán años en notarse en un porcentaje mínimamente representativo de centros educativos de las ocho provincias. Pero no es sólo a los gobernantes autonómicos a los que hay que pedir cuentas por su inacción. En el galimatías de competencias administrativas que rige el sistema educativo andaluz, el mantenimiento de las infraestructuras de los colegios de educación infantil y primaria corresponde a los ayuntamientos y son éstos los encargados de acometer obras menores como las relacionadas con la climatización.

Hablando sobre todas estas cuestiones con un veterano representante en el Consejo Escolar Municipal, éste me reveló que desde hace años las discusiones sobre el insoportable calor en las aulas, en el seno de este órgano de participación, han sido cada vez más habituales. En semejante contexto, las peticiones de las AMPA y de los sindicatos de profesores se han encontrado a menudo con el rechazo de los concejales de Educación, con argumentos de tipo práctico como la imposibilidad de que la obsoleta instalación eléctrica de muchos colegios pueda soportar la potencia necesaria para el funcionamiento del aire acondicionado. Y también con otros, tan peregrinos y políticamente correctos, como que climatizar gradualmente los centros es establecer discriminaciones. En consecuencia, y como es imposible dar solución simultánea al conjunto de los colegios, igualémoslos por abajo y suden todos, niños y maestros, mientras afuera llegamos a los cuarenta a la sombra.